Nuevo golpe al 3%: la Guardia Civil desactiva un cártel de empresas que actuó con CDC

La Guardia Civil ha lanzado a primera hora de este martes un nuevo dispositivo contra la trama corrupta del 3% de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), actual PDeCAT. La operación, que ha recibido el nombre de Colisorium, está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y se centra en un cártel de empresas que habría amañado durante años decenas de adjudicaciones de organismos públicos dependientes de la Generalitat, pactando previamente en secreto las condiciones en las que iban a concurrir a esas licitaciones. De ese modo, se aseguraban márgenes de beneficio muy superiores a los habituales, en detrimento de las arcas públicas y de la libre competencia, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas.

Entre los implicados se encuentra el departamento infraestructures.cat de la Generalitat, así como la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) y las mercantiles GPO Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA, Ayesa Ingeniería y Arquitectura SA, Dopec SL. La Guardia Civil está registrando en estos momentos las sedes de estas instituciones y empresas en Barcelona, Sant Cugat del Vallès y Sevilla. También ha hecho un requerimiento de información a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que ya hizo una investigación sobre este colectivo de sociedades.

Las pesquisas del Instituto Armado, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, habrían permitido descubrir un presunto pacto colusorio de las empresas implicadas para repartirse decenas de licitaciones de empresas públicas de la Generalitat. La pista clave que ha conducido a este operativo fue localizada en el registro de infraestructures.cat durante la operación Petrum III en octubre de 2015. Los investigadores localizaron un correo electrónico remitido desde una cuenta abierta a nombre de un personaje ficticio, Nuria Bofill, que desvelaba la existencia de un sistema para alterar la baremación de los concursos públicos de instituciones controladas por Convergència. El método consistía en inflar la puntuación del apartado técnico, de carácter subjetivo, con respecto al capítulo económico, fundamentalmente objetivo.

La cuenta de correo administrada por la supuesta Nuria Bofill, como adelantó 'El Español' en julio de 2017, resultó ser el medio de comunicación utilizado por el cártel para coordinarse. Fijaba las condiciones en las que debía concurrir a los concursos cada una de las compañías implicadas para asegurarse de que las adjudicaciones se producían por un importe muy superior al que habría resultado si los procesos se hubieran celebrado en una situación de libre competencia. Las mercantiles ajenas a este círculo quedaban sistemáticamente excluidas de los contratos adjudicados en Cataluña.

Los investigadores apuntan que este método habría estado funcionando con el conocimiento de altos cargos del Govern de Artur Mas y de Converència, que habrían participado en el reparto de los beneficios extra que generaba artificialmente el pacto colusorio. En concreto, las averiguaciones han permitido descubrir reuniones del cártel con el exconsejero de Justicia Germà Gordó (2012-2016) y el extesorero de Convergència Andreu Viloca, ambos imputados ya en el caso del 3%.

Las irregularidades afectarían a licitaciones de Gestión de Infraestructuras y su sucesora, Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, durante la época en que sus máximos responsables eran los cargos de Convergència Joan Lluís Quer, fugado a Chile, y Josep Antoni Rosell. También habrían participado en la trama los entes públicos Riegos de Cataluña SA (Regsa), Aigües Ter Llobregat (ATLL), Agencia Catalana del Agua, Consorcio de Aguas de Tarragona y Barcelona de Infraestructuras Municipales SA (Bimsa), esta última dependiente del ayuntamiento de la Ciudad Condal.

Un millón en donaciones ilegales a CDC

El origen de este nuevo operativo contra la corrupción en Cataluña se remonta a 2013, cuando el Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) abrió un procedimiento por unas supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por el entonces alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, de Convergència. En los meses siguientes se descubrió que su partido había aplicado durante años un sistema para amañar centenares de adjudicaciones públicas a cambio de donaciones opacas. El dinero entraba presuntamente en la caja B de Convergència a través de sus fundaciones, CatDem, Forum Barcelona y Nous Catalans.

El pasado febrero, el caso fue asumido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras detectarse movimientos de fondos en el extranjero. En uno de los últimos autos del juez que dirige la investigación, José de la Mata, se acusa ya al PDeCAT de ser heredero directo de Convergència y se concluye que la presunta organización criminal habría manipulado licitaciones entre 2008 y 2014 por importe de 175 millones de euros a cambio de aportaciones ilegales al partido que sumarían un millón. No obstante, la cifra es provisional.

"Esta operativa, lejos de corresponderse con una iniciativa autónoma e independiente de determinadas personas físicas en el ejercicio de sus cargos de responsabilidad en el partido, se correspondería con un sistema normalizado de financiación que se habría sostenido en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y a pesar de las advertencias de irregularidad de las que eran informados", sostiene De la Mata.