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Un hermano del consejero Felip Puig, imputado por estafa en la República Dominicana
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FUE SOCIO DE JORDI PUJOL FERRUSOLA

Un hermano del consejero Felip Puig, imputado por estafa en la República Dominicana

Jordi Puig Godes, hermano del consejero de Empresa y Ocupación de Cataluña, Felip Puig, está reclamado por un juzgado de Punta Cana, en la República Dominicana, para

Foto: Un hermano del consejero Felip Puig, imputado por estafa en la República Dominicana
Un hermano del consejero Felip Puig, imputado por estafa en la República Dominicana

Jordi Puig Godes, hermano del consejero de Empresa y Ocupación de Cataluña, Felip Puig, está reclamado por un juzgado de Punta Cana, en la República Dominicana, para responder de una acusacion de estafa, en la que un empresario argentino le pide prisión y una indemnización de 7 millones de euros “como justa reparación de los daños materiales y perjuicios morales ocasionados”.

La Procuradoría fiscal del distrito de Altagracia pidió el pasado 5 de febrero al Ministerio de Relaciones Exteriores que cite a Jordi Puig para el próximo 23 de marzo. La citación se envió a la dirección barcelonesa en la que Jordi Puig ha mantenido durante años empresas conjuntas con Jordi Pujol Ferrusola.

Pocas veces una historia puede aunar matices rocambolescos como los que afectan a una pretendida inversión en la República Dominicana que debía pilotar el inversionista Jordi Puig Godes y que acabó como el rosario de la aurora. En ella no faltan importantes empresarios dominicanos, complejos hoteleros de lujo, empresas de Panamá a través de las que se quiere hacer llegar el dinero, socios andorranos, otros socios ocultos españoles y el matiz político: el inversionista es hermano de un importante político catalán.

Aquel se comprometió a realizar unos negocios en la zona de Punta Cana en los que también participarían socios barceloneses, aunque nunca llegó a identificarlos. Dejó colgados a todos y se perdió un negocio que se prometía boyante. Según fuentes cercanas a la acusación, la preocupación de Puig era si las autoridades dominicanas le permitirían invertir a través de una sociedad panameña, en la que tenía como socio a un ciudadano de Andorra. Es decir, si podría llevar dinero sin tener que presentar ninguna justificación.

Su socio dominicano le aseguró por correo electrónico que se reunió con un representante del Banco Popular y que “presentando el contrato del Bahía [el hotel con el que iba a hacer negocio] no hay que justificar el origen del dinero que ingrese en la cuenta de la compañía”. Este diario no pudo obtener la versión de Jordi Puig, que no contestó a las llamadas de El Confidencial ni en sus números fijos ni en su móvil.

La querella fue interpuesta por el empresario Alfredo Seffeld. La historia comenzó en febrero del 2010, cuando este llegó a un acuerdo con el grupo Bahía Príncipe -era amigo de su propietario, el empresario Pablo Piñero- para crear un parque temático de 16.000 metros cuadrados dentro del complejo hotelero, el mayor de la zona. La compañía hotelera, con una ocupación que ronda el 100%, garantizaba, además, 5.000 entradas semanales a su clientela. La contrapartida era que la compañía explotadora del parque debía pagar el 15% de su facturación bruta durante los dos primeros años y el 50% durante los cinco años siguientes. Es decir, unas condiciones óptimas para emprender el negocio.

El empresario del 3%

Lo único que necesitaba Seffeld era un inversionista. Este empresario conocía a un español que trabajaba entonces en la zona: Juan Antonio Salguero. Su nombre es conocido en algunos círculos, porque fue el primero que denunció la adjudicación de obras de la Generalitat de Cataluña a cambio del 20% de comisión. Salguero se presentó en fiscalía a denunciar después de que Pasqual Maragall recriminase a Artur Mas en el Parlamento autonómico que su problema era “el 3%”. El tema provocó una investigación judicial que todavía se encuentra abierta y en la que está implicado el entonces presidente de Adigsa y actual jefe de CiU en Badalona, Ferran Falcó.

Salguero, que a cambio del 10% de las acciones del parque se ocuparía de parte de las obras del mismo, contactó con José Luis Pardell, un intermediario de compra-venta de fincas de origen catalán. Pardell,a su vez, contactó con Miguel Ángel Parejo, vinculado al grupo Ferrovial, y con Jordi Puig, que se desplazó a Santo Domingo para conocer el proyecto in situ.

Según el relato de la querella, Puig se reunió con Seffeld y con el director del hotel, garantizando la construcción del parque en 3 meses. El inversionista catalán llegó incluso a realizar entrevistas de trabajo a futuros empleados “asumiendo la función de presentarse como socio capitalista y garantizarle al hotel la inversión requerida”. El proyecto se veía con tanto futuro que incluso hubo contactos con el grupo Melià para realizar otro parque en sus terrenos. Y mandaba tanto que incluso hizo replantear algunas cosas sobre plano, encargó el laser tag y los uniformes. Todos los gastos, no obstante, fueron sufragados por Seffeld, ya que Puig no llegó a desembolsar ni un céntimo. Eso sí, fue tratado a cuerpo de rey e incluso cenó con Pablo Piñero.

