Al Estado le faltan 24.000 empleados: uno de cada seis puestos públicos está sin ocupar

Las 4.725 plazas de empleo público que se han sacado a concurso el lunes para los cuerpos centralizados de la Administración General del Estado —2.180 de ellas de ingreso libre— apenas servirán para tapar a corto plazo el importante agujero laboral existente en la Administración General del Estado. De acuerdo a las relaciones de puestos de trabajo (RPT) publicadas en el Portal de la Transparencia con fecha de diciembre, ministerios y organismos autónomos cuentan con 24.000 vacantes sobre un total de 140.000 puestos disponibles. O en otras palabras: el Estado central tiene un déficit de personal superior al 17%.

Solo las 2.180 plazas de ingreso libre servirán para paliar este agujero de 24.000 empleados públicos, ya que las restantes, al ser de promoción interna, cubrirán puestos vacantes pero al mismo tiempo dejarán vacíos los anteriores. El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) prevé recibir más de 100.000 solicitudes para las 4.725 plazas. La oferta de empleo público anunciada el lunes ha despertado tanto interés que ayer, primer día para inscribirse en la convocatoria, la página web tuvo problemas puntuales debido al elevado número de visitas.

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De las 24.000 vacantes en la Administración General del Estado, 14.000 están destinadas para funcionarios de carrera y las 10.000 restantes para personal laboral. Esta última cifra podría ser aún mayor, ya que el Portal de la Transparencia no ha publicado en formato abierto la RPT de la Agencia Tributaria para los empleados laborales. No obstante, la proporción de puestos sin ocupar es mayor en esta última categoría: el 22% frente al 15% de los puestos reservados para funcionarios.

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración del Estado, la convocatoria pública para 2017 “no soluciona el déficit de personal” que tienen los ministerios. “Para compensar dicho déficit, se necesitan ofertas de empleo público con una tasa de reposición por encima del 100%. En la última oferta aún había organismos con el 50%, por lo que siempre habrá más bajas que altas”, añaden.

En una nota de prensa, CSIF recordaba que “alrededor de 4.000 efectivos de la Administración General del Estado se jubilarán previsiblemente este año, una circunstancia que va a reducir los efectos de la oferta de empleo público”. Por esta razón, el sindicato instaba al departamento dirigido por Cristóbal Montoro a “agilizar los procesos selectivos y a afrontar ya la de 2018, teniendo en cuenta el envejecimiento de la plantilla [el 60% tiene más de 50 años y más de 50.000 se encuentran a las puertas de la jubilación, al tener más de 60 años]”. Asimismo, CSIF considera fundamental "tener un plan a varios años con un estudio de las necesidades de cada organismo, las vacantes y la previsión de jubilación".

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En julio de 2010, un acuerdo del Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero reducía el máximo de vacantes a disposición de los ministerios del 8% al 5% hasta 2013. La medida implicaba “amortizar o suprimir alrededor de 10.600 puestos de trabajo que, sin duda, evitará desviaciones al alza de sus masas salariales y que producirá un ahorro estimado de más de 250 millones de euros”, según anunció en rueda de prensa la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Siete años y medio más tarde, pérdida de empleo y recortes salariales mediante, las vacantes laborales en la Administración General del Estado triplican el máximo del 5% fijado en aquel entonces.

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