En los Presupuestos de 2018

Hacienda premiará a los funcionarios más productivos con mejoras salariales

El ministerio pretende extender las cláusulas de productividad a más sectores de la Administración General del Estado para mejorar la eficiencia del sector público

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Senado. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Senado. (EFE)

Una de las 'zanahorias' que se guarda el Gobierno para presionar a los partidos de la oposición para que aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es la subida del salario de los funcionarios. Después de años de pérdidas de poder adquisitivo, el Ejecutivo está dispuesto a permitir un incremento de la retribución superior al IPC. El último en recordarlo fue el presidente, Mariano Rajoy, el lunes, al prometer un incremento “mayor” al 1% que dio a los trabajadores públicos en 2017. Sin embargo, para lograrlo será necesario que el resto de formaciones permitan al Gobierno sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

Además de la subida salarial, el Ministerio de Hacienda pretende extender a una buena parte de la Administración General del Estado cláusulas de productividad. El objetivo es ofrecer un complemento salarial variable ligado a resultados concretos. Una solución que serviría para mejorar la retribución de los trabajadores públicos y mejorar la eficiencia de la función pública.

La productividad es el gran reto al que se enfrenta siempre el sector público. Al contrario que en el sector privado, el objetivo prioritario de la Administración es prestar a la ciudadanía unos servicios de calidad. Sin embargo, aunque la eficiencia es una meta secundaria, si se descuida puede provocar la pérdida de miles de millones de euros, por lo que es un asunto capital. En los últimos años se han establecido cláusulas de productividad en algunos sectores de las distintas administraciones y la experiencia ha sido positiva para el ministerio, por lo que pretenden ampliar esta práctica a nuevos sectores, explican fuentes de Hacienda.

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En algunos de los casos que ha podido estudiar el ministerio, el ahorro que se consigue mejorando la productividad de los trabajadores públicos es suficiente para abonar el complemento y, además, resulta excedentario. En otras palabras, rentable para el Estado. Si esta experiencia se amplía a la mayor parte de la Administración general, el resultado será un servicio más eficiente y con un menor coste para las arcas públicas.

En algunos casos, el ahorro que se consigue mejorando la productividad es suficiente para abonar el complemento y resulta excedentario

Los objetivos que establecerá el ministerio son siempre diferentes y adaptados a cada sector. La productividad para un funcionario de ventanilla de atención al público no puede ser la misma que la de un inspector o la de un técnico. Cada perfil y actividad económica requieren unos estímulos diferentes para elevar su productividad, por lo que Hacienda establecerá metas individualizadas para cada actividad.

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Un ejemplo está en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de la gestión del desempleo y uno de los quebraderos del Gobierno para mejorar su eficiencia. Las oficinas de Empleo realizan una buena labor en la gestión de las prestaciones por desempleo, pero tienen un nivel muy bajo de reinserción de parados en el mercado laboral. Es, por lo tanto, un segmento de la función pública en la que un complemento de productividad puede generar resultados muy positivos a un bajo coste. Si trabajadores públicos son capaces de mejorar el perfilado de los parados y casar mejor la demanda de las empresas con la oferta de trabajadores, su porcentaje de éxito aumentará.

La Administración se beneficiará de ello con una rebaja de los costes de la prestación por desempleo, pero también las empresas y los ciudadanos disfrutarán de un servicio de más calidad. Este sector concreto es solo un ejemplo de la política de productividad que quiere aplicar Hacienda con la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. El ahorro que consigue el Estado gracias a la mejora de la productividad revierte en los trabajadores públicos con el complemento salarial, lo que supone un incentivo que, de lo contrario, no existiría.

El ministerio tiene que hilar fino para elaborar cláusulas que sirvan para mejorar la eficiencia sin afectar a la calidad de los servicios. Un buen ejemplo está en la Agencia Tributaria, que ya cuenta con complementos en función de las actas que sean capaces de levantar los inspectores. Si el baremo para lograr el objetivo es el número de actas, como ha ocurrido hasta ahora, se genera un incentivo perverso a que los inspectores se centren solo en los casos en los que consideran que hay indicios claros de delito, ignorando al resto. Esto generaría una gran desigualdad para los contribuyentes, lo que se aleja de la calidad del sector público.

Calendario de movilizaciones

El Ministerio de Hacienda mantiene bloqueadas las negociaciones con los sindicatos de la función pública desde el pasado mes de septiembre, cuando constató la dificultad para conseguir una mayoría que aprobara las cuentas públicas de 2018. En ese momento se acabó el diálogo para mejorar la retribución de los trabajadores, tanto a través de cláusulas de productividad como la parte fija, y nada apunta a que se vaya a retomar en las próximas semanas. Rajoy confirmó el lunes que no habrá mejora de los salarios hasta que consiga los apoyos suficientes para sacar adelante los nuevos Presupuestos.

Los sindicatos no se conforman con aceptar los tiempos políticos del Gobierno y amenazan con movilizaciones para conseguir que Hacienda negocie la mejora salarial aunque no haya Presupuestos. “Exigimos al ministerio que retome las reuniones para hablar de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores públicos”, explica Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

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Las organizaciones sindicales recuerdan que el Gobierno podría aprobar la subida de los salarios por decreto, sin que sea necesario esperar a los Presupuestos. De este modo, no sería necesario esperar a ver si finalmente el Gobierno es capaz de sacar unas nuevas cuentas públicas. En el caso de que no se produzcan avances en las próximas semanas, los sindicatos pretenden establecer un calendario de movilizaciones de trabajadores de la Administración General del Estado para presionar al ministerio para que retome el diálogo. “Si no hay avances, se va a ver la presión en las calles”, advierte Pinillos.

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