El Gobierno intenta calmar al campo: no a la venta a pérdidas y a promociones engañosas

El Gobierno tiene el campo incendiado desde hace semanas y tenía que darle una respuesta rápida, aunque fuera insuficiente porque aún hacen falta medidas a medio y largo plazo. Por eso este martes el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley para garantizar unos precios más justos a agricultores y ganaderos, que incluye la prohibición de la venta a pérdidas y de las promociones engañosas. Se trata, según explicó el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de corregir el "desequilibrio" entre los distintos eslabones, preocupándose especialmente del más débil, el de los productores. El Ejecutivo cree que el mercado se regulará por sí mismo para que no se repercuta el incremento de los precios en origen al consumidor, ya que precisamente la industria alimentaria es muy competitiva entre sí. En cualquier caso, el Gabinete de coalición ya adelanta que su intención es que este texto, una vez convalidado por el Congreso en el plazo de un mes, pase a ser discutido por los grupos y se tramite como proyecto de ley, para que se puedan incorporar enmiendas.

A través del decreto aprobado este martes (y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE), se introducen modificaciones en cuatro puntos de la Ley de Cadena Alimentaria de 2013, aprobada por el Gobierno del PP. Primero, se introduce como cláusula obligatoria en los contratos la indicación expresa de que ha de constar el coste de producción en las relaciones contractuales. Es decir, que se incorpora de manera obligatoria en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario agrario (ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos) y su primer comprador cubre los costes de producción. Dicho de otra manera, ese precio de venta no podrá ser "nunca inferior a los costes de producción" que habrán determinado comprador y vendedor o que tendrá su referencia en los índices públicos que ya están disponibles y que se irán ampliando. Así, se "mejora" la posición negociadora del productor.

Se prohíben las ventas a pérdidas. Se prohíbe, en definitiva, la "destrucción de valor en cada elemento de la cadena", en palabras de Planas. "Ni la industria ni la distribución podrán vender por debajo del precio que haya costado producirlo, con la excepción de productos perecederos para evitar el despilfarro alimentario". Es decir, que solo se permitirá la venta a un precio inferior al de su coste de producción cuando se trate de fruta, verdura, carne... alimentos que de no venderse pronto se tirarían. El ministro recordó que el "despilfarro" es un grave problema porque un 30% de los alimentos se desaprovechan y precisamente uno de los objetivos de la Agenda 2030 es reducir a la mitad ese porcentaje.

Los contratos agrarios deberán incluir los costes de producción. Además, se prohíbe la "destrucción de valor" a lo largo de la cadena alimentaria

Tercer punto. Fin de las "promociones engañosas dirigidas a consumidores". El titular de Agricultura puso el ejemplo de aquello que se puede ver en los súper: se vende un 'pack' de dos detergentes y se regala un litro de aceite de oliva. Para el Gobierno, esta práctica "no puede ser admitida" porque es una "devaluación del producto".

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Agencias

Reducción de las peonadas

Cuarto punto. En el nuevo real decreto ley se consideran graves infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Se consideran graves (la sanción es de 3.001 a 100.000 euros) la destrucción de valor en la cadena alimentaria o realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos. El ministerio señala que, adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en esta cuestión, se prevé la publicidad de infracciones graves y muy graves (con multa de 100.001 a un millón de euros) que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial. Ese daño reputacional a las empresas espera el Ejecutivo que se convierta en un potente elemento disuasorio para evitar que agricultores y ganaderos se vean perjudicados.

La venta a pérdidas de un alimento tendrá una sanción máxima de 100.000 euros. Las infracciones muy graves, pueden ser multadas con un millón

Además, el real decreto ley introduce modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Y también reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas), de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura. Planas recordó que en esta última campaña de la aceituna se ha disminuido la producción un 31% y ello, junto con los aranceles a los productos agrícolas impuestos por la Administración de Donald Trump, hace "necesaria" la adopción de esta rebaja para disfrute del subsidio agrario (algo a lo que se comprometió Pedro Sánchez en la campaña del 10-N). También el decreto contempla bonificaciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos.

Planas intentó mantener una actitud comprensiva con los agricultores y ganaderos que han salido a protestar en las últimas semanas. Se han movilizado, dijo, "en pro de unas legítimas reivindicaciones, de unos precios justos, que han tenido respuesta con una mesa de diálogo agrario". "El Gobierno es un Gobierno de diálogo y acción, que ha escuchado buenos argumentos y por eso les damos respuesta con este real decreto ley", insistió.

