El Gobierno retoma su agenda social y simbólica ante la crisis económica del covid

"Vamos a remitir a las Cortes Generales 92 leyes en este año 2020. En el primer periodo, hasta que se inicien las vacaciones parlamentarias, hasta el mes de agosto, la mitad y la otra mitad en el segundo periodo hasta que finalice el año".

Era 25 de febrero de 2020, martes. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La afirmación era de la vicepresidenta primera y titular de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Contaba la programación del Gobierno del Pedro Sánchez. El primer dibujo de una legislatura que acababa de arrancar, hacía apenas un mes.

Apenas dos semanas y media después, ese esquema saltaba por los aires. Por completo. Sobrevenía la pandemia del covid-19, una embestida ante la que el recién nacido Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos respondió con la declaración del estado de alarma y con una montaña de legislación dictada a su amparo. Unas 1.200 páginas de BOE, calculan en la Moncloa, en tres meses.

Levantado el excepcional mecanismo del artículo 116 de la Constitución, el Gobierno quiere retomar poco a poco su agenda política, social y hasta simbólica en medio de una crisis económica cuyos contornos aún son difíciles de ver, más aún si la situación epidemiológica se complica en el otoño e invierno y se impone un nuevo confinamiento general. Calvo está aún ultimando el plan legislativo para el segundo periodo de 2020, y espera poder llevarlo al Consejo de Ministros en las próximas semanas, según indican fuentes del Ejecutivo.

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No obstante, ya la coalición ha ido lanzando algunas señales de cuáles son sus prioridades más inmediatas: la vicepresidenta prepara el proyecto de Ley de Memoria Histórica y arranca la negociación con la Iglesia para revisar su fiscalidad y resolver una cuestión durante años aparcada, las inmatriculaciones indebidas. Para bastante más adelante, y sin fecha aún, prevé la redacción de la Ley de Libertad de Conciencia.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, tiene como norma estrella la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, mientras en su departamento exploran la posibilidad de prolongar el escudo social mientras persista la crisis. Igualdad, que pilota Irene Montero, tiene pendiente la Ley de Libertad Sexual —la que provocó el choque con el PSOE justo antes del estallido de la pandemia— y las leyes LGBTI y Trans, que se presumen conflictivas por la tensión ya existente con los socialistas y con una parte del movimiento feminista.

A finales de febrero, el Gobierno había previsto que en 2020 remitiría a las Cortes 92 leyes. Los planes se han visto pulverizados por el covid-19

Alberto Garzón, ministro de Consumo, ya ha reforzado el decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego y espera que pueda pasar por el Consejo de Ministros en octubre. Y Yolanda Díaz, al frente de Trabajo y la responsable morada que ha tenido más protagonismo en estos meses, ya plantea la extensión de los ERTE más allá de septiembre. No obstante, la segunda parte del año quedará atravesada por la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y el diseño de los planes de reforma que España deberá entregar a Bruselas para que la Unión empiece a desembolsar los 140.000 millones acordados en el Consejo Europeo, entre transferencias y créditos. Esto también hará que el acento del Gobierno se sitúe en el impulso de políticas de transformación digital y transición ecológica.

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Ilegalización de entidades franquistas

Con la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno cambió de planes sobre la marcha. En enero, el PSOE registró la propuesta a través del grupo parlamentario. Nada pudo avanzarse después. En junio, culminada la desescalada, Calvo anunció que el Ejecutivo asumía la redacción del proyecto de ley y abrió un buzón para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hicieran llegar sus opiniones. La consulta pública finalizó el pasado 11 de julio. La vicepresidenta tenía previsto que el Consejo de Ministros hiciera una primera lectura del texto antes del parón de agosto. En la Moncloa, sin embargo, creen ahora más probable que el Gabinete estudie el anteproyecto justo tras las vacaciones, a primeros de septiembre. A partir de ahí, la iniciativa será analizada por los órganos consultivos, y cuando estos emitan su dictamen el Gobierno hará nuevas modificaciones, si las ve necesarias, y remitirá el proyecto al Congreso.

