La magistrada del TSJC que deniega la cautelar del 25% de castellano fue alto cargo de Mas

Una magistrada de corte independentista, ligada a Convergència y que fue alto cargo de Artur Mas, dictó un auto el pasado 26 de agosto oponiéndose a la medida cautelar de garantizar que se aplique en Cataluña el 25% de la enseñanza en castellano, tal y como había dictaminado el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en noviembre. Núria Bassols es la presidenta de la Sala de Vacaciones de ese tribunal, por lo que tomó cartas en el asunto en pleno verano, cuando los magistrados de la Sala Quinta estaban de vacaciones.

La Sala de Vacaciones está compuesta también por los magistrados María Pilar Martín y Carlos Ramos. Este último, curiosamente, fue recusado por el independentista Josep Costa, exvicepresidente del Parlament y retirado hace pocas semanas de la causa contra la antigua mesa del Parlament que desobedeció al Constitucional. Según afirmaba, Ramos es antiindependentista y había sido propuesto (hace 20 años) por los socialistas, lo que le invalidaba para juzgar a la mesa de la Cámara catalana, a juicio de Costa, exdiputado de JxCAT. Con varios escritos interpuestos sucesivamente, finalmente logró que, a la cuarta, Ramos se retirase y no formara parte de la sala que ha de juzgar por desobediencia a la mesa del Parlament que encabezaba Roger Torrent.

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En esta ocasión, sin embargo, con un auto encima de la mesa que favorece las tesis soberanistas, el independentismo pasa de largo por los supuestos intereses políticos de Ramos y no lo recusa. También obvia la tendencia política de Bassols, que fue protagonista de una tormenta política con Artur Mas en la presidencia de la Generalitat y cuyo marido fue detenido en el marco de la operación 3% por el supuesto desvío de comisiones de una empresa constructora hacia las arcas de Convergència, a cambio de adjudicaciones de obra pública.

La hoja de servicios de la magistrada a los convergentes es larga y sólida. Núria Bassols fue la magistrada que cerró en falso el caso Casinos, en los noventa del siglo pasado. Otro juez lo reabrió posteriormente y Convergència acabó condenada, aunque no se depuraron responsabilidades porque el delito había prescrito. Luego, exoneró en 2013 al presidente de la empresa pública Adigsa (la encargada de la vivienda pública), por irregularidades en ese organismo. En aquel escándalo fueron imputados los subordinados del presidente de la entidad, pero no él como máximo responsable. Esa decisión salvó de un mal trago a Convergència.

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La decisión de Bassols tuvo premio. Un mes más tarde de su decisión, fue fichada por el entonces ‘president’, Artur Mas, como directora del programa de políticas de transparencia del Departamento de Presidencia. Y en febrero de 2014, recibió otro galardón: fue ascendida a comisionada para la Transparencia y el Acceso a la Información, un cargo creado especialmente para ella, con un salario de más de 108.000 euros anuales.

Irregularidades de su marido

El nombramiento de la magistrada como alto cargo de CiU tiene una trastienda tenebrosa. Su marido, Josep Manel Bassols, alto cargo de Convergència, había sido fichado en 2011 por la constructora Oproler. Bassols tenía hilo directo con el propio Mas y había dirigido las campañas electorales de CiU en Girona los últimos años. En otras palabras, había sido el jefe de campaña de un entonces todavía desconocido Carles Puigdemont, además de ser él mismo alcalde de Anglès entre 1995 y 2003. Josep Manel Bassols fue detenido en dos ocasiones durante la investigación del sumario del 3%, una en octubre de 2015 y otra en julio de 2016.

En esa investigación, se le encontró una carta dirigida a Mas en la que le recordaba al ‘president’ los servicios prestados a Convergència y reclamaba un cargo importante en la empresa pública Gisa que le habían prometido. Esta entidad es la que controlaba toda la obra pública de Cataluña. Además, le decía en la misiva: “Paralelamente, mi esposa, Núria Bassols, a quien usted ya conoce, hace tiempo que necesita un ‘impasse’ temporal de la plaza que ocupa en la Sala Civil y Penal del TSJC, dado que lleva más de doce años (es, con diferencia, la más antigua) y han sido unos años de mucha presión”.

