El covid amenaza la agenda electoral catalana y las alianzas de Sánchez

Otra vez Cataluña en el primer plano de la política. Si es que alguna vez ha dejado de ser Cataluña el asunto que condiciona la política española desde hace años. Y ahora combinado con la pandemia y sus efectos terribles, los sanitarios, los económicos, los sociales y los políticos.

Con un calendario en el que influyen los rebrotes del coronavirus, la actuación de la Justicia y la consiguiente decisión de Joaquim Torra para convocar las elecciones previstas desde hace meses. Y, posteriormente, un reparto de fuerzas en el Parlament que puede influir en el desarrollo de la legislatura en España.

Los cálculos del Gobierno de Pedro Sánchez dependen de todos esos factores, una vez despejada la incógnita de las ayudas que vendrán de Europa.

Las fechas a tener en cuenta son las del 11 de agosto, límite para convocar elecciones para el 4 de octubre; el 17 de septiembre, día en que el Tribunal Supremo celebrará la vista del recurso de Torra contra su inhabilitación y la primera quincena de octubre, cuando debe producirse el inicio del trámite en el Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, con la votación de totalidad.

El Gobierno, los partidos catalanes y destacados empresarios apuestan por el 4 de octubre como fecha para esos comicios, aunque Torra no termine de confirmarlo y asegure siempre que aún no está decidido.

La fecha tiene un valor simbólico indudable para el soberanismo por la cercanía al 1-O, el inicio de la campaña justo el día de la vista en el Tribunal Supremo y la propia Diada.

Sin embargo, esa apuesta, que exigiría la disolución del Parlament el 11 de agosto, ha sido puesta en duda en las últimas fechas por los rebrotes del coronavirus en Cataluña. Fuentes de Junts per Catalunya y de ERC explican que el 'president' de la Generalitat puede verse el 10 de agosto en una situación pésima sobre la pandemia que le haría difícil explicar una convocatoria electoral en plena sucesión de rebrotes. Ese razonamiento ya lo llevó a bloquear la convocatoria en julio de la segunda reunión de la mesa de diálogo entre el Estado y Cataluña.

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Si no convocara el 11 de agosto, la situación institucional sería más complicada, porque Torra sería inhabilitado el 17 de septiembre y ocurriría lo que no quiere: sería sustituido por el 'vicepresident' Pere Aragonès, de ERC. Y si no hay investidura del nuevo 'president' habría elecciones en dos meses, es decir, a final de año y trastocando todas las previsiones de Pedro Sánchez.

Podría también demorar la decisión, pero anticiparse al Supremo, para convocar en septiembre para noviembre. En ese caso, la situación se le complicaría a Sánchez para los Presupuestos, al menos le sería más difícil contar con ERC. Tendría que demorar la tramitación de las cuentas o buscar la compatibilidad de Ciudadanos con Unidas Podemos y PNV.

El Gobierno considera que no puede contar con ERC hasta después de esas elecciones y, por eso, la fecha del 4 de octubre le permitiría esperar y posponer la tramitación de los Presupuestos para tener su voto e intentar sacarlos adelante con el bloque de la investidura.

Si las elecciones catalanas se retrasan todo sería más difícil para el Gobierno: estaría en duda el apoyo de ERC y otras combinaciones como las que incluyen a Unidas Podemos, PNV y Ciudadanos son más complicadas, como se ha visto en el debate sobre las conclusiones de la comisión de reconstrucción.

La opción más favorable para el Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo la de que ERC sea el partido más votado en esos comicios, para intentar avanzar también en una salida negociada para los próximos años, como se empezó a hacer al inicio de la legislatura.

No hay mayoría alternativa a la de la investidura para los Presupuestos, porque no es fácil compatibilizar a Ciudadanos con Unidas Podemos o PNV, según explicaron claramente el miércoles los partidos de la izquierda y nacionalistas e independentistas. Y así se lo ha trasladado Iglesias a Sánchez esta misma semana en un encuentro a solas en la Moncloa.

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Por eso, el Gobierno da por hecho que ERC radicalizará su posición y se distanciará todo lo posible de Sánchez desde los próximos días, precisamente, para competir con la otra opción independentista, la que encabeza Carles Puigdemont, sea o no el cabeza de lista.

Necesita también el Gobierno que Oriol Junqueras pueda participar en la campaña electoral y para eso tiene que poder estar en libertad cuando se inicie. Y por eso, al Gobierno le preocupan decisiones de la Justicia como la de este jueves al tumbar el Tribunal Supremo la semilibertad concedida a Carme Forcadell a través del 100.2 del Reglamento Penitenciario y reservarse decidir sobre los permisos otorgados al resto de presos del 'procés'. Sobre todo, si anticipa la anulación de los terceros grados.

Entienden, como ERC y dirigentes nacionalistas moderados, que estas decisiones pueden favorecer a Puigdemont en el sentido de volver a reforzar la polarización y la campaña basada en el victimismo y la respuesta a supuestos ataques del Estado.

