Catalanizarse, palcos... cómo contratar obra pública en Cataluña y no morir en el intento

Ser empresario no es fácil. Tener adjudicaciones públicas ya es algo más difícil. Y tenerlas en Cataluña lleva un plus de dificultad añadido. Eso es lo que le pasó a Sergio Lerma, propietario de la constructora Oproler, que durante años se presentó a decenas de concursos públicos con exiguos resultados.

En la segunda etapa del Tripartito, Oproler ganó una pequeña obra en Tarragona. A partir de ahí, se presentó a 25 concursos y no ganó ninguno. Lerma afirmó ante el juez Josep Bosch, que instruye el llamado sumario del 3%, que se personó en las dependencias de Gisa, que era la empresa de la que dependía toda la obra pública del Gobierno catalán, para averiguar el motivo de tamaña mala suerte. “Le dicen que siga intentándolo, que en efecto ‘ya le debería haber tocado a usted otra’. Tras presentar media docena de ofertas más, con resultado negativo, solicita una reunión con el máximo responsable, y le atiende la misma persona de su gabinete para decirle, con la mejor voluntad, que es mejor que no siga perdiendo el tiempo porque ‘Oproler no está en la lista’. Oproler dejó inmediatamente de licitar para Gisa, asumiendo la situación”. En ese momento todavía gobernaba el tripartito.

Poco después, un amigo del padre de Lerma le aconsejó que para conseguir obra pública en Cataluña debía "dulcificar el perfil personal y de la empresa, por ser militar y la empresa, de Madrid, así como aumentar la presencia social en Cataluña de la empresa y la suya propia como presidente. Recalcó que el sello de catalanidad es muy relevante".

De esa manera, el empresario madrileño cambia radicalmente de estrategia y toma una serie de medidas drásticas. En primer lugar, decide “mantener el holding empresarial que cuelga de Oproler con sede en Barcelona, en lugar de trasladarlo a Madrid, que era lo previsto, dado que el 90% de la facturación estaba fuera de Cataluña”.

La segunda medida fue alquilar un palco en el Camp Nou. Con ello, visibilizaba su presencia en la comunidad y se ligaba al sello de catalanidad que transmitía el club azulgrana. Al mismo tiempo, realizó mejoras en la sede de su empresa en Barcelona para dar una mejor imagen.

"Sonaba más catalán"

La tercera medida, no menos espectacular, fue crear una empresa con los apellidos de su esposa, “porque sonaba más catalán, y con NIF catalán, con ánimo de potenciarla poco a poco y sustituir a Oproler en Cataluña”. Lerma se vio obligado también a financiar las camisetas de un equipo ciclista aficionado radicado en Barcelona. Por si fuera poco, se cubrió las espaldas y obtuvo la clasificación como contratista catalán para su compañía a pesar de ser “redundante con la clasificación española”.

No le bastaba con eso, ya que el mercado público catalán era muy cerrado y el pequeño grupo de empresas que Jordi Pujol había impulsado durante décadas seguía copando las adjudicaciones públicas. Una de las medidas para contrarrestar la influencia del compacto bloque de adjudicatarios –algunas de cuyas obras también están siendo investigadas por la justicia en el caso Pujol y en el caso 3%– fue hacer “una gran inversión en el departamento de estudios para mejorar dramáticamente la calidad de las ofertas técnicas, gastándose treinta veces más en Barcelona que en Madrid, incluso teniendo en cuenta que la proporción es 15% Barcelona y 85% Madrid”.

Oproler comenzó a ganar un concurso de cada diez de los licitados por Gisa y uno de cada 20 de los licitados por la empresa municipal Bimsa

Las dos últimas acciones de Lerma para tratar de conseguir obra pública fueron más comprometidas: en el año 2010, “a título personal”, realizó “todavía en época del Tripartito, dos donaciones, declaradas debidamente en la declaración de la renta de dicho año, a dos fundaciones culturales de carácter catalanista moderado”. Esas donaciones fueron a parar a las arcas de Convergència Democràtica de Catalunya, que era la favorita en las encuestas para ganar las elecciones que se iban a celebrar ese mismo año. Además, en aquel momento, ya se conocían los problemas entre los integrantes del Tripartito y se daba por seguro que no se repetiría un Gobierno similar y que gobernaría CiU.

En un escrito posterior al juzgado, el letrado de Lerma insistía en las iniciativas que su cliente tuvo que llevar a cabo para introducirse en el mercado público catalán y añadía, por ejemplo, que tuvo que afiliarse al Gremi de Constructors. Asimismo, se vio obligado a la externalización de tareas en cuanto a la elaboración de las documentaciones técnicas para la presentación de ofertas. En esta tarea, desde el 2011 al 2015, la delegación de Barcelona gastó diez veces más que la de Madrid para una facturación de uno a siete. En consecuencia, el desequilibrio fue de “casi 1/70 en la inversión relativa a la preparación externa de las ofertas técnicas, lo que refleja el esfuerzo brutal que se dedicó a la consecución de obra pública en Cataluña, siendo mediocre el resultado obtenido en proporción a dicho esfuerzo”. ​

El abogado reconoce, no obstante, que “el esfuerzo dio algún fruto, pero claramente insuficiente para la gran inversión realizada. Conviene dejar claro que con todas estas medidas no se pretendió nunca esperar nada del favor de la Administración, sino no temer de la arbitrariedad y poder competir en igualdad de oportunidades con otras empresas, a la vista de los antecedentes de rechazo a una empresa de Madrid”. Así, a partir de las medidas adoptadas, Oproler comenzó a ganar un concurso de cada diez a los que se presentaba de Gisa y uno de cada 20 de los que se presentaba de Bimsa (la empresa de la obra pública del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en mano de CiU y con Xavier Trias de alcalde). Además, siempre se tenía que presentar dentro de una unión temporal de empresas (UTE), por lo que los resultados se repartían con los eventuales socios.

Un delegado "oriundo"

Pero la gran baza ese año fue la contratación “de un delegado en Cataluña, oriundo de Cataluña, frente al anterior, que era de Madrid”. El nombramiento recayó en Josep Manel Bassols, un dirigente de Convergència, con línea directa con Artur Mas y responsable de las campañas electorales de CiU en la demarcación de Girona. Bassols (que resultó también detenido en el caso 3%) es el marido de la jueza Núria Bassols, que, como miembro del TSJC, dictó un auto exonerando a Ferran Falcó, expresidente de Adigsa (el holding del Gobierno que controla la vivienda pública,) de adjudicaciones irregulares.

Y es que, en las adjudicaciones de las obras de remodelación de los centenares de pisos públicos, se exigía una ‘mordida’ del 20% a los empresarios si querían los contratos públicos. Todos los altos cargos de Adigsa fueron juzgados este mes de mayo… excepto su presidente, exonerado en el año 2013 por Núria Bassols. Inmediatamente después de esa extraña exoneración, fue fichada por Artur Mas como cargo de confianza en Presidencia, donde acabó como comisionada para la Transparencia cobrando más de 108.000 euros al año. El propio Josep Manel Bassols le había enviado un duro correo a Mas recordándole que se le estaba agotando la paciencia porque no le daban un cargo político a su esposa. El aviso funcionó. Como pareció funcionar su fichaje por Oproler, aunque al final tanto él como su jefe acabaron en el calabozo.