Calvo calcula que tendrá listo el anteproyecto de Ley de Memoria para primeros de septiembre. Incluirá banco de ADN o exhumaciones de fosas

La tramitación, previsiblemente, será larga y mediática, por el carácter simbólico de la norma, que supondrá la reforma de la legislación que impulsó otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007. Entre los objetivos de la nueva ley, la asunción, por parte del Estado, de la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, la creación de un banco nacional de ADN, la resignificación del Valle de los Caídos, las medidas de reparación de las víctimas, la anulación de las condenas de los tribunales franquistas, la instauración del 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y del régimen, el impulso del conocimiento de la historia democrática española en el sistema educativo o la retirada de las medallas pensionadas a acusados de tortura como Billy el Niño —muerto el pasado mayo—. El Gobierno ya ha confirmado, en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, que se incluirá la ilegalización de aquellas asociaciones y fundaciones franquistas "que públicamente inciten, directa o indirectamente, al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales".

La exhumación del dictador, completada el pasado octubre con el aval del Legislativo, del Ejecutivo y del Poder Judicial, tendrá su continuidad, por tanto, con una ley a la que la coalición confiere una importancia clave y que es troncal para Calvo. El Gobierno asumió la redacción del proyecto para que el texto salve sin dificultades los escollos judiciales que probablemente surjan. En la Moncloa, de hecho, siempre han recalcado que si la salida de Franco de Cuelgamuros prosperó fue porque la arquitectura legal que se construyó para hacerla posible era sólida y resistente para aguantar los embates de la familia del exjefe del Estado y de la comunidad benedictina que custodia la basílica y que, por cierto, será desalojada si se respeta la orientación dada por el Grupo Socialista en su proposición de ley.

La número dos de Sánchez también reanudó, tras el fin de la alarma, los contactos con la Iglesia, que había iniciado en enero con la entrevista con el nuevo nuncio apostólico, Bernardito Auza. El 24 de junio se citó con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, elegido en febrero y encarnación del ala más moderada de los prelados. Este pasado viernes, Gobierno y CEE acordaron retomar en septiembre las conversaciones sobre fiscalidad y los bienes inmatriculados por la Iglesia. Para entonces se iniciarán los trabajos de las comisiones técnicas.

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Ronda con las confesiones

El acuerdo se alcanzó en un encuentro en el que el Ejecutivo recibió la memoria de actividades de la Iglesia de 2018. En la cita participaron el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo —principal interlocutor de Calvo en esta materia—, y la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, y por parte de la CEE, su secretario general, Luis Argüello, y los vicesecretarios generales de Asuntos Generales y Asuntos Económicos, Carlos López Segovia y Fernando Giménez Barriocanal.

El Gobierno y la CEE acordaron reanudar en septiembre las conversaciones sobre fiscalidad y los bienes inmatriculados por la Iglesia

Esta semana, también Calvo se ha reunido con representantes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), de la Comisión Islámica de España (CIE), de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días —los mormones—, de los Testigos Cristianos de Jehová y de la Unión Budista de España-Federación de Entidades Budistas de España. Para septiembre se verá con las iglesias ortodoxas. Una ronda con líderes de confesiones religiosas que, aseguran en Vicepresidencia, otros gobiernos no habían hecho.

El Ejecutivo reconoce la "importancia de la Iglesia católica, que no puede ser negada", pero quiere lanzar a la vez el mensaje de respeto a la "diversidad religiosa" y de "neutralidad" de las instituciones públicas. Ese camino hacia un Estado verdaderamente aconfesional se culminaría con la proyectada Ley de Libertad de Conciencia, incluida en el programa electoral del PSOE y en el acuerdo de gobierno de la coalición. Esa norma, que supondrá recuperar en cierta medida una iniciativa que Zapatero enterró en 2010, no tiene aún fecha de salida del Consejo de Ministros.

Unidas Podemos, por su parte, cree que el covid ha ayudado a acelerar iniciativas sociales de legislatura contempladas en el programa de la coalición, como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. El Gobierno, recuerdan fuentes próximas a Iglesias, aprobó un primer paquete de medidas pensadas para amortiguar el impacto de la pandemia. El llamado "escudo social", que ahora se ha visto ampliado: así, se aprobado la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la ampliación del plazo de solicitud para la moratoria arrendaticia para el caso de grandes tenedores o empresas públicas, la garantía de suministro de energía eléctrica, gas y agua, o la moratoria de hipotecas. Los morados se plantean negociar con sus socios en el Ejecutivo la prórroga del escudo social mientras persista el riesgo de vulnerabilidad en parte de la población.

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Extender los ERTE

La otra gran prioridad de la Vicepresidencia Segunda es la tramitación de la llamada 'ley Rhodes' o Ley de Infancia, que busca la protección de los niños y adolescentes en todos los ámbitos. La norma ya había sido estudiada por el primer Gobierno de Sánchez y ahora ha sido remitida a las Cortes sin modificaciones para no demorar el trámite parlamentario.

