Montoro ofrece reestructurar la deuda autonómica como alternativa a la quita

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha decidido que no permitirá quitas de deuda a las comunidades autónomas que se han endeudado con el Estado desde 2012 como consecuencia de su infrafinanciación. La condonación de deuda podría generar problemas judiciales para España y, además, generaría un incentivo perverso a las comunidades de malgastar los recursos públicos, por lo que finalmente el ministerio lo ha descartado.

Para compensar a las regiones peor financiadas, Montoro está dispuesto a hablar de reestructuraciones, explican fuentes del ministerio. Su intención pasa por permitir una revisión de los plazos de vencimiento de la financiación recibida a través de los mecanismos extraordinarios para facilitar la amortización sin que ahogue a las comunidades autónomas.

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Las diversas ayudas concedidas por el Estado a las regiones a través de estos mecanismos tienen, en todos los casos, el mismo perfil de vencimiento: amortizaciones lineales en 10 años con un periodo de carencia de dos años. Esto significa que cada año, a partir del tercero, se amortiza el equivalente al 12,5% del préstamo. Así, el periodo medio de vida de la deuda es de 6,5 años.

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Como consecuencia de este cálculo de los vencimientos, a partir de este año se disparan las amortizaciones de deuda que tienen que afrontar las comunidades autónomas. Esto es así porque se unen los vencimientos correspondientes a las ayudas de 2012, 2013, 2014 y 2015. Y cada año que pase será cada vez peor, ya que se irán acumulando más vencimientos (los de los préstamos de 2016, de 2017, etc.). Es por este motivo que una reestructuración de la deuda puede ser un gran alivio para muchas comunidades autónomas. No será tan efectivo como una quita, pero permitirá mejorar notablemente sus presupuestos a costa de alargar la vida media de la deuda y, por lo tanto, posponer en el tiempo los problemas financieros, explicó Montoro en declaraciones a COPE.

Este año, las comunidades autónomas tendrán que devolver algo más de 16.000 millones de euros al Estado como consecuencia de la amortización de los diversos mecanismos extraordinarios de financiación. Esta cuantía irá subiendo en los próximos ejercicios hasta el punto de superar los 23.000 millones de euros a partir de 2020.

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Esta cuantía supondría un gran drenaje de recursos desde las comunidades autónomas al Estado, lo que dificultaría el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales que tienen que financiar las regiones. Es por este motivo que una reestructuración de la deuda es casi inevitable, al menos para las regiones más endeudadas. Por ejemplo, Cataluña tendría que devolver cada ejercicio algo más de 7.500 millones a partir de 2020, equivalente a un tercio de todo el gasto no financiero de la Generalitat.

No es la única región que tendría que hacer un gran esfuerzo para devolver a Hacienda los préstamos realizados durante los últimos años (y que se siguen acumulando mientras se mantenga el déficit autonómico). La Comunidad Valenciana tendría que asumir amortizaciones anuales superiores a los 5.000 millones de euros y Andalucía tendría que pagar más de 3.500 millones anuales a partir de 2020.

Hacia una nueva financiación autonómica

La situación financiera de las comunidades autónomas es todavía muy débil como para pensar que serán capaces de amortizar más de 23.000 millones de euros en vencimientos dentro de tres años. Esto significa que la reestructuración de la deuda no es solo una posibilidad, es casi una obligación para muchas regiones. La cantidad de recursos habilitados por el Estado desde 2012 hasta 2017 supera los 190.000 millones de euros, casi el 20% de toda la deuda pública de España.

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Igual que el Estado no podría amortizar 190.000 millones de euros en la próxima década, tampoco podrán hacerlo las comunidades autónomas. Por eso será necesario que el Ministerio de Hacienda realice una o incluso varias reestructuraciones del pasivo. Solo así se evitará su asfixia económica.

Aunque la revisión de los vencimientos es una oferta que hará el ministro al PSOE (sus comunidades son las más endeudadas con el Estado) para pactar una nueva financiación autonómica, es probable que finalmente Montoro tenga que realizar la reestructuración de la deuda incluso sin acuerdo.

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