Los fiscales instan a renovar ya el CGPJ y el TC: "No hacerlo no es una opción"

La Unión Progresista de Fiscales ha emitido este lunes un comunicado en el que insta a todas las fuerzas parlamentarias para que cumplan con el mandato constitucional de renovación de tres de las más importantes instituciones democráticas: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. "Estos tres órganos constitucionales, que forman parte de la estructura democrática de nuestro país, deben ser renovados sin demora porque ningún poder del estado puede sustraerse al mandato de la ley", aseguran y añaden que no renovar "no es una opción".

El comunicado de la UPF se dicta coincidiendo con la próxima cita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, que tratarán la cuestión. El PP está abierto a impulsar cambios en el Constitucional y el Defensor del Pueblo pero mantiene el bloqueo sobre el CGPJ. El mandato del Consejo venció el 4 de diciembre del 2018 y debe renovarse por mayoría de tres quintos del Congreso.

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La UPF asegura que nuestra democracia "se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras instituciones constitucionales" y, por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan la debilita. "Estamos a la espera de la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial desde el mes de noviembre de 2018 y de la renovación de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional desde el mes de noviembre del año 2019. El cargo del Defensor del Pueblo está vacante desde el mes de julio del año 2017, quedando en funciones el Adjunto Primero de la Defensora anterior", destaca.

El cargo del Defensor del Pueblo está vacante desde el mes de julio del año 2017, quedando en funciones el Adjunto Primero del anterior

Para los fiscales progresistas, los tres órganos no pueden permanecer en esta situación más tiempo, porque la Constitución es clara en cuanto al tiempo que sus miembros pueden desempeñar sus cargos: cinco años. "La no renovación de estos órganos constitucionales no es una opción. Nuestra Constitución obliga a todos los poderes públicos y por tanto al Congreso de las Diputadas y Diputados y al Senado a cumplir con sus obligaciones", dice.

El comunicado añade que considerar que esta obligación pueda ser eludida "por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza" o, incluso que puedan ser utilizados dichos nombramientos "como una moneda de cambio para conseguir otras finalidades", es "una falta de respeto a nuestra Constitución y a la ciudadanía a la que estas Cámaras representan". "La legitimidad de las instituciones está en juego, por eso creemos que el incumplimiento de las leyes que regulan estos órganos constitucionales nos debilita como sociedad y nos coloca fuera del marco constitucional", concluye.