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Fiscales reclaman un criterio técnico en las querellas al Gobierno al margen de Delgado
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Fiscales reclaman un criterio técnico en las querellas al Gobierno al margen de Delgado

Defienden que la postura que se adopte en cada caso debe fijarse de forma consensuada, contando con la opinión mayoritaria de los fiscales con mayor categoría, los de Sala

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)
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Las denuncias y querellas por la gestión frente al covid-19 acabarán en unas semanas en manos de la Fiscalía, que tendrá que pronunciarse sobre si se debe o no investigar la presunta comisión de determinados delitos vinculados a la pandemia que afectan al Gobierno central y los autonómicos. A la espera de que el Tribunal Supremo reclame un posicionamiento al Ministerio Público ante el medio centenar de asuntos que se han ido presentando durante la crisis sanitaria, un sector considera que el criterio que se adopte en cada caso debe fijarse de forma consensuada, contando con la opinión mayoritaria de los fiscales con mayor categoría, los de Sala.

Hasta el momento, el único posicionamiento público del departamento que dirige la exministra de Justicia Dolores Delgado se ha producido en el procedimiento sobre la manifestación del 8 de marzo en Madrid. En aquel caso, el criterio —la petición de archivo de las diligencias en apoyo a la Abogacía del Estado— se acordó entre los fiscales de Madrid responsables de la causa en los juzgados de plaza Castilla y el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas. Distintos fiscales consultados defienden, sin embargo, que esta fórmula no es válida y se debe establecer la postura mediante el común acuerdo de todos. Una forma de actuar consensuada contaría con un indudable respaldo y fuerza y evitaría un menoscabo de la imagen de la institución, que se dañaría si se percibe que se efectúan solicitudes automáticas de archivo de todos los procedimientos que se dirijan contra el Ejecutivo, indican.

Foto: El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, frente al juzgado este miércoles. (EFE)

Los distintos consultados destacan que el mejor modo de unificar este criterio es la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala. Este órgano del Ministerio Fiscal, presidido por la fiscal general, tiene entre sus atribuciones "formar criterios unitarios de interpretación y actuación legal". Puede convocarla la propia Dolores Delgado. De esta forma se sortearía —defienden— que cada fiscal aborde el procedimiento desde una perspectiva individual en un momento en que las querellas a estudiar no se centralizan únicamente en el Supremo sino en todo el territorio nacional. La anterior función de la actual fiscal general pesa también para este sector, que recuerda que su anterior cargo la obliga a abstenerse en aquellos asuntos que afecten al Ejecutivo al que perteneció.

Se trata, explican, de establecer un criterio en el que se oiga a los especialistas, al menos los de Penal para que la respuesta ofrecida sea "rigurosa y técnica". Los asuntos que deben abordar son, además, de especial complejidad y dificultad. Se trata en la mayoría de los casos de negligencias graves que requieren un estudio pormenorizado y un análisis detallado para determinar si tienen fundamento.

Foto: Una joven con mascarilla llora en un homenaje. (EFE)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acumulaba hasta este jueves más de 50 escritos presentados por partidos políticos, asociaciones, familiares de víctimas o particulares contra cargos políticos por la gestión estatal frente a la pandemia. Los denunciados suelen ser coincidentes y entre ellos se encuentran el presidente del Gobierno o el ministro de Sanidad pero también dirigentes autonómicos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso.

Delitos y hechos

Varían, eso sí, los delitos atribuidos por los denunciantes y los hechos que se describen. Algunas de las querellas se centran en la manifestación del Día Internacional de la Mujer y su celebración solo unos días antes de la alarma, otros en la ocultación de información y los contagios generados por carecer de ella. También se ha denunciado el retraso en la compra y distribución de material de protección y sus consecuencias, la opacidad en las compras y las muertes en residencias por la 'selección' de pacientes en las UCI y el rechazo a los ancianos con patologías previas o edades avanzadas.

Con la actividad judicial paralizada y los plazos suspendidos, hasta el momento, la Sala de lo Penal del alto tribunal no se ha pronunciado sobre estas decenas de denuncias y querellas y tampoco ha solicitado al Ministerio Público que le informe sobre su postura frente a las mismas. Los plazos procesales se activaron el pasado 4 de junio y es previsible que ese trámite se lleve a cabo en las próximas semanas.

Las denuncias y querellas por la gestión frente al covid-19 acabarán en unas semanas en manos de la Fiscalía, que tendrá que pronunciarse sobre si se debe o no investigar la presunta comisión de determinados delitos vinculados a la pandemia que afectan al Gobierno central y los autonómicos. A la espera de que el Tribunal Supremo reclame un posicionamiento al Ministerio Público ante el medio centenar de asuntos que se han ido presentando durante la crisis sanitaria, un sector considera que el criterio que se adopte en cada caso debe fijarse de forma consensuada, contando con la opinión mayoritaria de los fiscales con mayor categoría, los de Sala.

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