El titular de Agricultura, que compareció este martes acompañado de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y de la portavoz del Ejecutivo y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que la crisis del sector tiene múltiples causas: desde la volatilidad de los precios, la recurrencia de condiciones ambientales extremas (como la DANA o la borrasca 'Gloria'), los costes de producción y el desajuste entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria "con particular perjuicio para los productores". A todo ello se suma la atomización de los productores frente a la concentración de la industria y de la distribución. "Existe un claro desequilibrio en la cadena y el Gobierno quiere un reequilibrio entre los eslabones y una transparencia en la formación de los precios", aseguró el ministro.

Refuerzo de la AICA

La pregunta obvia es si con todas estas medidas los precios de venta al público pueden subir, como temen las organizaciones de consumidores y usuarios. Planas alegó que se había reunido con ellas, y mostraron su apoyo a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. El Gobierno, dijo, sí "cree que es posible" que ese incremento no se traslade al precio final. "Si cada uno consigue asumir su responsabilidad en la cadena alimentaria es perfectamente posible que el precio de venta al público no se incremente y los productores tengan una mejor retribución por su trabajo".

"Si cada uno asume su responsabilidad en la cadena alimentaria es perfectamente posible que el precio de venta al público no se incremente", dice Planas

Fuentes del Gobierno indicaron posteriormente, en un encuentro informal con los periodistas para explicarles el detalle del real decreto ley, que hay "márgenes" amplios a lo largo de la cadena alimentaria, a partir del primer eslabón, que "deben permitir que los precios no aumenten para el consumidor". La tesis del Ejecutivo es que los súper e hipermercados son los primeros que quieren competir a la baja en precio, puesto que son conscientes de que si suben el importe el cliente acabará yendo a otro establecimiento más barato.

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Por otro lado, el papel de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), montada en 2013 y que "funciona bien", se verá reforzado en medios humanos y materiales, sostienen desde Agricultura, para velar por el cumplimento normativo. El ministerio también pedirá a las comunidades autónomas que se impliquen en este objetivo.

Los productores siguen pendientes, lógicamente, de la negociación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027, en el nuevo Marco Financiero Plurianual que continúan negociando los líderes en Europa. Planas subrayó que el presidente, Pedro Sánchez, está velando por los "intereses de España", intentando que no se reduzcan los fondos destinados a la PAC ni tampoco aquellos destinados a la cohesión.

El Ejecutivo enviará 92 leyes a las Cortes solo en 2020

El Gobierno dio este martes el visto bueno al calendario legislativo para este 2020. Según adelantó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el Consejo de Ministros prevé aprobar 92 leyes en este año, la mitad de ella hasta las vacaciones de agosto y la otra mitad hasta final de año.

92 normas, dijo Calvo, con rango de ley, leyes orgánicas o leyes ordinarias que el Ejecutivo remitirá a las Cortes sobre cuestiones pendientes, reformas o transformaciones "absolutamente necesarias", según sentenció durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ello responde a una "gran decisión de planificación, transparencia y ordenación de la actividad política". A estas 92 normas se añadirá, además, la "legislación de urgencia" (los reales decretos leyes), que el Gobierno utilizará en condiciones puntuales, dijo, porque esta es una legislatura estable, a diferencia de la anterior. Es una figura, recordó, que está presente en otros sistemas democráticos.

Calvo no quiso detallar el listado completo, porque ese calendario ha de pasar por planificación normativa y por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y ya por último volverá a pasar por el Consejo de Ministros. Será entonces cuando se haga pública toda la panoplia de medidas previstas por el Ejecutivo. 

La vicepresidenta citó algunas, como la ley de educación o la ley de cambio climático, de igualdad total de género o contra el fraude fiscal. Además, garantizó que se tramitará este año la reforma del Código Penal, si bien no precisó si llegará al Parlamento antes o después del verano. Sí señaló que el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo tiene pendientes "reformas diferentes en el Código Penal". 

Al calendario de 2020 le seguirá el del los tres años siguientes, porque esta es una legislatura "estable", que permitirá hacer política a medio y largo plazo y resolver cuestiones complejas. Se trata de una manera de gobernar "llena de crédito, previsión y solvencia", remarcó.