el consejero de adigsa testificó ante la policía

El responsable de vivienda pública denuncia 100 adjudicaciones irregulares con Mas

Un nuevo juicio amenaza al 'expresident' de la Generalitat: el de las actuaciones con la vivienda pública catalana durante su época de 'conseller en cap'

Foto: El exdirector del Institut Català del Sòl Miquel Bonilla. (EFE)
El exdirector del Institut Català del Sòl Miquel Bonilla. (EFE)

Miquel Bonilla, consejero delegado de Adigsaempresa que controla las viviendas públicas en Cataluña—, reconoció ante la policía que en la época en que Artur Mas era ‘conseller en cap’ (consejero jefe) del Gobierno catalán, “se adjudicaron una serie de obras sin proceso de licitación reglamentario”. Y subrayó que “la antigua dirección hacía encargos a contratistas sin respetar procedimiento formal alguno, y de las mismas no hay constancia documental”. En total, afirmó el directivo, había unas “100 actuaciones” irregulares.

Entre esas empresas, según un informe judicial, se cita a Teyco (propiedad de la familia Sumarroca, algunos de cuyos integrantes fueron detenidos recientemente en la investigación del caso 3%, que dirige un juez de El Vendrell) y Natur System, una empresa en la que fue accionista y tuvo responsabilidades Daniel Osàcar, extesorero de CDC, también detenido en el caso 3%. Osàcar y Natur System aparecen, asimismo, en el sumario del caso Palau, que se juzga estos días. Demasiadas coincidencias como para ser casualidad. Un informe de la intervención general de la Generalitat reconocía también hace una década que “el 57% del volumen de facturación de proveedores durante el ejercicio 2001 se concentra en cinco empresas”. La segunda y la tercera que se citan son, de nuevo, Teyco y Natur System.

La empresa que controla las viviendas públicas sociales, Adigsa, es también el paradigma del descontrol. O, al menos, del descontrol oficial, porque al parecer sus directivos sí que controlaban, bajo mano, las adjudicaciones. El próximo mes de mayo, comenzará el juicio por el que se juzgará a directivos de esta compañía, acusados de realizar adjudicaciones y contrataciones a dedo y sin control alguno.

Así se adjudicaban

Más extravagante era el método de adjudicación empleado. La mayoría de las contrataciones de Adigsa se realizaban a dedo, sin concurso alguno y por mediación de un personaje externo, José María Penin, que era familiar del entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig. Precisamente la consejería de la que dependía Adigsa. El propio Penin nunca desveló exactamente las circunstancias de su contratación, pero declaró a la policía que con su entrada “idearon el plan de compra de viviendas del mercado secundario por motivaciones de rentabilidad política y con vistas a las elecciones, no por rentabilidad económica”.

Según tres técnicos de Adigsa, “el coste de las obras de rehabilitación en que intervino Penin es muy elevado para las obras que se hacían”. El informe policial es contundente: “Esta opinión podría verse apoyada por el informe de tasación efectuado a petición de Adigsa por la empresa Intervalor Consulting Group, que sobre 17 viviendas estudiadas de las cerca de 40 en que Penin pudo tener intervención, se estima que hay un 15,51% de sobrecoste”. En realidad, Penin exigía a los adjudicatarios un sobrecoste del 20%, del que una parte era supuestamente para CDC y otra para bolsillos privados.

Cuatro millones descontrolados

Según el personal de la empresa pública, las labores de Penin eran muy precisas: “Una vez adquirido el piso, recogía las llaves, valoraba las obras a hacer, contrataba al industrial y empleaba sus contactos en Adigsa para agilizar el pago de las facturas a estos contratistas”. Además, el expediente de contratación se efectuaba siempre 'a posteriori', es decir, después de haber sido adjudicadas las obras e incluso después de haberse terminado. Antonio Giménez, técnico de la compañía pública, admitió que “Penin traía los pisos, la empresa de rehabilitadores escogida con el presupuesto que se iba a pagar y con la obra iniciada y a partir de ahí se hacían los papeles de autorización simulando un pequeño concurso en que tres empresas concurrían. Cuando ponían problemas de pago, el señor Penin se jactaba de que pagarían y a los pocos minutos alguien llamaba a Huguet [Jordi Huguet, director técnico] y se hacía todo”. Según las declaraciones posteriores de Bonilla, este estaba convencido de que “este operativo era consentido tanto por Ferran Falcó como por Josep Anton Fondevila”, que eran los máximos directivos de la empresa pública.