Podemos quiere prorrogar el escudo social si continúa la crisis. Tiene pendiente la Ley de Infancia, las leyes de igualdad y el decreto del juego

La Ley de Libertad Sexual es la primera que ha impulsado Irene Montero en Igualdad —el 'solo sí es sí'—, pero aún no ha llegado al Congreso. Más retrasada está la redacción de las leyes LGTBI y Trans, seguro foco de fricción con el PSOE en una materia clave para los dos socios. El real decreto de Consumo que regulará la publicidad de juegos y apuestas se prevé que esté listo en octubre. El ministro Garzón explicó esta misma semana en la Cámara Baja que la Comisión Europea avaló el texto que su departamento le remitió hace dos semanas, sin alegaciones de los grupos, así que ahora se elevará al Consejo de Estado para que posteriormente le dé el impulso definitivo el Consejo. Se pasará así de la "ley de la selva" a una "regulación enormemente estricta", similar a la existente durante el estado de alarma. La intención es proteger, fundamentalmente a los menores, de las "consecuencias negativas" de los juegos de azar que generan patologías semejantes a otras adicciones como las drogas.

Pero es Díaz la que lleva el peso de los ministros morados, dada la destrucción de empleo provocada por la pandemia. La titular de Trabajo no se opone a que los ERTE se extiendan en algunos sectores más allá del 30 de septiembre. No tendría sentido "dejar caer el sistema" tras el esfuerzo hecho y conseguido el consenso con patronal y sindicatos. Unidas Podemos, confirman fuentes de la formación, seguirá empujando para la derogación de la reforma laboral, aunque este punto no salió incluido en los pactos de reconstrucción —precisamente para facilitar un consenso transversal— y el PSOE ha insistido en que todo cambio de la legislación para liquidar los puntos más lesivos de la normativa del PP se hará siempre en el marco del diálogo social.

Los PGE atravesarán la segunda parte del año. El Gobierno pondrá el acento en el diseño e impulso de las políticas digitales y verdes, como pide la UE

Los PGE marcarán la continuidad de la legislatura. Los trámites han arrancado pero pronosticar los apoyos es misión imposible, porque dependerá de las elecciones catalanas que se vislumbran para el otoño. Unidas Podemos y, en concreto, Iglesias, se sigue declarando incompatible con Ciudadanos, pero el PSOE no se quiere cerrar ninguna puerta. No descarta a la formación naranja por si ERC no estuviera disponible, dado que la cercanía de las autonómicas radicalizará sus posiciones, creen en el corazón de la Moncloa. Los Presupuestos y el diseño de las políticas verdes y digitales serán fundamentales en la segunda parte del año. Y todo, todo, queda supeditado a la evolución de la pandemia. El virus que ha desmontado los planes iniciales del Ejecutivo y ha cambiado la normalidad de los ciudadanos.

Sin fecha para la mesa catalana

"De momento, no". Esto es lo que dicen fuentes de la Moncloa cuando reciben la pregunta de si hay fecha para la mesa de diálogo con Cataluña. Pedro Sánchez se comprometió a convocarla en julio, una vez pasado lo peor de la pandemia, aunque no tendría el rango de la cita de febrero, en la que participaron él y el jefe del Govern, Quim Torra. 

Julio concluye el próximo viernes y la mesa no aparece. Tanto por las discrepancias entre JxCAT y ERC (la razón alegada por el Ejecutivo central) como por la preocupante situación epidemiológica en Cataluña. El presidente comparece ante el pleno del Congreso el miércoles 29 para dar cuenta de los últimos Consejos Europeos y el 31 liderará la XXI Conferencia de Presidentes, que se celebrará en el monasterio de Yuso, en el municipio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Así que el foro de interlocución entre gobiernos que demandó ERC para la investidura no se citará, como mínimo, hasta septiembre, aunque para entonces las elecciones catalanas pueden estar ya convocadas.

Si Torra las quiere para el 4 de octubre, la fecha más cercana al totémico 1-O, debe arrancar la cuenta atrás el 11 de agosto. Además, septiembre está marcado por la Diada y por la probable inhabilitación del 'president' por el Tribunal Supremo, lo que abocará a Cataluña a elecciones seguras si antes no han sido convocadas por el dirigente independentista.