Veinte meses de bloqueo institucional en el CGPJ y el TC que amenazan con prolongarse

El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el resto de organismos pendientes de renovación pueden perpetuar su actual bloqueo a partir del otoño. Pablo Casado desmintió este martes por fuentes oficiales que, como insinuó tras su destitución la portavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo, vaya a producirse un próximo acuerdo con el Ejecutivo respecto al órgano de gobierno de los jueces y el tribunal de garantías. Un no del líder del PP a pactar cambios en ambas instituciones a principios de septiembre enquistaría la actual situación durante varios meses más ante la moción de censura que ha anunciado Vox, las próximas elecciones catalanas y la inestable situación generada por la pandemia.

El CGPJ lleva 20 meses en funciones, mientras que el Constitucional supera ya el año. El primero, presidido en la actualidad por Carlos Lesmes, ha ido durante este periodo haciendo amagos para tratar de mantener una cierta normalidad. Amagos únicamente, ya que el ritmo del avance de las negociaciones, que existen desde antes de verano entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el portavoz de Justicia del PP, Enrique López, ha ido imponiendo acelerones y parones.

Un ejemplo. Hace solo unas semanas, a finales de julio, el pleno del CGPJ acordó retirar del orden del día el debate y votación de los cinco nombramientos discrecionales con los que pretendía cubrir tres plazas de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la de la Audiencia Provincial de Ourense, para dar tiempo a los grupos parlamentarios a renovar el órgano. Lo hizo tras constatar la existencia de negociaciones. En esos días, la última semana de julio, se abrió una primera oportunidad de acuerdo que no llegó a prosperar. Un mes después, puede suceder lo mismo.

Durante los primeros meses en interinidad, sin embargo, los nombramientos continuaron levantando críticas desde determinados sectores que apuntaban a que la actual correlación de fuerzas del órgano no se corresponde con la del arco parlamentario. El CGPJ cuenta ahora con 11 miembros propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU y uno por el PNV. Las conversaciones de las últimas semanas apuntaban a un 10 a 10, con presencia de Podemos y del PNV en la cuota socialista y un pacto de consenso respecto a la presidencia. El parón impuesto por Casado reactivaría, en caso de prolongarse, las designaciones de cargos ahora paralizadas. El CGPJ actúa, además, como órgano consultivo, por lo que cualquier iniciativa legislativa que saque adelante la coalición pasará por sus manos a examen.

Problemas en el Tribunal Constitucional

La renovación del CGPJ y la del TC van de la mano. Congelar la posibilidad de pacto provocará problemas en el tribunal de garantías, donde esperan la evolución del caso abierto tras la detención de uno de los cuatro magistrados que han concluido ya su mandato y se encuentran en funciones, Fernando Valdés. El miembro del Constitucional, designado a propuesta del PSOE, está pendiente de la postura de la Fiscalía del Tribunal Supremo después de que la Guardia Civil le arrestara tras una denuncia por un presunto episodio de violencia de género.

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En caso de que Valdés resultara imputado por estos hechos, y pese a la defensa de su presunción de inocencia que ha realizado el TC tras conocerse lo sucedido, se da por supuesto su cese, con la consiguiente pérdida de un voto en el lado progresista, actualmente ya en minoría. El Constitucional está integrado por 12 miembros que han de ser renovados por terceras partes (cuatro magistrados) cada tres años. En esta ocasión, corresponde a la Cámara Baja designar a los cuatro nuevos jueces.

Además de Valdés, la renovación supondrá en este caso la designación de un nuevo presidente, ya que el actual, Juan José González Rivas, es uno de los que han acabado su ciclo. A los dos señalados se suman la vicepresidenta, Encarna Roca, y el magistrado Andrés Ollero.