La ANC burla a la Justicia con una web en Suiza que pide el boicot a empresas españolas

Suiza se ha convertido no solo en un paraíso fiscal, sino en el refugio de las burlas a la justicia. El país helvético, paradigma del capitalismo y famoso por su secreto bancario que esconde los capitales más oscuros del mundo (provenientes de tráfico de personas, de armas, de terrorismo y de narcotráfico preferentemente), es uno de los destinos preferidos a la hora de burlar a la justicia española. Mientras, las autoridades suizas dan todas las facilidades para que quien se instale entre sus fronteras goce de una protección sin límites.

En las verdes montañas helvéticas aposentaron sus cuarteles de invierno las fugadas Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Anna Gabriel, dirigente de la CUP, que el año pasado volvió a España a reconciliarse con la justicia, que ni siquiera tenía cargos graves contra ella. Más recientemente, se refugió en su territorio el diputado de ERC Ruben Wagensberg, a quien la Guardia Civil atribuye ser el Conan (uno de los dirigentes) de la plataforma clandestina Tsunami Democràtic y sobre el que pende una acusación de terrorismo. Suiza, de momento, se ha negado a obedecer las peticiones judiciales españolas para facilitar determinados datos de cuentas corrientes relacionadas con terrorismo.

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Pero también esconde otros secretos. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ubicó en Suiza la web de Consumo Estratégico que la justicia española prohibió abrir en España por realizar competencia desleal y distorsionar el mercado. Esa web, denunciada ante los tribunales por la patronal Fomento del Trabajo, pedía el boicot a diferentes empresas españolas, instando a los ciudadanos a darse de baja y a contratar servicios (de suministro eléctrico, de gas, bancarios, de seguros, de telefonía, de gasolina o supermercados) con empresas catalanas que estaban a favor del procés y de la separación de Cataluña de España.

El pasado 5 de marzo, la Audiencia Provincial de Barcelona ratificó el cierre de la página y la prohibición de seguir realizando la campaña discriminatoria. Sostiene que está basada en cuestiones ideológicas y va en contra de las normas racionales de mercado.

Una copia ajena a la ANC

Pero la ANC va por delante de la justicia: el 11 de enero de 2020, copió la página creada en Barcelona por otra con el dominio consumeticcatala, es decir, consumo ético catalán. El título de la página era tan exacto que sus promotores ni siquiera modificaron el portal de inicio, que se abre con un grande Consum Estratègic, exactamente igual al condenado por la justicia española.

Pero para redondear su envolvente, la ANC registró esta nueva página en la localidad suiza de Ginebra. Se trata de la copia exacta del portal antiguo, cuyo contenido fue copiado. El registro expira el 11 de enero de 2025, según consta en el rastro informático. Fuentes cercanas a la entidad independentista afirman que este nuevo registro no tiene nada que ver con ellos, que posiblemente fue copiado y registrado por alguien ajeno a la organización catalana. Pero para trasladar todo el contenido de la página original, según otras fuentes consultadas, se ha tenido que contar con la anuencia de los propietarios de la web original.

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En la actual página, se han apuntado solo un puñado de empresas por sector. En telefonía, por ejemplo, hay cinco compañías, las más importantes de las cuales son Parlem y Fibracat, mientras que en electricidad hay 13 empresas; en gas apenas son tres; en seguros, cinco, con Mútuacat y Mussap a la cabeza; en grandes superficies, dos solamente; en asociaciones sindicales únicamente está la Intersindical; y en patronales solamente figura la Associació Cercle Català de Negocis. Pero, sorpresivamente, han desaparecido Petrolis Independents en la sección de carburantes o las del sector de finanzas como Caixa d'Enginyers, Fiore o Caixa de Pollença, que los independentistas recomendaban encarecidamente.

