Podemos ve ratificada su primera gran medida, el IMV, casi por unanimidad

“A los gobiernos que indignan a la ciudadanía, se les quita del poder votando pacíficamente en las urnas”, aseguraba en un tuit Esperanza Aguirre en mayo de 2011, cuando iba creciendo la protesta en la Puerta del Sol, en lo que fue el 15-M al grito del “¡No nos representan!”.

En mayo de 2013, la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se dirigió al grupo que encabezaba Pablo Iglesias para retarles a presentarse a las elecciones, en lugar de protestar en la calle. "Si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados, o mejor dicho, a una forma de ver de la sociedad y de estar en la sociedad, deberían participar del juego de la representación. Porque de otra manera (...) no se está pasando por el ejercicio de responsabilidad que significa aceptar unos compromisos y ponerse delante del ciudadano para que el ciudadano le pueda preguntar a uno y le pueda exigir a otro", dijo Cospedal.

Aquel grupo, que siempre lideró Pablo Iglesias, vivió un debate entre la calle y la institucionalidad que se resolvió a favor de esta última por un criterio de utilidad. “Solo desde las instituciones se consiguen avances e influencia”, sostenía Iglesias.

Este miércoles, aquel grupo, convertido ahora en Unidas Podemos y tras multitud de vicisitudes con pérdidas de principios fundacionales y depuración de muchos promotores iniciales, ha alcanzado su hasta ahora máximo grado de institucionalidad. Y probablemente su mayor logro político: la aprobación de ingreso mínimo vital (IMV), por 297 votos a favor, 52 abstenciones (las de Vox) y ningún voto en contra.

Fuentes de Unidas Podemos lo unen a la subida del salario mínimo interprofesional, aprobado al inicio del mandato del Gobierno de coalición, y también con amplio consenso que incluyó a sindicatos y patronal. O el posterior desarrollo de los ERTE. Curiosamente, las medidas impulsadas por el sector más 'radical' o a la izquierda del Gobierno son las que logran mayor respaldo parlamentario y consenso.

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Es curioso también que lo ha conseguido con la nueva unanimidad del Congreso, es decir, aquella en la que caben todos los partidos, salvo Vox, constituido en “partido antisistema”. Y aun así, los de Santiago Abascal se han abstenido, no han votado en contra y han dado ese giro en el último momento, porque hasta hace una semanas aseguraron que estaban a favor. No han votado en contra, pero lo han llamado “subsidio perpetuo”.

Y es curioso también, que Iglesias lo haya sacado adelante de la mano de un ministro independiente como José Luis Escrivá, a quien hasta hace bien poco no se le conocía afinidades con la izquierda. Incluso, estaba en un cargo, al frente de la AIReF, por designación de un Gobierno de derechas.

Mariano Rajoy le puso en aquel cargo y Pedro Sánchez le rescató para el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, tras escucharle en una comparecencia en una comisión del Congreso hablar sobre la configuración territorial de España.

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Escrivá ha puesto el conocimiento técnico, Iglesias la insistencia para acelerar la aprobación y Pedro Sánchez la decisión de aplicar los tiempos de su vicepresidente segundo. De hecho, este miércoles en el pleno del Congreso se ha producido la situación insólita de que la medida ha sido presentada primero por Iglesias y luego por Escrivá. Rara vez presentan un texto dos miembros del Gobierno. Ese despliegue no es coherente con la ausencia total de ministros durante la votación de su medida estrella.

El IMV o renta básica o renta mínima fue incluido en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos desde 2015 y en diciembre pasado en el acuerdo de Gobierno de coalición. Con muchas diferencias entre sí, ya hay modelos diferentes en las comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PP, y, de hecho Pablo Casado sostiene estos días que, en realidad, fue una propuesta de su partido y, más concretamente, de Manuel Fraga cuando era presidente de Galicia.

No obstante, hay comunidades con deficiencias notables en su aplicación. Así, Philip Alson, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, en su última visita a España el pasado febrero, aseguró sobre estas ayudas de las comunidades que “el sistema de la renta mínima sugiere que o bien está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado”.

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Escrivá lo anunció en febrero en el Congreso como propuesta para aprobar según avanzara la legislatura. Con la pandemia y sus efectos sociales y económicos el Gobierno recuperó la propuesta, pero con algunas diferencias internas, especialmente en lo referido al ritmo. Escrivá prefería una vía más formal que llevaba la aprobación a después del verano e Iglesias presionó para que fuera inmediata. Sánchez lo desbloqueó. El Gobierno tuvo algunos apoyos como el del exministro de Economía del PP Luis de Guindos, que pedía una renta mínima, aunque de forma provisional.

Hasta FAES, la fundación de José María Aznar, se felicitaba hace una semana por la medida, aunque con algún matiz al pronunciarse a favor de “un sistema temporal, rigurosamente gestionado, que sirva para aflorar economía sumergida y que no suponga desincentivar la búsqueda de empleo en sus beneficiarios. Es un deber moral y una política sensata remediar las situaciones de pobreza extrema y exclusión en nuestra sociedad, cuidar de los más vulnerables, tender una red de seguridad a los que la necesiten. La sociedad civil y diversas administraciones públicas lo vienen haciendo con esfuerzo. Ahora la administración del Estado sigue ese camino que la responsabilidad asistencial a nivel autonómico y local ya había abierto”.

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El resultado final no es exactamente la propuesta del programa electoral de Unidas Podemos, como le ha hecho ver en el debate la diputada del PP Pilar Marcos, quien, incluso, se ha referido a un informe encargado por Rajoy a la AIReF, que presidía entonces Escrivá, sobre la posibilidad en poner en marcha una renta mínima. Sin embargo, el texto convalidado en el Congreso, tiene la importancia del consenso y la rapidez.

En tiempos de antipolítica y debates estériles y broncos como el de la sesión de control que ha precedido al debate del IMV, al fin sale algo positivo y ampliamente aceptado. Es también ejemplo de cómo consensuar una norma antes de aprobarla, porque el ministro Escrivá la ha pactado con todas las comunidades y varios de los oradores se han felicitado de los contactos, previos a la aprobación en el Consejo de Ministros.

Queda una segunda parte para que las comunidades autónomas puedan gestionarlo si así lo desean desde enero de 2021. La norma prevé la cesión inmediata a País Vasco y Navarra, por tener régimen fiscal y foral especial. Y para el resto el Gobierno tendrá que negociar convenios con cada una de ellas con la idea de unificar su aplicación y que no ocurra como con la Ley de Dependencia o las pensiones no contributivas, que al ceder en su momento la gestión a las comunidades, se ha convertido en 17 sistemas diferentes.