José María Oliveras, director del área técnica de Adigsa a partir de 2004, señaló en otra declaración que además de las obras de Penin “hay otra serie de constructores que habían hecho obras sin contrato y estaban teniendo dificultades para cobrar, cuyo valor total asciende a cuatro millones de euros. Los constructores eran Teyco, Comapa, Natur System, CSV, Can Ensenya y Misca. Las que más obras tenían y de más volumen eran las tres primeras”. Oliveras también confirmó que el tema de tasación de viviendas fue encargado al familiar de Felip Puig por orden del entonces presidente de Adigsa, Ferran Falcó, que hoy es secretario de Territorio en el Gobierno de Carles Puigdemont.

El oscurantismo durante años fue total. Tanto es así que “algunos de los pisos del mercado secundario rehabilitados y facturados en 2003 no estaban terminados y se hizo otro concurso en 2004 [ya con el Tripartito en el poder] para que fueran acabados antes de que estuvieran disponibles para entregarlos en alquiler”.

Un revelador correo electrónico

Lo cierto es que la cúpula del Gobierno estaba en el ajo. Y Penin tenía hilo directo con el consejero Puig. La secretaria de este, Francina Castellet, reconoció ante la policía llamadas del trabajador externo de Adigsa a su familiar. Una de las llamadas fue para notificarle la muerte de su padre. Las otras estaban relacionadas con “ciertos pagos pendientes”.

Un revelador correo electrónico del 7 de noviembre de 2003, de Francina a su jefe, Felip Puig, llevaba el sugerente asunto ‘Penin ya no sabe cómo hacerlo’. En él, le daba cuenta de que su familiar estaba muy preocupado “porque no hay manera de que atiendan su situación en el tema de la rehabilitación de pisos del programa para jóvenes que le encargaron, que, con la confianza de las indicaciones de Fondevila [consejero delegado] de tirar adelante —sin ninguna formalización de adjudicación— hizo los encargos a los contratistas, que ya han hecho las obras y ahora, cuando telefonean al servicio de contratación, les dicen que no tienen ningún expediente y que, por tanto, Adigsa no puede pagar”. Según la secretaria, el importe de las obras variaba entre “uno y tres millones [se supone de pesetas], que multiplicado por 40 es mucho dinero [alrededor de unos 500.000 euros al cambio actual]. Y esta es la situación en que se encuentra Penin, sin saber cómo responder después de haber tenido que tirar adelante porque así se lo indicaba Fondevila, a pesar de que no se había firmado ningún papel de adjudicación”.

Para la policía, este 'mail' es importante por cuanto se desprende de él que “el señor Puig conocía a Penin lo suficiente como para cuando recibía una nota que hablaba de ‘Penin’, sin nombre ni otro apellido, ni cargo, supiera de quién le estaban hablando. Asimismo, se desprende suficiente confianza como para comunicarle la muerte de un familiar”. El propio Penin reconoció, según los informes policiales, que “la iniciativa de otorgar obras antes del correspondiente expediente administrativo era iniciativa de Fondevila, Huguet y Jiménez, y que esto era sabido y amparado por Ferran Falcó. Por comentarios y referencias, piensa que también lo sabían Felip Puig (consejero) y el propio Oriol Pujol Ferrusola".

Toda la obra pública, bajo sospecha

Las adjudicaciones de obra pública en Cataluña han estado tradicionalmente bajo sospecha. El director general de Infraestructures (la empresa pública de la cual depende toda la obra pública) en los dos últimos gobiernos de Mas, Joan Antoni Rosell, ha sido detenido al estar bajo sospecha por las adjudicaciones a empresas que luego cotizaban a las arcas de Convergència. Y el máximo responsable de esa compañía, Joan Lluís Quer, no ha sido detenido porque se trasladó a Chile. De hecho, Quer nació en aquel país sudamericano y, tras su renuncia al cargo de presidente de Infraestructures, se marchó en cuanto pudo, llevándose a su pareja. Solo su huida evitó la detención. Y no hay que olvidar que Quer era el hombre de confianza de Artur Mas, que depositó en él toda su confianza y aglutinó en sus manos no solo las obras públicas viarias, sino las obras de Ifercat (o sea, de los ferrocarriles), de Regsa (la empresa pública de riegos) y de Regsega. En total, pues, era el superhombre de la obra pública.

Cataluña

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
11 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios