Hacienda pone el cartel de ‘se busca’ al constructor que destapó el escándalo del 3% en Cataluña

El empresario que destapó la trama de corrupción urbanística y comisiones durante los gobiernos de CiU en Cataluña, Juan Antonio Salguero, se encuentra en paradero desconocido. Aunque Hacienda le atribuye varios delitos fiscales, no consigue dar con él.

El 16 de diciembre del 2005, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, presentaba una querella criminal contra varios cargos de la empresa pública Administración, Promoción y Gestión Sa (Adigsa), contra tres empresarios y contra un intermediario por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de rehabilitación de pisos para jóvenes y el respectivo cobro de comisiones, que llegaban hasta el 20% del importe total de los trabajos. El número total de obras donde se habían encontrado irregularidades era de 36, según los datos que manejaba la fiscalía.

Las diligencias se habían iniciado el 25 de febrero de aquel año, al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, insinuase en el Parlamento autonómico que el líder de la oposición, Artur Mas, estaba al tanto de presuntas comisiones sobradas por Convergència i Unió (CiU): “Su problema es el 3%”.

Las actuaciones denunciadas se habían llevado a cabo el año 2003, cuando todavía gobernaba CiU. Con el cambio de Gobierno -en diciembre de ese año, fue nombrado presidente Pasqual Maragall y subió el Tripartito al poder-, uno de los empresarios, Juan Antonio Salguero, dejó de recibir encargos, aunque siguió en contacto con los técnicos de la Generalitat porque se le debía dinero y afirmaba que habían adquirido determinados compromisos con él.

Promesas incumplidas

En junio del 2004, reclamó oficialmente a Adigsa el pago por la rehabilitación de un edificio en Artesa de Segre por valor de 355.540 euros, pero en la Administración no había ninguna constancia de que había que realizar tal operación, por lo que se rechazaron sus pretensiones. Cuando vio que las deudas no se iban a saldar nunca porque los expedientes que figuraban en la Administración contenían diversas irregularidades, decidió tirar de la manta y contar todo lo que sabía.

Y lo que sabía era muy jugoso. Para empezar, delató al intermediario de las contrataciones, José María Penín, que no tenía contrato con la Administración pero que manejaba la situación como nadie. Entre otras cosas, repartía las obras de rehabilitación entre los proveedores y tenía acceso a las viviendas de protección oficial como si fuesen suyas. Al final, resultó que Penín era pariente del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, recientemente ascendido a número dos de CiU y líder del denominado sector soberanista de la formación nacionalista.

Salguero conoció a Penín a través de otro constructor, Jorge Honrubia, cuñado del intermediario, quien se presentó como familiar de Felip Puig y se comprometió a pagar todos los encargos -según su confesión, participó tan solo en una veintena de rehabilitaciones diseminadas a lo largo de toda la geografía catalana- en efectivo, aunque debía sumar a la factura un 20% que luego le entregaría en concepto de comisión. Así lo hizo al menos durante al año 2003. En ese periodo, pagó 108.000 euros de comisiones a Penín en dos pagos de 30.000 euros y uno de 48.000 euros, según confesó ante el juez en marzo del 2006.

El enero del 2005, la propia Generalitat (ya con el Tripartito en el poder) encargó una auditoría para determinar las condiciones de contratación de la rehabilitación de 129 pisos de renta libre entre mayo y noviembre del 2003 porque se había detectado “un importante volumen de obra que no había pasado el procedimiento en la contratación”.

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