Vox rechaza el ingreso mínimo vital porque llama "a gritos" a la inmigración ilegal
Dicen que supone un efecto llamada "a gritos" de inmigrantes ilegales, a pesar de que el real decreto explica que para percibir la ayuda se ha de ser español o tener residencia acreditada
Vox rechazará en el Congreso el decreto ley sobre el ingreso mínimo vital porque considera que "cronifica" la pobreza, es "antinacional" por entregar a las comunidades forales la gestión de los pagos, y supone un efecto llamada "a gritos" de inmigrantes ilegales, a pesar de que en el real decreto que lo regula [aquí, en PDF] se señala que para percibir la renta mínima se ha de ser español o tener residencia acreditada en España con un año de antigüedad, lo que deja fuera de esta ayuda incluso a los solicitantes de asilo.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, su portavoz, Jorge Buxadé, ha señalado este lunes que aunque la semana pasada señaló la necesidad de aprobar esta nueva prestación estatal, no pueden aceptar el proyecto de ley redactado por el Gobierno.
Según Buxadé, "la mejor justicia social es que todos los españoles tengan un empleo"
Ha argumentado que se está pretendiendo crear una renta mínima permanente en lugar de una medida extraordinaria temporal y excepcional "como corresponde a la necesidad real de los españoles hoy en día".
"No queremos una renta mínima vital permanente que cronifique la pobreza y se convierta en una cartilla de racionamiento", ha dicho, sino medidas que permitan que "los españoles se levanten a sí mismos". Según Buxadé, "la mejor justicia social es que todos los españoles tengan un empleo" y el proyecto de ley camina hacia "mantener a millones de españoles en situación de necesidad".
Ha criticado además que la prestación "no está condicionada absolutamente a nada", con lo que el Gobierno "alimenta" la entrada masiva de inmigrantes ilegales para beneficiarse de este ingreso.
Podrán acceder víctimas de trata, violencia machista y prostitutas en vulnerabilidad, mientras que los solicitantes de asilo quedan fuera
Según ha explicado, aunque se señala que para percibir la renta mínima se ha de ser español o tener residencia acreditada en España con un año de antigüedad, el texto incluye varias excepciones. Entre ellas, que pueden recibir la ayuda quienes hayan sido víctimas de trata de seres humanos, aunque no residan en España, de tal modo que se abre una "espita" al tráfico ilegal. Como prueba, ha señalado los vídeos que están "inundando" las redes sociales explicando los requisitos para optar a la ayuda aprobada por el Gobierno.
Sin embargo, el movimiento #RegularizacionYa, que cuenta con el apoyo más de 1.100 organizaciones, ha denunciado que el IMV deja fuera a 600.000 personas en situación irregular y ahonda en la desigualdad social de la población.
La exclusión de este colectivo de la prestación, que garantizará una renta de entre 461 y 1.015 euros a 850.000 hogares, supone, según estas organizaciones, el incumplimiento de acuerdos internacionales firmados por España como la Agenda 2030 y la declaración universal de los Derechos Humanos.
Desde la red, instan al Gobierno a tener "altura de miras" y "valentía" para "no dejar verdaderamente a nadie atrás y que esta consigna deje de ser una frase sin contenido, ya que la prestación excluye a la población más precarizada y que menos apoyos recibe".
Se trata de personas que han venido desde sus países de origen a buscar una vida mejor y a las que se condena a una situación de irregularidad y falta de acceso a derechos por los efectos de la Ley de Extranjería que las mantiene en trabajos precarios de la economía sumergida que, en muchos casos, son, además, esenciales como trabajadoras del hogar y los cuidados, jornaleros y jornaleras, etc".
Recuerdan que sólo podrán acceder en el estatus de irregularidad mujeres víctimas de trata, violencia machista y prostitutas en una situación de especial vulnerabilidad, mientras que las personas solicitantes de asilo también han quedado fuera.
