El Supremo pide al Congreso levantar la inmunidad de Borràs para imputarla

El Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que sigue contra la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs, ha solicitado este viernes un suplicatorio al Congreso, figura con la que el poder judicial pide permiso al legislativo para que levante la inmunidad de un parlamentario contra el que se quiere proceder penalmente. El alto tribunal abrió el pasado diciembre una causa a la diputada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administracion, malversación de caudales públicos y falsedad documental durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El presidente de la Sala II, Manuel Marchena, ha dirigido este viernes un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio a la presidenta del Congreso de los Diputados. La solicitud se apoya en la exposición razonada del instructor, el magistrado de la Sala II Eduardo Porrés, que el pasado 14 de febrero citó Laura Borràs para prestar declaración voluntaria en calidad de investigada en la causa, petición que fue rechazada por la diputada. Una vez que el suplicatorio llega a la Cámara, la Mesa del Congreso lo tiene que remitir a la Comisión del Estatuto de los Diputados que, tras analizarlo, lo elevará al Pleno para que se pronuncie sobre su autorización.

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El procedimiento contra Borràs parte a su vez de la exposición razonada que le remitió al Supremo el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en la que se recogían las cantidades que se embolsó Isaías Herrero, amigo de la diputada, durante más de cuatro años. Como adelantó El Confidencial, los contratos que Borràs adjudicó a su amigo rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 para que no saltaran las alarmas y pasaran desapercibidos.

Para maquillar estas adjudicaciones, el tribunal apunta a que la sociedad APMG&CE, empresa de Andreu Pujol Martin, "consintió que se aportaran presupuestos a su nombre", ocultando así "trabajos que realmente habían sido ejecutados por Isaías Herrero". Como la Generalitat de Cataluña también exigía tres presupuestos antes de la adjudicación, otra maniobra consistió en fabricar los mismos y ponerlos "a nombre de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación".

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Así se refleja en una serie de correos electrónicos enviados por Herrero y Borràs el 18 y 19 de julio de 2015, en los que el primero pregunta si ocurre algo con las facturas y la actual diputada contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una", pero que no sufra porque "el dinero lo tiene reservado y es para esto". En otro de los mensajes que constan en la causa, la líder independentista subraya también "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Estas supuestas prácticas irregulares se tradujeron en que el importe final de los contratos adjudicados "no se correspondía con el precio real del servicio prestado", pues también incluía "la cuantía de gastos variados a los que Herrero debía hacer frente al recurrir a las entidades tras que se ocultaba su identidad". La investigación se extiende así al propio Herrero, "dada la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye y la imputada a la aforada".