Donde dije digo... Los nuevos ministros pedían 55.000 millones a sus predecesores

"Hace falta más dinero para…". Así comienzan las frases de los políticos cuando están en la oposición, pero nunca cuando están en el Gobierno. Los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez no han sido una excepción: casi todos han manifestado públicamente en el pasado que se necesitaba más dinero para cubrir las necesidades económicas de su sector. Muchos de ellos dieron cifras concretas, una exigencia que está por ver si ahora asumen y cumplen.

En suma, los nuevos ministros llegaron a pedir más de 55.000 millones de euros a sus antecesores en el cargo (en este cálculo solo se incluyen las demandas que hicieron a la cartera que ahora van a ocupar y no exigencias en general, que fueron mucho mayores). No se quedaron cortos en sus exigencias, esta cuantía es casi igual a la recaudación que consigue la Administración central sumando el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Resulta evidente que todos no podrán cumplir con lo que exigían, pero es posible que ninguno lo haga.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a ser quien se encargue de gestionar las demandas de sus compañeros. Ella, como hacía hasta ahora Cristóbal Montoro, será quien tenga que decir ‘no es no’ a la mayoría de las peticiones del resto de ministros en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, fase que tiene que comenzar este mismo mes de junio. Sin embargo, también era ella quien más dinero pedía a su antecesor en el Ministerio de Hacienda. En concreto, Montero demandó nada menos que 16.000 millones de euros para mejorar la financiación de las comunidades autónomas.

Es una exigencia que realizó este mismo año, cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Este era el cálculo que realizaba de la infrafinanciación de las regiones para asumir el coste de los servicios públicos esenciales que tienen transferidos. Montero tendrá que impulsar ahora la reforma del sistema de financiación, pero difícilmente contará con tal presupuesto para repartir entre las regiones.

Carmen Calvo exigía elevar el gasto en Educación hasta el 5% del PIB, lo que supone casi 13.000 millones más de gasto

Carmen Calvo, nueva vicepresidenta para la Igualdad, también fue ambiciosa en sus exigencias al antiguo Gobierno. Pedía nada menos que 13.100 millones de euros para mejorar su parcela de igualdad. En concreto, exigía los 200 millones extra del pacto contra la violencia de género (que finalmente el PSOE consiguió colar en los Presupuestos para 2018) y un incremento del presupuesto destinado a Educación hasta el 5% del PIB para mejorar la igualdad de oportunidades.

El gasto estimado en Educación para este año, sumando el gasto de todas las administraciones públicas, es del 3,89% del PIB. Si lo quiere elevar hasta el 5%, supondría incrementar el presupuesto en 12.900 millones de euros.

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Pedro Duque, el nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, también pedía un presupuesto de altos vuelos a Luis de Guindos, que era el ministro encargado de esta cartera. En numerosas ocasiones urgió al país a triplicar su inversión en I+D+i para situar España a la altura de los grandes países europeos. El gasto actual, sumando el sector público y el privado, se sitúa en el entorno del 1,2% del PIB, del cual, las administraciones públicas aportan algo más del 46%. En definitiva, el gasto de su ministerio tendría que pasar desde los 6.500 millones actuales hasta los 19.500 millones. Un incremento de nada menos que 13.000 millones de euros para la ciencia.

Desde su escaño en la oposición, Meritxell Batet fue muy crítica con los recortes del anterior Gobierno, y ahora tendrá en sus manos revertir algunos de ellos. Su cartera es la de Administración Territorial y Función Pública, por lo que controlará las condiciones laborales de los sindicatos. Batet, como otros miembros del PSOE, demandó a Montoro poner en marcha su Pacto de Rentas, que incluye una subida del salario de los funcionarios superior a la inflación para que vayan recuperando poder adquisitivo.

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También pidió rebajar la jornada de los trabajadores públicos a 35 horas con carácter general. La exigencia de subida salarial del 2% (para superar la inflación) tiene un coste para la Administración General del Estado de, al menos, 700 millones. Por su parte, la rebaja de la jornada laboral supone perder el 8% del horario de trabajo. Reponer estas horas perdidas con nuevos trabajadores no costaría menos de 1.000 millones de euros.

De la Seguridad Social a la Unión Europea

Si hay una exigencia prioritaria para el nuevo Gobierno socialista, esa es la reforma de las pensiones. La alarma social existente sobre el futuro de la Seguridad Social y las promesas lanzadas por el PSOE durante los últimos años hacen que sea un tema fundamental para el Ejecutivo de Sánchez.

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La encargada de gestionar la reforma es Magdalena Valerio, que ya lideró la negociación con el Gobierno de Rajoy. Ella impulsó la propuesta que lanzó la ejecutiva del PSOE a finales de 2016 y que incluía un incremento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social de 7.445 millones de euros. En concreto, pedía 4.300 millones con la separación de fuentes (gastos que pasan del sistema a los PGE) y otros 3.145 millones procedentes de ingresos y nuevos impuestos.

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La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, también tenía exigencias, en su caso eran en forma de transferencias al presupuesto de la Unión Europea. Calviño ocupaba el cargo de directora general de Presupuestos de la UE y fue una de las impulsoras de la propuesta de las nuevas cuentas públicas de la Unión una vez se hiciera efectiva la salida de Reino Unido. Calviño, desde su puesto de alta funcionaria europea, demandaba a los estados miembros que “no se puede mirar en términos de cuánto aporta cada uno”. Ahora, como ministra de España, tal vez no le resulte tan indiferente cuánto tiene que aportar el país.

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Su propuesta de reforma incluía un incremento de los ingresos de 22.000 millones de euros a través de una mayor participación en los impuestos al consumo y a los beneficios empresariales y transferencias directas de los países. Aunque no existe una estimación de cuánto aportaría cada país, a España le tocaría aportar unos 2.000 millones, ya que su economía supone un 9% del PIB de la UE sin Reino Unido.

También se apuntó a las exigencias la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá. Desde su cargo como consejera de Educación de Euskadi, criticó con dureza los recortes que ejecutó el Gobierno popular al inicio de la primera legislatura. En concreto, fue muy dura con el decreto de racionalización del gasto público de abril de 2012 por el cual se redujo la partida destinada al sector en 3.000 millones de euros. Está por ver si ahora revierte esos recortes de José Ignacio Wert.