El "regalo" político para Puigdemont sería iniciar la campaña el 17 de septiembre con la inhabilitación de Torra y la anulación del tercer grado de los presos independentistas. Tendría la campaña electoral hecha con el discurso de la persecución y el "155 judicial".

Fuentes de ERC no ocultan su preocupación porque pueda volver a repetirse lo que ya ocurrió en diciembre de 2017, cuando las encuestas les daban por delante y, finalmente, ganó la lista del 'expresident' de la Generalitat, que ya residía en Waterloo (Bélgica), frente a la de Junqueras que ya estaba en la cárcel.

Puigdemont basa sus opciones en esa épica de la persecución. La del cuadro de Nelson Mandela de su casa de Waterloo o la representación de la República catalana de la gran vidriera del salón de esa residencia. También la de la derrota del Estado español utilizando armas legales, legislación europea y las propias urnas. Necesita despertar ese sentimiento y algunas decisiones judiciales juegan a su favor.

La elección de la fecha de las elecciones tiene también un efecto sobre las diferentes opciones políticas que se preparan en Cataluña. Con el convencimiento de que ha quedado libre un espacio nacionalista o soberanista moderado, que durante décadas ocupó CiU, están surgiendo diferentes opciones o iniciativas para ocupar ese espectro. La principal es la del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), con Marta Pascal como secretaria general.

Pascal fue coordinadora general del PDeCAT y tuvo un papel destacado en las negociaciones de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Luego rompió con Puigdemont y abandonó la política.

Ahora, el PNC intenta cubrir un espacio político con la referencia de lo que es el PNV, un partido soberanista con aspiraciones de independencia, pero con el convencimiento de que las prioridades son otras en este momento y que es preciso abrir un proceso de negociación con el Estado, con una vía democrática.

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Se fundó el pasado mes de junio y una de las ventajas para Puigdemont de la convocatoria de las elecciones el 11 de agosto para el 4 de octubre es que precipitaría la presentación del PNC y le impediría un crecimiento y una implantación más pausados. Cogería a las nuevas formaciones sin capacidad para organizarse.

Tiene apoyos destacados en la sociedad catalana y el empresariado y, de hecho, sus posiciones coinciden en gran medida con la nota hecha pública este jueves por el Cercle d'Economía que dirige Javier Faus.

Su nota parte de la idea de que "la pandemia provocada por el covid-19 nos ha llevado al límite en todo. Supone un cambio de época que nos obliga a repensar las políticas públicas y la manera de gestionarlas y proponerlas. Nada volverá a ser igual. Eso exige, de quienes tienen la responsabilidad de asumir la gestión de la crisis, que opten por una forma de aproximación a los problemas más porosa y sensible a las exigencias de una sociedad que espera ser acompañada en su inseguridad y sensación de pérdida de control sobre sus proyectos de vida".

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Y concluye que "la crisis actual y las políticas económicas que se implementarán para hacerle frente acelerarán la transformación económica de aquellas zonas mejor preparadas y que compiten directamente con Cataluña. A este tren todavía podemos subir. Apelamos, por tanto, al Govern de la Generalitat que salga elegido en las próximas elecciones al Parlament de Cataluña que priorice la recuperación social y económica desde una perspectiva a medio y largo plazo. La Generalitat debe abandonar las luchas internas y poner en marcha una política económica dialogante, realista y previsible. El plan de reactivación económica y protección social presentado por la Generalitat puede ser un buen punto de partida. Pero los próximos meses habrá que generar consensos amplios y rehacer complicidades entre las diferentes fuerzas políticas, los agentes sociales y también la iniciativa privada. Para volver a atraer y retener inversiones y talento es imprescindible volver a generar un entorno de confianza. Y también es fundamental disponer de un entorno fiscal como mínimo competitivo a nivel estatal".

Es decir, que se posponga el 'procés' en favor de la recuperación económica de Cataluña, con la idea también de que esta comunidad puede verse favorecida por las ayudas europeas, si van destinadas a proyectos vinculados a digitalización y cambios tecnológicos.

Quienes promueven opciones políticas como esta consideran que la salida debe venir del propio soberanismo/independentismo y, por supuesto, consideran que sería muy negativa una mayoría amplia de la candidatura de Puigdemont.

En la otra orilla, está pendiente la decisión de PP y Ciudadanos sobre la posibilidad de presentarse en coalición en Cataluña, como lo hicieron en el País Vasco. Ya ha habido contactos informales y las direcciones de ambos partidos se inclinan por reeditar el acuerdo. Otra cosa es la fórmula o el reparto de poder en esa hipotética coalición. Si se produjera la convocatoria el 11 de agosto, la negociación se aceleraría.

Inés Arrimadas logró en 2017 un resultado y una victoria electoral tan extraordinaria como irrepetible. Fue fruto de una polarización tan enorme que recogió los votos de todos los contrarios al 'procés' y con una participación récord e irrepetible.