El gran reto de Montero: dar 16.000 millones a las autonomías para cumplir su palabra

María Jesús Montero no aparecía en las quinielas de ‘ministrables’, pero finalmente se hizo con una de las carteras de más peso del Ejecutivo, la de Hacienda. Pedro Sánchez se guardaba este comodín, ya que su nombramiento supone un guiño hacia Susana Díaz. Montero fue su consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía y, además, lideró la oposición a Cristóbal Montoro en la negociación para la reforma de la financiación autonómica.

Este movimiento de Sánchez no es solo un gesto con Díaz. Andalucía ha sido una de las regiones más críticas con el modelo de financiación actual, pero Sánchez necesita ahora generar un escenario de calma para crear consensos. De ahí que la elección de Montero sirva para templar las críticas de Andalucía.

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La nueva ministra tendrá complicado construir mayorías para aprobar la reforma de la financiación autonómica este año. Pero tendrá incluso más difícil cumplir con su palabra. En la propuesta que impulsó como consejera de Hacienda de Andalucía, Montero aseguraba que las regiones tienen una infrafinanciación de 16.000 millones de euros para cubrir los servicios públicos fundamentales que tienen transferidos. En ese momento, exigió a Montoro que cubriese la diferencia, pero como no abordó la reforma, ahora es ella quien tiene que responder ante esta petición.

Esta cantidad equivale al 1,5% del PIB español, esto es, cinco veces más que el déficit que puede tener la Administración central en 2019. El Ministerio de Hacienda no puede encajar una transferencia de estas dimensiones en los Presupuestos Generales del Estado, porque los ajustes aplicados durante la crisis dejan poco margen a conseguir nuevos ahorros. La única opción viable sería elevar la recaudación con una subida de impuestos.

El debate sobre la financiación autonómica es uno de los temas más trascendentales que tenemos en el presente

Recaudar 16.000 millones más tampoco es fácil. Sirva como comparativa que equivale al 70% de los ingresos generados en todo el año 2017 con el impuesto sobre sociedades y el 80% de toda la recaudación de los impuestos especiales (que incluye el gravamen sobre el alcohol, tabaco, hidrocarburos, electricidad, etc.). Además, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no solo necesita fondos para mejorar la financiación autonómica, también tiene que captar recursos para cerrar el déficit de la Seguridad Social, que supera los 18.000 millones de euros. Y mucho más: quiere subir las pensiones todos los años con la inflación, mejorar la dependencia, invertir en la transición energética…

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Esto es lo que le ocurre siempre al ministro de Hacienda, que tiene que gestionar unos recursos escasos para cubrir unas necesidades de liquidez infinitas. La diferencia clave está en que Montero fue muy clara con la infrafinanciación de las comunidades autónomas. Pero lograr esa cantidad de recursos es una tarea muy complicada.

Lo que no puede hacer es mirar para otro lado, como hizo su predecesor en el cargo. Montoro dilató todos los plazos para no enfrentarse nunca a esta reforma. Pero la nueva ministra dijo que la financiación autonómica es “uno de los temas más trascendentales que tenemos en el presente y que va a condicionar el modelo de sociedad que queremos, la equidad y el desarrollo que aspiramos alcanzar”. Con tales calificativos, ahora no puede aparcarlo.

Hacia un nuevo modelo

La propuesta de Montero como consejera de Hacienda de la Junta se basaba en un incremento de la participación de las comunidades autónomas en algunos impuestos nacionales. En concreto, Montero pedía que las regiones se quedasen el 75% de la recaudación del IVA, frente al 50% actual, y el 75% de los impuestos especiales, frente al 58% actual.

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Estos dos ajustes permitirían elevar los ingresos de las comunidades en casi 19.000 millones de euros. Sin duda, permitirían cubrir las necesidades de financiación de las regiones, pero generarían un gran agujero en la Administración central muy difícil de cerrar. De ahí que la propuesta de Montero sea difícil de aceptar para una ministra de Hacienda.

Montero también defendió eliminar el 'statu quo', un punto que es muy peliagudo. Este criterio permitiría a las regiones mantener su nivel de financiación, aunque les correspondiese una cuantía inferior en el nuevo modelo. Si se elimina esta cláusula, comunidades como Cantabria o La Rioja saldrían perjudicadas, por lo que podrían oponerse a la reforma.

Además, Montero proponía modificar el sistema de cálculo de las necesidades de gasto de las regiones incluyendo nuevos criterios que beneficiaban especialmente a Andalucía. Así, pedía incluir los niveles de pobreza, paro y dependencia para determinar el reparto en el nuevo sistema. Esta propuesta perjudicaría a las regiones más desarrolladas, ya que tienen niveles de empleo y renta superiores.

Cada persona contribuye en función de su capacidad y recibe según las necesidades individuales que tiene

“No contribuyen los territorios sino las personas, y cada persona contribuye en función de su capacidad y de su riqueza, y recibe según las necesidades individuales que tiene”, explicó Montero. Una declaración de intenciones que choca con la voluntad de las regiones más prósperas, que quieren recibir en función de lo que contribuyen y no en función de unas necesidades de gasto homogéneas. El reto para la nueva ministra comienza ahora, ya que tendrá que buscar las mayorías que no tiene con su Gobierno en minoría.

Por si los obstáculos fuesen pocos, Montero tendrá que enfrentarse también a la negativa de la Generalitat de Cataluña de negociar un sistema de financiación común. El 'vicepresident' y 'conseller' de Economía, Pere Aragonès, exigió en una entrevista en TV3 mantener negociaciones bilaterales con el Gobierno para determinar el futuro de Cataluña. “No se puede sustituir la negociación política de fondo sobre la soberanía de Cataluña por un nuevo modelo de financiación o más IRPF”, sentenció.

Esto significa que el Govern no tiene ninguna intención de sentarse a negociar con el resto de comunidades del régimen común un nuevo sistema de financiación. Y sacarlo adelante sin el concurso de Cataluña no es posible, pero tampoco se podría comprender que una región bloquease el sistema de todas. Una combinación que multiplicará la presión sobre la nueva ministra de Hacienda a medida que pase el tiempo. Eso sí, la recompensa si lo logra será tan grande como el reto que tiene por delante.