En sus objetivos reconoce que pretende "potenciar la creación de estructuras económicas desvinculadas de las empresas del Ibex 35 y de los poderes políticos del Estado español y favorecer, así, un tejido productivo catalán próspero por sí mismo". Es más: reconoce que la campaña consum estratègic "se engloba dentro de la campaña Eines de País, un conjunto de iniciativas que tienen como objetivo principal apoderar a la sociedad catalana, en este caso en el ámbito económico, mediante la toma de decisiones de consumo cotidiano". Eines de País es la candidatura de la ANC que en 2019 hizo trampas y consiguió el control de la Cámara de Comercio de Barcelona y que en las últimas elecciones a esta institución, hace pocas semanas, perdió los comicios.

"Perjudica a terceros"

En la web suiza, continúa teniendo un listado de proveedores y otro para inscribirse como consumidor para consumir solo productos patrióticos. En sus documentos iniciales, la web señalaba que su pretensión era "cambiar los hábitos para optar por aquellas que no hicieron política en contra del derecho a decidir de la sociedad catalana", frase polémica que luego cambió por el cambio de "hábitos de consumo para optar por aquellas iniciativas que planteen valores empresariales no politizados". En ese espacio, criticaba a las empresas que habían trasladado la sede fuera de Cataluña y pedía su boicot.

El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona dio la razón en su demanda por competencia desleal a Fomento del Trabajo. En su apelación ante la Audiencia, la entidad soberanista rechazaba las acusaciones y apelaba a que hacía uso de la libertad de expresión. En su sentencia, la Audiencia señala que "como consecuencia del boicot, se altera el mercado, los operadores económicos que no se ven afectados obtienen ante los boicoteados una ventaja que no se deriva de su propio esfuerzo, de la calidad o del precio de sus prestaciones, sino que proviene de la colaboración de diversos sujetos para perjudicar la posición competitiva de un tercero".

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"La ventaja así obtenida es desleal desde el punto de vista del derecho de la competencia (…) Esta ventaja no supone un avance desde el punto de vista económico; ni hace más eficiente el mercado ni constituye una mejora que se traslade al consumidor, ya que no se obtiene como consecuencia de la competencia natural. Con esto, se distorsiona el funcionamiento del mercado al eliminar el factor eficiencia".

En sus conclusiones, la Audiencia reconoce que "se ha probado la existencia de un boicot instigado por la demandada ANC a través de la campaña Consum Estratègic". Y subraya que la entidad soberanista "no se limitó a dar información a los consumidores o recomendaciones, como pretende en el recurso. Al contrario, señaló a determinadas empresas, las boicoteadas, y emitió juicios de valor atribuyendo un carácter negativo a algunos objetivos, como el hecho de cotizar en el Ibex 35 o aparecer en el BOE, y otros de carácter subjetivo, como el ser oligopolios o ser las empresas de la 'lonja del Bernabeu', pero en todo caso, agrupándolas bajo la denominación de 'haber participado en la campaña del miedo' o de 'hacer política contra el derecho a decidir del pueblo de Cataluña'".

El fallo del tribunal resalta que la ANC no solo recomienda el cambio de proveedor de servicios, sino que "requiere a los destinatarios para que resuelvan los contratos que mantienen con las empresas señaladas". Y termina recriminando que el principal objetivo de la campaña sea la discriminación de empresas "no por criterios propios del mercado, como la eficiencia, calidad o precio, sino por criterios ajenos y de carácter ideológico", induciendo a darse de baja de unas empresas y de alta en otras "no porque sus prestaciones sean mejores, ni porque sean más eficientes, sino porque asumen los postulados [políticos] que defiende la apelante".

En resumen, la campaña de la web constituye "un acto de obstrucción y afecta la competencia al vulnerar el principio de eficiencia del mercado" y que se trata de un auténtico boicot. Y termina con una frase lapidaria: "El test de la necesidad en una sociedad democrática ha de hacerse valorando la proporcionalidad de la injerencia en el derecho a la libertad de expresión con la finalidad legítima perseguida". Al final, también condena a la ANC a pagar las costas del recurso de alzada que había interpuesto.