Los sindicatos piden a Montoro 3.000 millones más para los trabajadores públicos

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, inicia hoy la negociación con sindicatos para el acuerdo de empleo de 2018. Se reunirá con los representantes de las tres grandes organizaciones de trabajadores del sector público: CCOO, UGT y CSIF, con quien ya ha mantenido contactos de forma individual. Para el Gobierno, el acuerdo con los empleados públicos es fundamental, ya que conseguiría un apoyo entre tantas críticas que está recibiendo desde la oposición para pactar los Presupuestos Generales del Estado.

El nuevo discurso en el Ministerio de Hacienda es que los trabajadores públicos se merecen participar de los beneficios de la recuperación, por lo que Montoro inicia la negociación para el acuerdo de 2018 sin fijar las líneas rojas que había mantenido firmes hasta ahora y con un talante negociador. Los sindicatos, por su parte, son conscientes de las necesidades del ministro y no van a vender barata su firma en el acuerdo. La factura de las exigencias de los trabajadores supera los 3.000 millones de euros, una cuantía muy significativa que complicaría el cumplimiento del objetivo de déficit público.

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La partida presupuestaria más importante irá destinada a la mejora salarial. Los sindicatos denuncian que durante la crisis la pérdida de poder adquisitivo de los empleados del sector público se ha situado en el entorno del 13,5% desde el año 2010. Por este motivo, exigen al ministerio una subida salarial que permita que los funcionarios empiecen a recuperar capacidad de compra.

Esto significa que, para que los trabajadores públicos puedan percibir una mejora en su poder adquisitivo, será necesaria una subida salarial mínima del 2%, que garantizaría que supera al IPC. Si finalmente los sindicatos y Hacienda pactan una mejora de las retribuciones de esta cuantía, las administraciones públicas tendrían que hacer un esfuerzo presupuestario superior a los 2.400 millones de euros. Según aparece reflejado en el Plan Presupuestario de 2018 remitido por el Gobierno a Bruselas en octubre, la subida de alrededor del 1% de 2017 tuvo un coste de 1.200 millones de euros, por lo que este año sería el doble.

Más trabajadores

La mejora de la retribución es, con diferencia, la partida más abultada, pero no es la única. Otra de las exigencias de los trabajadores al ministerio es que elimine la normativa básica que impide al resto de administraciones negociar con los sindicatos sus propias mejoras salariales y de horario laboral. Así, pretenden dar libertad a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que sean quienes establezcan las condiciones de sus funcionarios y trabajadores públicos.

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Esto tendría un coste presupuestario importante, no tanto por la subida de los salarios sino por los efectos de la reducción de la jornada laboral. Muchas autonomías y ayuntamientos ya han tratado de rebajar la carga de trabajo de sus empleados a 35 horas semanales, pero el ministerio impide que sea inferior a 37 horas y media. Si se elimina la normativa básica, las autonomías tendrán potestad para rebajar la carga de trabajo, por lo que necesitarán contratar a personal extra que se encargue de cubrir ese tiempo.

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Según los cálculos elaborados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta medida tendría un efecto presupuestario de entre 600 y 800 millones de euros anuales. Esto hace que solo estas dos exigencias de los sindicatos (salarios y jornada de 35 horas) ya supongan una factura presupuestaria para las administraciones públicas de 3.000 millones de euros.

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Pero hay más puntos en la negociación que suben el coste para las arcas públicas. Los sindicatos exigirán a Montoro que elimine la tasa de reposición para que el sector público deje de perder efectivos y, además, que en los sectores más debilitados se empiece a crear empleo. Los sindicatos son optimistas y creen que, por primera vez desde el estallido de la crisis, el sector público creará empleo neto, lo que supone un nuevo aumento del gasto.

Permitir la jornada de 35 horas tendría un coste de entre 600 y 800 millones para las arcas públicas

También está pendiente de culminar el segundo acuerdo para el empleo, que es la continuación del programa de estabilización de la contratación en el sector público, aunque en este caso no tiene impacto presupuestario. Hacienda y sindicatos acordaron en 2017 que reducirían la temporalidad del entorno del 23% que había en ese momento hasta el 8%, lo que significa contratar funcionarios en lugar de interinos.

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Este proceso se tiene que culminar en tres años, pero 2018 será el más importante. En primer lugar porque este año se llevará a cabo la mayor parte de la convocatoria de las plazas de 2017 (ya que los Presupuestos Generales del Estado se aprobaron muy tarde y no dio tiempo a realizar las convocatorias antes de final del año), además de la propia de 2018. En segundo, porque los sindicatos pretenden que la mayor parte de la estabilización del empleo se consiga este año y que 2019 se utilice para ajustar errores o cualquier otro inconveniente.

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Esto significaría que de las más de 250.000 plazas que tienen que convocar las distintas administraciones, la mayor parte se tendrá que ejecutar este ejercicio. En este caso, los sindicatos tienen poco que negociar con Hacienda, ya que Montoro está dispuesto a acelerar el acuerdo. El problema aquí está en algunas comunidades autónomas que han tratado de reducir su oferta de empleo y que están generando serios problemas al ministerio para cumplir el acuerdo. Por ese motivo, Hacienda está cerrando una orden ministerial que detallará las directrices generales para que ninguna Administración pueda saltarse el pacto.

Aunque las negociaciones entre Función Pública y los sindicatos comienzan hoy y no hay nada cerrado, será difícil que Montoro consiga la ansiada foto con los trabajadores si no se ‘rasca el bolsillo’. La factura ya está sobre la mesa, ahora tiene que negociar cómo consigue encontrar alicientes no presupuestarios para rebajar el coste del acuerdo.