Ofensiva independentista para agitar las calles por la sentencia del castellano

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de obligar al Gobierno catalán a impartir el 25% de las clases en castellano ha servido como gasolina para reavivar el fuego independentista. Con un activismo desmotivado y reacio a agitar de nuevo las calles, plataformas, entidades, partidos y grupos más extremistas han aprovechado el ultimátum de 15 días dado por el tribunal para tratar de tensionar de nuevo el ambiente y sacar a la gente de sus casas. El ‘procés’ ya no mueve la calle, pero sí mueve la política. Las principales organizaciones se han arremangado para sacar rédito de la situación.

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Antonio Fernández. Barcelona

El Consell per la República, el órgano que preside Carles Puigdemont, fue de los primeros en reaccionar. “Es preciso asegurar la defensa de nuestros derechos políticos y lingüísticos con una estrategia de cobertura legal, administrativa y política de la vehicularidad única del catalán. Esta defensa de la vehicularidad única puede tener una concreción decisiva en las acciones encaminadas a no acatar la sentencia del 25% que eventualmente puedan emprender los centros educativos, sus consejos escolares y sus docentes”, dijo en un comunicado el órgano de Carles Puigdemont.

El Consell considera que la sentencia “constituye una gravísima injerencia del Estado español y sus tribunales en el sistema educativo de Cataluña”. En otras palabras, quiere situar al sistema educativo por encima del imperio de la ley.

También la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha llamado a desobedecer la sentencia, en pleno proceso de cambio de su cúpula (los socios han de votar telemáticamente la nueva dirección entre el 10 y el 14 de mayo). Y la plataforma Somescola, constituida por unas 60 entidades, también.

Esta plataforma ya se había posicionado en contra del amplio acuerdo de ERC, socialistas, comunes y JxCAT (aunque este partido se desmarcó posteriormente para sacar rédito político a su enfrentamiento con ERC) para modificar la ley y acabar así con el problema. Este martes, Somescola convocó una cumbre de las entidades que la apoyan para estudiar acciones conjuntas y movilizar la calle.

“Somescola muestra su indignación y total rechazo al auto del TSJC que, si se aplica, implicará el desmantelamiento del sistema de inmersión y del modelo de escuela en catalán”, alertó la plataforma. Además, se reafirmó “en el compromiso del catalán como lengua vehicular y vertebradora, que no segrega por razón de lengua y que promueve la cohesión social y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado”. La entidad estudia una “respuesta jurídica, movilizaciones, acciones en los centros y el apoyo a los centros educativos y a los docentes”, señalaron.

También el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, se hizo sentir. “La intromisión de las togas en el aula es intolerable y antidemocrática. No podemos permitir que la arbitrariedad y la presión de una representación del 0,01% del alumnado se lleve el criterio pedagógico, la convivencia y el sentido común”, lanzó por las redes.

El tema, a la ONU

La Plataforma per la Llengua se adelantó a los jueces y, de hecho, hace una semana que uno de sus dirigentes, Òscar-Adrià Ibáñez, pidió al relator especial Fernand de Varennes que intervenga en la ONU para “proteger el derecho de los catalanoparlantes”. Ibáñez aseguró que hay un discurso del odio que “se promueve para atacar a los defensores de la escuela en catalán”.

Y pidió, asimismo, que el Estado español reconozca como minoría nacional a los catalanes. Varennes es el relator especial de la ONU sobre las minorías y trata sobre conflictos étnicos y relaciones entre comunidades. En la víspera del juicio del 1-O, viajó a España, se entrevistó con multitud de plataformas independentistas (solo recibió a una entidad no soberanista y se negó a reunirse con otras muy representativas) y elaboró un sospechoso informe donde afirmaba que España castigaba la “disidencia política no violenta”. De hecho, Varennes había recibido años atrás un premio internacional en metálico de una entidad independentista.

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EFE

Lo que nunca explicaron los representantes independentistas a los relatores de la ONU es que lo que la sentencia pide es que solo se dé una asignatura más en castellano (en la actualidad los alumnos solo reciben una asignatura en esa lengua, que suele ser, precisamente, la de castellano). El fallo, visto desde ese punto de vista, no pone en peligro ni la inmersión ni el sistema ni el catalán como lengua. Pero sirve como banderín de enganche para una campaña que intenta criminalizar una decisión judicial que trata de ponderar los derechos de todos los colectivos que cohabitan en Cataluña.

Un sector del independentismo, no obstante, obvia ese extremo y reclama el arrinconamiento del castellano, considerado como “lengua invasora”. “Ante la sumisión del Gobierno catalán, hacemos un llamamiento a la juventud trabajadora catalana para que salga a las calles en defensa de una enseñanza pública y en catalán. Solo el pueblo organizado y decidido a romper con el Estado español puede hacer caer una sentencia que pone en riesgo nuestra lengua”, dice un manifiesto aprobado por Arran, la rama juvenil de la CUP. También el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) alertó de que “ante la ejecución de una sentencia que pretende acabar con nuestra lengua, estaremos en primera línea defendiendo el catalán. La escuela en catalán es imprescindible para garantizar su normalización como lengua y, por tanto, su supervivencia. Ante su sentencia, ¡los estudiantes en pie de guerra!”.

Una plataforma formada por destacados activistas de la ANC y del Consell per la República también distribuyó este miércoles un cartel con la cabeza decapitada de Jesús María Barrientos, presidente del TSJC y el lema “El catalán no se toca”. Es una muestra más de la crispación que se quiere imprimir a la sociedad catalana alimentando un supuesto conflicto que puede ser fácilmente manipulable.