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La magistrada se había entrevistado en 2011 con Ramón Camp, dirigente de Convergència y diputado de CiU, para optar a un cargo de confianza en la Generalitat tras la subida de Artur Mas a ‘president’. Camp, según la misiva de su marido, le pidió que aguantase un par de años más. “Le agradecería sinceramente que me disipase estas dudas [sobre los destinos políticos para él y su esposa]; por tanto, quedo a su disposición para recibir esta respuesta en la forma y circunstancias que por el desarrollo de su tarea le sea más fácil”, señalaba. Una advertencia que no parecía caer en saco roto. Tras la sorprendente exoneración de Ferran Falcó, Mas la amparó en Presidencia: el 26 de noviembre de 2013 llegó a la Generalitat; el 24 de febrero de 2015 se la eleva a comisionada para la Transparencia, y el 19 de enero de 2016, con la llegada de Puigdemont y la elección de un nuevo Govern, cesa en su cargo.

Medida cautelar

La decisión tomada sobre la cautelar del 25%, en un momento en que los ánimos están encendidos por la cuestión de la lengua, es polémica. El 26 de julio pasado, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) solicitó al TSJC medidas cautelares para garantizar que se aplicase la sentencia que obligaba a impartir ese porcentaje de la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas. El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, pide que para el curso 2022-2023 se incluya en los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos el castellano como lengua vehicular de enseñanza y de referencia (además del catalán, el aranés en el Val d’Aran y la lengua de signos catalana). “En consecuencia, al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo (o la equivalente en el nuevo currículo) se deberá desarrollar en castellano y en las pruebas de evaluación también se deberá ofrecer a los alumnos catalanes la posibilidad de realizar los ejercicios también en castellano con el correspondiente material en esa lengua oficial”, pedía el escrito.

La Sección Quinta dictó un auto el 28 de julio desestimando la medida cautelar “en los términos demandados”. Poco después, la Sala de Vacaciones del tribunal pidió al fiscal y a la Generalitat que se pronunciasen, lo que hicieron, oponiéndose a la decisión. Así, tuvo las manos libres para dictar otro escrito, de fecha 26 de agosto, en el que desestimaba la adopción de cualquier medida. “La jurisprudencia viene mostrándose contraria a la concesión de una medida cautelar positiva, salvo que se acredite por el solicitante de la misma la causación de perjuicios irreparables en caso de no dar lugar a su petición”, dice.

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Se deniega, además, porque si se aceptase la medida cautelar de aplicar la sentencia, “adelantaría prácticamente la estimación íntegra del recurso. Aunque ello no sea extraño e infrecuente, lo que sí es inadmisible es la falta de concreción de los perjuicios que se derivarían en el supuesto de que no se adoptara la medida cautelar y, contrariamente a ello, fuera estimada con carácter definitivo la pretensión ejercida en el recurso”. Y acusa directamente a la AEB de que “lo que pretende en realidad es avanzar el dictado de una resolución favorable a la parte recurrente. Dicho interés, que no puede tildarse de reprobable, tampoco resultará muy mermado, habida cuenta que estamos en un procedimiento de carácter sumario, como es el procedimiento de derechos fundamentales”.

La Sala de Vacaciones se apoya en la argumentación de la Fiscalía, que reconoce que, tras la sentencia, y para no cumplirla, el Govern promulgó primero el Decreto ley 6/2022 de 30 de mayo y luego el Parlament aprobó la Ley 8/2022 de 9 de junio, por lo que el marco legal ha cambiado. Esas dos normas han sido llevadas al Tribunal Constitucional por la Sección Quinta del TSJC, por lo que se deberá esperar a lo que dictamine este árbitro. Por tanto, se deniega definitivamente la asunción de la medida de que se reconozca el castellano como lengua vehicular y que se dé una asignatura más en este idioma, tal y como habían ordenado los tribunales en noviembre de 2021.