Andalucía mantendrá con el 'teletrabajo' intacta la jornada de 35 horas pese al TC

Apenas una hora después de que llegara notificación del Tribunal Constitucional tumbando la jornada de 35 horas aprobada para los funcionarios andaluces, el Gobierno de Susana Díaz mueve ficha. Anuncia que acatarán el fallo del Constitucional pero que mantendrán intacta la jornada de sus empleados públicos y no se rescindirán los nuevos contratos anunciados para suplir los ajustes, unos 7.000.

La cuadratura del círculo llegará de la mano de un decreto que la Consejería de Hacienda tiene previsto aprobar el próximo martes en Consejo de Gobierno. Está ya listo porque llevaban ya semanas preparándolo con las principales centrales sindicales ante el temor de que hubiera una resolución en su contra y sospechando tras el silencio “cómplice y vergonzante” del PP y el Gobierno central, denunció la Junta.

Esa nueva normativa aplicará una nueva organización de las jornadas y permitirá computar en la jornada laboral, actualmente de 35 horas, el tiempo que los funcionarios dediquen en casa a prepararse, estudiar o ver vídeos relacionados con sus materias. Cumplirán así con las 37,5 horas semanales a las que obliga el Ejecutivo central para todos los funcionarios en España, contando el ‘teletrabajo’.

En su cuenta de Twitter, la presidenta Susana Díaz dejó escrito: “Andalucía acata la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las 35 horas y seguirá defendiendo a los empleados públicos. Gobierno andaluz y sindicatos acordarán medidas para no alterar la jornada presencial ni que se produzcan despidos de trabajadores”. Hay preocupación en el actual contexto político y el desafío de Cataluña al Constitucional porque se pueda decir que la comunidad andaluza desafía o no cumple con las sentencias.

Así lo explicó la consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, que llamó a la “absoluta tranquilidad” de los empleados públicos andaluces y de los nuevos contratados. Se anunciaron 7.000 contratos volviendo a las 35 horas. “No vamos a modificar la jornada presencial ni en concepto de horario ni se van a rescindir nuevos contratos”, explicó en varios momentos de su intervención la responsable del Gobierno andaluz.

El lunes se reunirán con las principales organizaciones sindicales y el martes se aprobará el decreto, que ya estaba en borrador. “Desde tareas preparatorias de los casos clínicos, de las clases, a cuestiones relativas a la nueva ley de contratación del Estado... todo aquello que es necesario y se desarrolla habitualmente fuera del puesto de trabajo, ahora será con cargo al cómputo de la jornada”, explicó la responsable del Gobierno andaluz. “En su ámbito doméstico, familiar, desde un celador a un investigador de prestigio, desde ver como se movilizar con mayor calidad a un paciente en los vídeos que se descargan hasta la investigación”, prosiguió.

“La jornada permanece tal y como está”, explicó Montero, “lo que incorporamos para dar cumplimiento a la sentencia del Constitucional son una serie de tareas, de actividades, de líneas de trabajo que se vienen desarrollando por parte de los empleados públicos, me atrevería a decir que también por parte de los empleados privados, en su día a día, donde estudian, descargan vídeos, ven reportajes, miran cuestiones bibliográficas, preparan clases, adelantan trabajo”, explicó la consejera de Hacienda. “Eso se venía desarrollando con mucha normalidad en el ámbito universitario y así estaba contemplado dentro de su jornada de trabajo. En el ámbito sanitario y en la administración general eso no se había organizado y ahora vamos a organizarlos para que (...) compute todo ese esfuerzo que realizan personalmente a efectos de jornada”, defendió.

El Gobierno andaluz confía en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no recurra este nuevo decreto que defendió está dentro de sus plenas competencias en la organización de la jornada laboral de sus más de 250.000 empleados públicos. “Es de plena cobertura legal y no creemos que haya ningún tipo de problema”, añadió. Ya se aplica, insisten desde la Junta, en el sector educativo y universitario. La empresa estatal Aena, recordó la consejera de Hacienda, incluyó hace unos días “media hora de cortesía” a sus trabajadores con esta misma explicación.

“Otra cosa es que el Gobierno esté empeñado en hacer una confrontación con el Gobierno de Andalucía”, anticipó Montero. Fuentes del Gobierno andaluz admitieron que es posible que el Ejecutivo central vuelva a recurrir y habló de “resistencia dentro de la ley y cumpliendo con el Constitucional”. Este asunto, con seguridad, dará alas a la confrontación entre ambas administraciones.

El Gobierno andaluz asegura que tras el verano la actitud del Gobierno central cambió radicalmente sobre este asunto. Antes, según la consejera andaluza de Hacienda, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le había comunicado personalmente que estaban “dispuestos a hablar y llegar a acuerdos”. Incluso el PP andaluz se reunió con los sindicatos, tras elevar el Gobierno central el recurso, para garantizarles que iban a negociar alguna salida intermedia que permitiera que los empleados públicos andaluces no tuvieran que volver a las 37,5 horas. La Junta se aferra además a que en la sentencia del Constitucional hay un voto particular que señala que es Andalucía la que tiene razón.

El Gobierno impuso las 37,5 horas a los empleados públicos en plena ola de recortes en 2012, como una de las medidas para contener el déficit. Ya en 2016 Castilla-La Mancha legisló las 35 horas para sus trabajadores y el Constitucional tumbó la medida. Igual ocurrió en el País Vasco y ahora en Andalucía.