Los alcaldes acumulan ya 23.500 millones en el banco que Montoro impide gastar

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social está cerca de agotarse, pero hay otra hucha del sector público que no deja de crecer. Se trata de los depósitos colocados por las corporaciones locales —ayuntamientos y diputaciones— en distintas cuentas corrientes, y que ya alcanzan los 23.500 millones de euros. Es decir, suponen ya el 2% del producto interior bruto (PIB).

Para hacerse una idea de su evolución hay que tener en cuenta que, en 2011, en plena crisis económica, los depósitos de las corporaciones locales apenas superaban los 10.700 millones de euros, lo que significa que en solo seis años se han duplicado. Y lo que no es menos significativo, en el futuro inmediato, salvo que cambien las leyes, esa cifra irá creciendo.

Tan solo el Ayuntamiento de Madrid, el más grande de España, tiene en el banco sin poder gastar un céntimo 1.120 millones de euros, según fuentes oficiales. La situación es tan singular que los ayuntamientos tienen en el banco casi el doble de dinero que la Administración central (13.400 millones), y bastante más que las CCAA (18.100 millones).

Pueden optar por bajar los impuestos para reducir su superávit y tener menos dinero a la vista, pero surgen las limitaciones que imponen las normas

La causa de este incremento tiene que ver, lógicamente, con los continuos superávits presupuestarios generados por los ayuntamientos, pero, al contrario de lo que pueda parecer, esos excedentes no pueden gastarse porque supondría incumplir tanto la regla como el techo de gasto que cada año aprueba Hacienda con el apoyo de algunos grupos parlamentarios. Es decir, que los ayuntamientos, como sostiene Óscar Puente, alcalde de Valladolid, “están intervenidos de forma permanente por Hacienda pese a que son la Administración que más ha contribuido a reducir el déficit”.

Y es que su margen de maniobra presupuestario es realmente bajo. Pueden optar por bajar los impuestos para reducir su superávit y tener menos dinero a la vista, pero entonces surgen las limitaciones que imponen las normas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, en concreto, establece que cualquier rebaja impositiva debe ser acompañada de recortes en igual cuantía, lo que significa lisa y llanamente desatender determinadas inversiones o prestaciones sociales que hoy se financian con dinero público.

O expresado de forma más directa, si un ayuntamiento rebaja el IBI (impuesto de bienes inmuebles) en 100 millones de euros, debe recortar el gasto en la misma cuantía, a lo que los alcaldes se niegan. La regla de gasto, en concreto, establece que “cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable (…) deberá disminuirse en la cuantía equivalente”.

Suelo e ingresos extraordinarios

La única fórmula para salvar esta restricción legal es vender suelo público, que no computa a efectos de la regla y del techo de gasto, pero la propia ley obliga a que esos ingresos extraordinarios se inviertan en aumentar el patrimonio público de suelo. Por lo tanto, como sostiene el alcalde de Valladolid, no hay escapatoria. Dándose, además, la circunstancia de que algunos ayuntamientos como los de Vigo o Bilbao tienen cero deuda bancaria y cero déficit fiscal, pero no pueden atender las demandas de sus vecinos, lo que les obliga a mantener el dinero en cuentas corrientes con una remuneración cercana al 0% por la política monetaria del BCE.

Algunos ayuntamientos mantienen el dinero en cuentas corrientes con una remuneración cercana al 0% por la política monetaria del BCE

Como consecuencia de estas restricciones presupuestarias, muchos ayuntamientos no tienen capacidad para reponer las plantillas que causan baja. Y de ahí que se haya optado por externalizar algunos servicios públicos, como la limpieza de la red viaria o el mantenimiento de parques y jardines. Una opción que no gusta a muchos alcaldes, que entienden que la provisión de determinados servicios públicos corresponde al propio ayuntamiento y no a empresas privadas. “Yo no estoy contra la colaboración público-privada”, asegura el alcalde de Valladolid, “pero ahora lo que se está haciendo es favorecer una determinada opción ideológica”.

La situación, si cabe, es más paradójica si se tiene en cuenta que la deuda de los ayuntamientos —al contrario de lo que ha sucedido con el Estado— no ha dejado de caer en los últimos años. De los 44.003 millones que se alcanzaron en 2012 —cuando comenzó a actuar de forma más expansiva el BCE— se ha pasado a 29.938 millones en octubre de 2017, sin que haya aumentado su margen presupuestario.

El resultado es, como señala la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) en su informe de diciembre, que en el tercer trimestre del año, la deuda neta de depósitos bancarios de las corporaciones locales se ha reducido hasta el 0,6% del PIB. Es decir, que los ayuntamientos ya cumplen los objetivos estructurales de estabilidad algunos años antes de lo que marca la ley. En concreto, se situó ya por debajo del 3% del PIB a finales de 2016. La AIReF lo achaca a que casi la mitad de los importantes saldos primarios registrados por el subsector “están siendo utilizados para incrementar los depósitos bancarios, en vez de amortizar deuda”.