Caso Villarejo

El juez apunta a que la causa contra Corinna se retrasó un año por "sobrecarga de trabajo"

El magistrado reconoce que la documentación que le llevó a imputar el pasado julio a la examiga íntima del rey estaba en su poder desde el 1 de febrero de 2019

Foto: Corinna Larsen, en una imagen de archivo. (Getty)
Corinna Larsen, en una imagen de archivo. (Getty)

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha desestimado el recurso con el que Corinna Larsen solicitaba archivar su imputación por la supuesta contratación del comisario José Manuel Villarejo en 2016 para que espiara a una asistenta personal. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado responde además a la Fiscalía Anticorrupción, que en un reciente escrito apuntaba a que los "hechos nuevos" que motivaron la imputación de Larsen el pasado julio ya eran conocidos por el instructor desde el 1 de febrero de 2019. "No le falta razón al fiscal", reconoce García-Castellón, apuntando a continuación al principal motivo por el que se ha producido este retraso: "La sobrecarga de trabajo de este juzgado central de instrucción es notoriamente conocida".

La imputación de Larsen se enmarca en la reapertura de la conocida como pieza Carol del caso Villarejo. La investigación se abrió en 2018 a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos al socio del comisario jubilado, Rafael Redondo, en los que aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre Villarejo, Larsen y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga. Según aseguraba ella en estos encuentros, que fueron grabados en 2015 y 2016, Juan Carlos I había cobrado comisiones y guardaba dinero en cuentas de Suiza que no estaban a su nombre: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón".

Mes y medio después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigarlo, el juez Diego de Egea cerró la pieza a petición de la Fiscalía Anticorrupción: los "actos" se remontaban a una etapa que iba de 2009 a 2012, cuando el Rey emérito estaba blindado por la inviolabilidad, y no daba verosimilitud a estas afirmaciones. Pese a ello, García-Castellón apunta a que, con posterioridad al archivo de la misma en septiembre de 2018, el juzgado recibió diversos oficios policiales sobre el material intervenido a los investigados y la solicitud de cooperación judicial remitida por la fiscalía suiza en relación con estos hechos, por lo que el pasado 27 de julio acordó su reapertura.

En el auto con el que desestima el recurso de Larsen, el magistrado reconoce ahora que esta nueva información que le ha llevado a reabrir la investigación estaba en su poder desde el 1 de febrero de 2019, 16 meses antes de que acordara la imputación de la examiga íntima del rey emérito. Para justificar el retraso, apunta entonces a la "sobrecarga de trabajo" de su juzgado, "hasta el punto de contar con dos medidas de refuerzo". "Una de las medidas de apoyo directo a este magistrado instructor se activó este año 2020, en un periodo en el que, como consecuencia del estado de alarma, el juzgado ha funcionado bajo mínimos durante casi 4 meses", argumenta. Además del caso Villarejo, García-Castellón también instruye otras macrocausas como Púnica, Lezo o la investigación contra los CDR por terrorismo.

Con este párrafo, que se incluye a lo largo de las 11 páginas que ocupa el auto, García-Castellón dejar al margen los argumentos de Larsen para responder al escrito que la Fiscalía Anticorrupción presentó el 9 de septiembre, en el que se apuntaba a que "las comunicaciones de su asistente personal [...] ya obraban en la causa desde el 31 de enero de 2019". "Estos hechos nuevos no guardan conexión alguna con los que dieron lugar a la formación de la presente pieza, archivada de manera firme desde el 7 de septiembre de 2018, ya que su objeto se ceñía a hechos relacionados con el hoy rey emérito Juan Carlos de Borbón y a un supuesto encargo que Corinna Zu Sayn-Wittgenstein habría efectuado a José Manuel Villarejo Pérez en relación con otra persona, su amigo Ben Goldsmith".

A la vista de este razonamiento, el magistrado no solo apunta a la "sobrecarga de trabajo", sino que devuelve la pelota al tejado de Anticorrupción: "El escrito del fiscal no especifica si los audios que aparecen unidos al oficio de 31 de enero de 2019 (“Corin 16.10.7” y “16.10.7-a”) dieron lugar a algún tipo de actuación preprocesal en la Fiscalía", se pregunta. "Es importante resaltar este extremo, toda vez que fueron los fiscales quienes reclamaron en su escrito de 7 de septiembre de 2018 la deducción de testimonio de actuaciones para la investigación de un posible delito de cohecho fuera del procedimiento, y así lo acordó el instructor [Diego de Egea]".

El "vacío argumental" de Corinna

Más allá del retraso en la reapertura de la causa, el auto se centra en desmontar los argumentos que da Larsen para pedir el archivo de la imputación, que se apoyan en dos pilares: "Por un lado, la falta de conexidad entre los hechos que determinaron a la reapertura del procedimiento y los que dieron lugar a la incoación inicial de la pieza. Por otro lado, la ausencia del necesario requisito de procedibilidad". En cuanto al primero de ellos, que se apoya en la idea de que la investigación se abrió en principio por el rey emérito, el juez responde que "a pesar de la aparente distancia temporal, y de que se trata de dos encargos temporales, la sustentación debe efectuarse en esta nueva pieza, sin que proceda la apertura de una nueva", pues se trata de "las mismas personas", Larsen y Villarejo, "en el contexto de una relación de confianza".

Respecto a la supuesta ausencia de un requisito de procedibilidad, argumento que es compartido por Anticorrupción, Larsen sostiene que "no se puede considerar que el delito de cohecho se cometiera en España, luego, sería necesaria la querella del Ministerio Fiscal para proceder por este o requisito que en este caso no se cumple". García Castellón, sin embargo, tumba esta idea al decir que "difícilmente se puede concretar la conexión territorial, determinar el lugar dónde se hizo el requerimiento a la Sra. Larsen, averiguar si fue esta quien hizo la oferta, aclarar si hubo una aceptación o recepción de la presunta oferta, etc., sin, al menos, haber practicado unas mínimas y esenciales diligencias de investigación".

Para reforzar esta idea y tras criticar el "vacío argumental" de Larsen, el magistrado carga entonces contra Anticorrupción: "Llegado este punto, quien suscribe este auto entiende que aducir como motivo para denegar la investigación la falta de procedibilidad equivale a privar al instructor de la posibilidad, al menos, de investigar la concurrencia de los elementos esenciales que permitan inferir si es necesario o no la interposición de querella", denuncia.

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