Respuesta de Escrivá: "Es falso"
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que es "completamente falso" que el ingreso mínimo vital vaya a generar "un efecto llamada a gritos" a la inmigración ilegal.
Escrivá ha añadido que aunque esta prestación no llegue a los migrantes en situación administrativa irregular porque "no es posible por la Ley de Extranjería", dejan "espacio" a "otras administraciones" para que puedan ayudar a este colectivo.
Escrivá: "Es completamente falso. No es posible en España por la Ley de Extranjería"
"La información es completamente falsa. No es posible en España por la ley de extranjería", ha precisado el ministro Escrivá este lunes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en relación a las declaraciones del eurodiputado de Vox sobre el "efecto llamada" a la inmigración ilegal.
Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recordado que las personas en situación administrativa irregular no van a poder acceder al ingreso mínimo vital pero ha destacado que van a "dejar espacio para que otras administraciones, como ayuntamientos y comunidades autónomas puedan focalizarse en algunos de estos colectivos".
"Las personas que están en situación administrativa irregular, por la Ley de Extranjería, artículo 14, no pueden tener acceso a las prestaciones de la Seguridad Social pero sí hay otras administraciones que les pueden ayudar, y nosotros, desde distintos ámbitos, desde distintas administraciones les podemos ayudar", ha subrayado Escrivá.
Iglesias: "Falta de empatía"
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha calificado estas palabras de Buxadé de "falta de empatía" porque, según ha dicho, mientras que hay gente que "incluso con el ingreso mínimo vital lo va a tener muy difícil", Santiago Abascal cobraba "un sueldazo de Aguirre", en referencia al sueldo que cobró el líder de Vox cuando era director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, sobre la gestión del ingreso mínimo vital, Escrivá ha explicado que si se ha cedido la gestión al País Vasco y Navarra y no al resto de comunidades autónomas es para garantizar que fuera "lo más rápido y eficaz" porque son territorios forales y tienen hacienda propia, algo que no ocurre en el resto de CCAA. En todo caso, Iglesias ha asegurado que están "dispuestos a hablar" pero que "esto no va de quién se apunta la medalla".
Sobre supuestos roces entre los ministros que han aprobado la medida, Iglesias ha elogiado a Escrivá, al que ha definido como "uno de los tipos más brillantes" que ha conocido, del que "aprende mucho". "Ha hecho conocernos mejor y querernos mucho, podemos estar enormemente satisfechos", ha asegurado Iglesias, a lo que Escrivá ha añadido que no ha habido "discrepancias" sino "contraste de pareceres".
Preguntado por la opinión del presidente de la CEOE, que no entiende "que se haya aprobado una medida estructural en pleno estado de alarma", el ministro de Inclusión ha indicado que a todos los que le plantean "problemas" sobre esta medida les recomienda que "hablen con sus colegas nórdicos donde estas prestaciones tienen mucha más extensión".
Además, Iglesias ha pedido a la CEOE que si no quieren "poner el acento en la justicia fiscal" lo pongan en el hecho de que es "una medida de eficiencia económica" pues "va directamente al consumo".
Asimismo, el vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho que es "mentira" que la medida "desincentive al empleo" porque, al contrario, cree que va a "reducir el desempleo y los márgenes donde opera la economía informal". Igualmente, Escrivá ha puesto de relieve que el ingreso mínimo vital va a llegar a "muchísimas mujeres" que se encuentran en situación de subempleo o de "injusticia máxima".
Vox rechazará en el Congreso el decreto ley sobre el ingreso mínimo vital porque considera que "cronifica" la pobreza, es "antinacional" por entregar a las comunidades forales la gestión de los pagos, y supone un efecto llamada "a gritos" de inmigrantes ilegales, a pesar de que en el real decreto que lo regula [aquí, en PDF] se señala que para percibir la renta mínima se ha de ser español o tener residencia acreditada en España con un año de antigüedad, lo que deja fuera de esta ayuda incluso a los solicitantes de asilo.