Los motivos cambiantes del PP para no renovar instituciones

El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de RTVE son algunas de las instituciones constitucionales que se mantendrán en precario durante años porque Pablo Casado se niega a acordar su renovación. No discrepa de los nombres propuestos, porque ni siquiera quiere escucharlos.

Su tesis es que no se sienta a acordar los nombramientos porque Pedro Sánchez tiene acuerdos con partidos que piden la República y la independencia de Cataluña y que están imputados en procesos judiciales.

Según el Ejecutivo, literalmente toma como rehenes a esas instituciones para provocar el fin del Gobierno de coalición. Pone una condición imposible de cumplir por Sánchez, porque dejaría de ser presidente de Gobierno en breve plazo al quedarse sin apoyos, y consigue mantener las instituciones constitucionales en precario. No hay acuerdo para la renovación porque pone una condición imposible. Y evita el titular "Sánchez y Casado se reparten las instituciones".

Esa posición es cuestionada (en privado) por dirigentes del PP y, especialmente, por barones regionales del partido que gobiernan en sus comunidades y que han impulsado acuerdos con todos los partidos. Su tesis es que las instituciones deberían estar por encima de todo. Sobre Casado han presionado algunos de esos dirigentes, fiscales y jueces, empezando por Carlos Lesmes, para que se proceda a la renovación.

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Sin embargo, este jueves, el flamante portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha incluido un motivo más para rechazar la renovación: el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que sean nombrados mayoritariamente por el Congreso y el Senado y no por los propios jueces.

“Nosotros lo que decimos a Pedro Sánchez es: ‘Vinculemos la renovación a la reforma del sistema de elección que nos parece razonable y por tanto que sean los jueces los que elijan a los miembros del CGPJ”, aseguró Almeida en 'Onda Cero'. Pero la tesis que explicó Casado el miércoles es que, aunque se hiciera ese cambio legal, no podría llegarse al acuerdo porque Sánchez no habría roto con sus socios.

Almeida se refiere a la vieja polémica del ambiguo artículo 122 de la Constitución que señala que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

La ley Orgánica fue cambiada por el Gobierno de Felipe González en los noventa y ha sido discutida de forma intermitente por el PP. De hecho, en todas las renovaciones que se han producido hasta ahora, los populares con José María Aznar y Mariano Rajoy al frente han aceptado la designación parlamentaria.

Y en las dos legislaturas que el PP ha gobernado con mayoría absoluta nunca ha acometido esta reforma legal, pese a tener votos suficientes para aprobarla sin problemas. No aprovechó la reforma profunda del Consejo que impulsó Rajoy para, entre otras cosas, crear vocales a tiempo completo y otros a tiempo parcial. Y el asunto ha ido apareciendo y desapareciendo en sus programas electorales.

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También formó parte del pacto de investidura suscrito en 2016 por Mariano Rajoy y Albert Rivera, pero los populares nunca lo pusieron en marcha. Aquel acuerdo proponía que doce de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueran designados por los propios jueces; el resto, por los grupos parlamentarios. Pero nunca se trasladó a un proyecto de ley del Gobierno del PP.

El propio Casado ha aceptado en una ocasión la renovación parlamentaria y en otra lo ha admitido su partido. En concreto, en noviembre de 2018 Casado, ya líder del PP y de la oposición, cerró un acuerdo con Pedro Sánchez para renovar en el Parlamento el Poder Judicial. Solo la renuncia del candidato a presidente, Manuel Marchena, por un mensaje interno de parlamentarios del PP, abortó el acuerdo rubricado por Casado.

Ahora el PP no tiene previsto impulsar esa reforma legal, por lo que la renovación se mantendrá bloqueada durante mucho tiempo

Y este verano el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López, negociaron un acuerdo que excluía la elección parlamentaria. El Gobierno sí aceptaba crear una comisión que estudiara en el futuro la reforma del sistema de elección. Pero Casado ha frenado este acuerdo. Tan avanzado estaba ese acuerdo que el actual presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, anunció en julio que frenaba las decisiones trascendentes por el relevo inminente. Y tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, la dirección del PP cortó de raíz la posibilidad de un acuerdo al que ella se oponía.

Ahora el PP no tiene previsto impulsar esa reforma legal, por lo que la renovación se mantendrá bloqueada durante mucho tiempo. Aunque, en todo caso, ese sistema de elección solo afecta al CGPJ. Para el resto de instituciones (TC, RTVE y Defensor del Pueblo), el PP se remite a los otros motivos: la monarquía, la independencia y la imputación. Es decir, al hacer un bloque no es posible la renovación de ninguna de ellas, aunque el PP ha insinuado en alguna ocasión que pondría excepción con el Tribunal Constitucional.

De esa forma, el Poder Judicial cumplirá en breve dos años fuera de mandato y Francisco Fernández Marugán acaba de cumplir tres años como Defensor del Pueblo en funciones y le quedan algunos más.

Fuentes del PP aseguran que en 2018, en la anterior legislatura, el Congreso ya rechazó una reforma del sistema de elección, votada con Ciudadanos

En esa situación se pone en entredicho la capacidad y legitimidad de esas instituciones para tomar decisiones en precario. Por ejemplo, la Unión Progresista de Fiscales ha hecho público un comunicado en el que insta, "a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial a que, con base en el principio de lealtad constitucional, adopten como objetivo último y exclusivo de toda su actuación la consecución de un normal desarrollo del proceso de renovación del nuevo CGPJ y limiten su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas, de forma similar a como, respecto de los Gobiernos en funciones, establece la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno”.

Fuentes del PP aseguran que en 2018, en la anterior legislatura, el Congreso ya rechazó una reforma del sistema de elección, votada con Ciudadanos. Y se remiten al último programa electoral del PP que señalaba: “Fortaleceremos la independencia del Poder Judicial. Promoveremos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el sentido originario del artículo 122.3 de la Constitución española”.

El asunto no ha sido siempre claro para otros partidos. Ciudadanos ha ido cambiando de posición desde propuestas como la que convertía el Consejo en una sola persona. O el acuerdo de 2016 con el PSOE que admitía la elección parlamentaria, aunque con modificaciones.

Y Unidas Podemos en su último programa defendía la elección popular de los miembros del CGPJ: “Reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar su independencia a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía. Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial".