Apenas alcanzarán las 100.000 plazas hasta 2022

Las comunidades autónomas boicotean la 'oferta histórica de empleo' en la educación

Los sindicatos piden a Montoro que intervenga para conseguir las 190.000 plazas que garantizarían el descenso de la temporalidad al 8%

Foto: Cristóbal Montoro junto a Susana Díaz, Cristina Cifuentes y Uxue Barkos en la Conferencia de Presidentes de enero (Efe)
Cristóbal Montoro junto a Susana Díaz, Cristina Cifuentes y Uxue Barkos en la Conferencia de Presidentes de enero (Efe)

El Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la función pública alcanzaron la pasada primavera un acuerdo para realizar la “mayor oferta de empleo público” de toda la crisis. Las dos partes pactaron la convocatoria de algo más de 250.000 plazas en tres años que permitirán rebajar la temporalidad de las Administraciones Públicas hasta el 8%, frente al 23% que superaron al inicio del año. Tanto el Ministerio como los sindicatos celebraron el compromiso con los máximos honores, esperanzados ante una legislatura que comenzaba con buen pie para el sector público. Desde entonces ha pasado algo más de medio año y ya ha saltado el primer gran obstáculo para cumplir el acuerdo: la enseñanza.

Las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que son éstas quienes están gestionando el acuerdo de estabilización del empleo en su territorio. Las negociaciones se realizan en mesas tripartitas en las que participan las regiones, el Ministerio de Educación y los sindicatos y es ahí donde ha saltado las alarmas. Aunque algunas comunidades han presentado un plan de convocatoria de plazas que permitirán rebajar la temporalidad al 8%, como es el caso de Baleares o Comunidad Valenciana en la mayor parte están muy lejos del nivel necesario.

En muchos casos, la oferta de empleo que han presentado no cubre ni siquiera el 50% de las plazas que se requieren para cumplir con el acuerdo, por lo que los sindicatos han solicitado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que interceda para garantizar la aplicación del pacto. La temporalidad en la educación no universitaria supera el 26%, por lo que será necesario convocar unas 150.000 plazas para alcanzar el objetivo del 8%. Si además se cuentan las jubilaciones hasta 2022 (cuando finalizará el proceso de estabilización en la enseñanza), en total será necesario sacar unas 190.000 plazas. Sin embargo, con las autonomías que ya han presentado su propuesta, difícilmente se superarán las 100.000 plazas ofertadas.

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“Con las propuestas que tenemos vemos que como mucho se van a convocar la mitad de las plazas”, denuncia Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid realizará una oferta pública de empleo de 8.443 plazas (4.057 plazas de interinos y otras 4.386 plazas de jubilaciones hasta 2021), mientras que los sindicatos estiman que serían necesarias unas 13.000 plazas. “Asturias, Murcia o Castilla y León han realizado propuestas que no llegan ni al 30%”, explica CCOO, “las comunidades están haciendo contabilidad creativa y el Ministerio de Educación no está tomando medidas”.

Asturias, Murcia o Castilla y León han realizado propuestas que no llegan ni al 30% de las plazas necesarias

Según las estimaciones de las centrales sindicales, con estos números sobre la mesa, la temporalidad en la educación no bajará más del 16%, el doble de lo que marca el acuerdo firmado con el Ministerio de Hacienda. Por este motivo, CCOO, UGT y CSIF han remitido una carta a Montoro para que se involucre en la negociación y que se cumpla el pacto. Los sindicatos advierten al ministro el “más que probable incumplimiento” del acuerdo, por lo que solicitan “una reunión urgente para tratar este tema y poder darle solución”.

Hacienda pide diligencia

El acuerdo para la estabilización del empleo que firmó Hacienda con los sindicatos busca que la mayor parte de las plazas que sean estructurales sean ocupadas por funcionarios y no por interinos. De esta forma se da seguridad en el empleo a los interinos sin elevar los gastos (capítulo 1 de los presupuestos), ya que son plazas que existen. La gran pregunta es: ¿qué plazas son estructurales? El acuerdo contempla que son aquellas que “desde hace al menos tres años vengan estando ocupadas por personal con una vinculación temporal”.

Esta redacción se ha convertido en un problema para Hacienda y los sindicatos y es el clavo ardiendo al que se agarran las comunidades autónomas. En la educación pública hay una gran rotación de plazas entre el personal interino, los funcionarios en expectativa de destino o en prácticas. Esto hace que haya plazas que no están siempre ocupadas por interinos, pero que son estructurales y que están con personal temporal.

Esta diferencia entre la concreción del pacto y la realidad en el sector de la educación es la excusa que utilizan las autonomías en las reuniones con los sindicatos para minimizar la oferta de empleo. Los sindicatos advierten que con esta premisa será imposible que se cumpla con la filosofía del acuerdo, que es rebajar la temporalidad efectiva al 8%.

Si no conseguimos estas plazas, montaremos la bronca que tengamos que montar en las comunidades autónomas donde no salgan

Los sindicatos advierten que “si no conseguimos estas plazas, montaremos la bronca que tengamos que montar en las comunidades autónomas donde no salgan”, asegura CCOO. Para el Ministerio de Hacienda ha surgido un problema, ya que prefiere que se realice una interpretación flexible del acuerdo, cuya verdadera intención es rebajar la temporalidad al 8% sin buscar trucos. Fuentes sindicales explican que Hacienda ha señalado, en conversaciones privadas, que su intención es que el acuerdo se cumpla en su sentido amplio, pero que no quiere impugnar ninguna de las convocatorias que realicen las comunidades.

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A lo largo de la próxima semana se realizarán dos reuniones importantes, las de Andalucía y Castilla-La Mancha. Dado el tamaño de estas dos regiones, el número de plazas que tienen que sacar hasta 2022 es muy elevado. Además, para los sindicatos son encuentros muy importantes, ya que son dos regiones gobernadas por el PSOE y quieren corroborar que el partido sí apuesta por cumplir el acuerdo suscrito por Hacienda. Ya lo han hecho en Baleares y Comunidad Valenciana, por lo que son optimistas. Todo parece indicar que Montoro tendrá que convencer a las regiones de su partido para que el acuerdo sea un éxito total.
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