“Nunca más se presentó el imputado Jordi Puig al país, nunca mandó el dinero del replanteo ni ningún otro dinero, sabedor de que, pasados los plazos dados por el hotel, se cerrarían las puertas y se pondría fin al sueño empresarial”. Según el texto de la demanda, durante dos años Jordi Puig estuvo dando largas para no poner dinero, mientras se ponían en marcha campañas de marketing, se contrataba personal y se encargaban trabajos.

Según se afirma en la querella, Puig pospuso su vuelta a la República Dominicana hasta en cinco ocasiones. En cada una de ellas, se le hacía la reserva de la mejor habitación del hotel, dado que era el socio capitalista del complejo. Y esas reservas las pagaba Seffeld de su bolsillo. Al mismo tiempo, el argentino rechazaba otras ofertas para financiar el negocio porque se fió del catalán. 

Demasiada confianza

¿Por qué se fiaba tanto del catalán? “Porque siendo hermano de quien era, debía de ser una persona seria”, admiten fuentes cercanas a la acusación. De ahí que la querella ponga el dedo en la llaga y saque a relucir la presencia de una persona vinculada a Ferrovial que, a su vez, está vinculada “según medios de prensa española a la financiación del partido político del cual el imputado es hermano del consejero de Interior”. Y en otro párrafo subraya de nuevo el parentesco de ambos, detallando que Felip “es representante del partido CiU, cuya sede se encuentra embargada por la Fiscalía (sic) española ante una posible financiación ilegal del partido”.

La querella entra en otro terreno más farragoso en otro capítulo. Los hechos, dice el texto,”constituyen el ilícito de estafa, en razón de que el imputado se valió de falsas empresas y promesas para que el señor Alfredo Seffeld no sólo le diera una participación y el control de la compañía, sino que también erogó sumas de dinero en dólares, siempre bajo la promesa del nombrado Jordi Puig de que iba a aportar el capital necesario tanto para realizar el proyecto como para reembolsar los gastos hechos por el señor Seffeld. Este engaño, además, se sostiene con la confirmación del señor Miguel Ángel Parejo, vía mail, diciendo que él mismo se estaba ocupando de la transferencia de los fondos a una empresa panameña confirmada por el señor Puig”. En un mail posterior, el propio Seffeld comenta a Puig que “le he mandado a Parejo lo que me has pedido”.

La empresa panameña era Puig y Guifré, constituida, según dijo el inversionista catalán, con un ciudadano andorrano. Por ello, la querella incluye la petición de que se solicite “al Ministerio de Hacienda del Reino de España la pertinente declaración del ejercicio 2010 de la renta que, como persona tributa el señor Jordi Puig, en cuyo lugar deberá figurar la compra de las acciones de Puig y Guifré”.

"Nuestro hombre en República"

Un correo electrónico que envía Jordi Puig a Seffeld el 10 de septiembre del 2010, el primero le comunica: “No sé nada de ti. Creo que debemos avanzar en el acuerdo que logramos en Dominicana. Hay que decir que José Luis [Pardell] intenta contactar contigo y no es posible. ¿Pasa algo? Recuerda que es nuestro hombre en República. Dime algo y gracias. Confírmame cómo van los temas, entre otros la reunión de hoy. Confírmame también las fechas para regresar con mi socio”.

El 14 de septiembre, el empresario de República Dominicana le contestaba. “Con José Luis me veo a diario, por lo único que quería comunicarme contigo era para informarte de que ya había recibido la documentación de la compañía [la que ambos creaban en la isla, que se encargaría de gestionar el parque], estatutos, actas de asambleas y distribución accionarial (...) Yo me estoy ocupando del tema Riu [Hoteles Riu, que  también aceptaba realizar otro parque] y del tema Melià. Para el fin de semana tendré novedades”.

En una nota para terminar, Seffeld le comenta también unas frases significativas: “Jordi, yo me acuerdo de todo lo que hablo, y más de lo que hemos hablado los dos. Por varios motivos, he gastado y sigo gastando dinero en cenas, obsequios, combustible, telefonía, etcétera para cerrar acuerdos con directores, presidentes de otros hoteles, etcétera, negocios que serán para la empresa (...) Hasta ahora, no me has comentado nada. Pensaba hablarlo el 28, que es cuando me has dicho que volverías a RD. Ahora me has dicho que regresas con tus socios para la primera semana de octubre. Yo tengo compromisos ineludibles para fin de mes. Te he comentado que necesitaba entre 8.500 y 9.000 dólares. Me parece que no es una cifra que no se pueda adelantar. (...) No te he pedido un peso en depósito o reaseguro del trato (...) Te pido que hables con tus socios y me confirmes cuanto antes con respecto a este tema. Me hubiera gustado mucho que lo hubieras recordado sin tener que escribirte al respecto. Yo en tu lugar no me hubiese olvidado de un pedido de este tipo de un socio”. Pero Jordi Puig jamás atendió a sus requerimientos.

Jordi Puig Godes, hermano del consejero de Empresa y Ocupación de Cataluña, Felip Puig, está reclamado por un juzgado de Punta Cana, en la República Dominicana, para responder de una acusacion de estafa, en la que un empresario argentino le pide prisión y una indemnización de 7 millones de euros “como justa reparación de los daños materiales y perjuicios morales ocasionados”.

Felip Puig