Guiño de Montoro a los sindicatos: forzará a las regiones a mejorar el empleo público

Hace un año, el Ministerio de Hacienda y Función Pública alcanzó un acuerdo “histórico” con los sindicatos para iniciar el mayor plan de estabilización de empleo en las distintas administraciones. El objetivo era rebajar al 8% el porcentaje de trabajadores públicos con un contrato temporal. Este pacto servía para realizar una oferta de empleo público como nunca había ocurrido sin elevar el capítulo de gastos, y suponía un gran respaldo para el Gobierno a la hora de buscar apoyos a los Presupuestos Generales del Estado.

Este año, la situación vuelve a ser similar: el Gobierno se ha quedado sin sus 'socios de Presupuestos' y necesita negociar una nueva mayoría en el Congreso. En este contexto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido volver a aproximarse a los sindicatos para ver si consigue cerrar otro gran pacto. Este cambio de actitud del Gobierno hacia los sindicatos de la función pública está próximo a fructificar en un acuerdo que obligue a las comunidades autónomas y al resto de administraciones públicas a hacer un esfuerzo para cumplir con el pacto de estabilización firmado hace casi un año.

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Hacienda remitió el lunes a los sindicatos una propuesta que recoge las principales demandas de los sindicatos para cumplir con el acuerdo de empleo. Se trata de unos criterios generales que tendrán que seguir las distintas administraciones, para asegurar que todas respetan la 'filosofía' del acuerdo. Si todo va como está previsto, se cerrarán los criterios esta misma semana para que se incorporen inmediatamente a las mesas de negociación de las diferentes administraciones.

El ministerio ha incluido la mayor parte de las reivindicaciones de los sindicatos, lo que obligará a algunas comunidades autónomas a revisar sus ofertas de empleo para aumentar el número de plazas que sacan a concurso hasta 2019. Un guiño del ministerio a los sindicatos que ha sido bien recibido. “La propuesta de Función Pública facilitaría mucho la negociación con las diferentes administraciones en un sentido favorable a lo que veníamos reclamando”, explica Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO.

La propuesta de Hacienda facilitaría la negociación con las administraciones en el sentido que veníamos reclamando

Como adelantó este periódico, los sindicatos se estaban encontrando en graves problemas para que las comunidades autónomas respetasen el acuerdo de empleo firmado con Hacienda. En ese momento reclamaron la mediación del ministerio, pero la agenda catalana bloqueó cualquier avance. Ahora, con los Presupuestos en el objetivo, Montoro ha decidido dar un golpe sobre la mesa y avanzar en estos criterios generales que evitarán las diferentes interpretaciones de las regiones.

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El acuerdo para el empleo determinaba que se tenía que bajar la temporalidad en el sector público al 8% desde el 23% que se alcanzó al inicio de 2017. El problema es que en la redacción del acuerdo se determinaba que se contabilizaría como plaza cubierta con un contrato temporal aquella que llevase tres años consecutivos, o más, ocupada por un interino. Una interpretación estricta de esta norma permitía a las comunidades autónomas reducir el número de plazas contabilizadas como temporales.

Por ejemplo, en el caso de la Educación, existen muchos puestos que van rotando, de modo que unos años están cubiertas por interinos y otros por funcionarios sin plaza fija. Esto permitía rebajar mucho el cálculo de plazas precarias y, por tanto, rebajar la oferta de empleo.

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En algunos casos, las autonomías presentaron un calendario de convocatorias que no alcanzaba “ni siquiera el 50% de las plazas necesarias”, explican fuentes sindicales. Asturias, Murcia o Castilla y León realizaron propuestas que no llegaban ni al 30% de las plazas estimadas por las organizaciones sindicales. Ante este nivel de desacuerdo, solicitaron la intermediación de Montoro. “Lo que se tiene que hacer es que si en una comunidad hay 500 interinos ocupando plazas durante tres años, el 90% de las plazas se tienen que convertir en indefinidas”, señala Olmos.

El ministerio ha trasladado a los responsables de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO que su intención es respetar el espíritu del acuerdo, que no es otro que combatir la temporalidad sin 'trucos' ni excusas. Hacienda considera que es el momento de devolver a los trabajadores públicos los esfuerzos que hicieron durante la crisis, y en este caso se puede hacer sin aumentar el gasto de las administraciones.

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La negociación entre Hacienda y sindicatos está ya muy avanzada y cuando se publiquen los criterios generales ayudarán a los sindicatos a revisar las ofertas de empleo. “Si no se tuerce nada, alcanzaremos un acuerdo esta semana”, explica Olmos. Esto obligaría a algunas administraciones a revisar su oferta de empleo e incorporar las plazas que faltan en alguna de las dos próximas convocatorias, correspondientes a 2018 y 2019.

La jornada de 35 horas está más cerca

Otro de los avances importantes en las conversaciones tiene que ver con la jornada de 35 horas. Varias autonomías llevan años tratando de rebajar la jornada de sus trabajadores a 35 horas semanales, pero el Ministerio de Hacienda ha recurrido ante el Tribunal Constitucional cada una de estas medidas y ha ganado los recursos.

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Los sindicatos habían reclamado al ministerio que retirase la normativa básica para que cada Administración pueda negociar su propio convenio, pero hasta ahora la respuesta había sido tajante. En ningún caso, ya que abriría la puerta a un fuerte aumento del gasto público, porque sería necesario contratar a más trabajadores para cuadrar todos los horarios.

Hasta ahora era impensable que Hacienda cediese en este punto, pero en la nueva postura del ministerio, todo es posible. “Están dispuestos a hablar sobre la recuperación de la negociación colectiva en cada ámbito de la Administración, lo que supondría eliminar la Normativa Básica”, explica Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO.

Hacienda está dispuesta a hablar sobre la recuperación de la negociación colectiva en cada ámbito de la Administración

Para los sindicatos, este sería un gran avance y permitiría acercar un gran pacto para el empleo público este año. En el aire están también las mejoras retributivas y el segundo acuerdo de mejora del empleo público, correspondiente al año 2018. Los sindicatos consideran que es posible que el número de trabajadores de las administraciones aumente en 2018. Sería el primer incremento de toda la crisis, desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujese la tasa de reposición.

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Esta nueva posición de Hacienda ha devuelto la esperanza a las organizaciones sindicales en conseguir un acuerdo sólido este año. Por su parte, Montoro ha asegurado que quiere que los trabajadores públicos tengan una subida del salario incluso sin Presupuestos, lo que podría dar un gran rédito político al Gobierno entre el personal público.