La Guardia Civil detiene a los 'capos' de Artur Mas que ejecutaron los amaños del 3%

La Guardia Civil ha lanzado una nueva operación a primera hora de este jueves contra la presunta trama de financiación ilegal del 3% del Partido Demócrata de Catalunya (PDeCAT), antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Según ha confirmado la Fiscalía Anticorrupción, la operación se ha cerrado con 18 detenciones y 24 registros y entradas en organismos públicos y empresas adjudicatarias de la Administración catalana. El operativo se está desarrollando en Catalunya y Madrid, y está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) e impulsado por la Fiscalía Anticorrupción en estrecha colaboración con la Guardia Civil. Los presuntos delitos que, según el informe del Instituto Armado entregado al fiscal el pasado día 27 enero, se han podido cometer son organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Los dos últimos en ser detenidos, según ha podido saber este diario, han sido el que fuera tesorero histórico de Convergència, Andreu Viloca, y el exconsejero delegado de la empresa Copisa Xavier Tauler Ferre. Estos dos últimos arrestos afectan a personas que ya habían sido imputadas en el caso 3% desde hace varios años. De hecho, Viloca, el 'discreto' tesorero de Convergència, fue detenido en 2014 cuando las fuerzas de Seguridad se incautaron de numerosa documentación en la sede del partido de Artur Mas.

Los agentes han detenido también a Antoni Vives, considerado una figura clave en la maquinaria del fraude. Concurrió a las municipales de 2011 en el cuarto puesto de la lista de CiU al Ayuntamiento de Barcelona con la que se impuso Xavier Trías, y se convirtió en concejal de Urbanismo, asumiendo también la gestión de los entes públicos Barcelona Infraestructuras Municipales (Bimsa) y Barcelona Regional (BR), encargados de impulsar los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad. Antes había ejercido otras responsabilidades en las empresas públicas de obras de ámbito autonómico GISA (Gestió de Infraestructures) y su sucesora Infraestructures.

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Antonio Fernández

Pero Vives es conocido, sobre todo, por sus estrechos vínculos con el expresidente de la Generalitat y actual presidente del PDeCAT, Artur Mas. Fue su mano derecha durante el último Gobierno de Jordi Pujol, cuando Mas ocupaba el cargo de 'conseller en cap'. Vives fue durante ese periodo el secretario general de la Generalitat y está considero un dirigente con gran ascendencia en las filas del partido.

También han arrestado a Francesc Sánchez, la persona que eligió Artur Mas para pilotar en 2016 la transición desde la antigua CDC a PDeCAT, precisamente para renovar la marca de la formación tras los numerosos escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Está considerado el 'fontanero' del partido. Tenía el cargo de responsable de Régimen Interno y Comunicación. Asimismo, ha sido detenido el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra. Llegó al puesto en 2011 y sigue al frente de la infraestructura en la actualidad.

Fuentes próximas al caso también han confirmado las detenciones del exdirector general de Bimsa Josep Antoni Rosell; José Miarnau, consejero delegado de Comsa; el director técnico de Bimsa, Ernest Santolaria; el director de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; la jefa de Contratación de Infraestructures Pilar Matesanz; del empresario Félix Pasquina Olivé, y de los directivos de la constructora Oproler José María Zaragoza de Pedro, Sergio Lerma y Josep Manuel Bassols. Según las fuentes consultadas, han sido trasladados a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona Viloca, Sánchez, Vives, Lerma, Bassols, Tauler y Rosell. El resto ha quedado en libertad tras serle notificada su imputación.

El operativo, que ha recibido el nombre de operación Pika, es resultado de los últimos avances en el caso Petrum sobre el presunto pago de comisiones ilegales a altos cargos de CDC por la concesión de licitaciones públicas. Como adelantó este diario, los agentes de la Guardia Civil han logrado acreditar que los amaños para nutrir la caja B del partido del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se habrían estado produciendo al menos hasta febrero de 2015, con Mas todavía en el Govern.

En total, se han descubierto otras 19 obras amañadas por la trama del 3% a cambio de comisiones. El proyecto más relevante es la construcción del túnel de Las Glóries de Barcelona, una obra de 170 millones de euros licitada por la empresa pública Bimsa el 27 de febrero de 2015, solo tres meses antes de que Trías cediera la alcaldía a Ada Colau (Barcelona en Común). Ganó el concurso una UTE integrada por Comsa, Copisa y Rogasa, tres de las constructoras que pagaron mayores sobornos. Un responsable de la cuarta empresa que formaba parte de la UTE, Constructora Benito Arnó e Hijos, también ha sido imputado. Se trata de Joan Albert Arqués, director general de la compañía.

Las pesquisas se habían centrado principalmente hasta ahora en concursos de GISA e Infraestructures, ambas dependientes de la Generalitat, pero la documentación intervenida en las anteriores fases de Petrum ha terminado conduciendo a los agentes hasta Bimsa. Otro proyecto de la ciudad condal señalado es la construcción de la última fase del Dique Este del Puerto de Barcelona, que se cerró con un sobrecoste de 40 millones de euros. Los implicados en ese proyecto son los mismos que gestionaron la construcción y explotación de Marina Port Vell, un puerto para yates de lujo situado en la zona de la Barceloneta. Como reveló El Confidencial en 2014, el complejo fue concedido a un entramado societario que ocultaba la identidad de los auténticos beneficiarios: los rusos Pavel Sukoruchkin y Pavel Novoselov, directivos de Lukoil, la mayor petrolera de ese país. Vives modificó el plan urbanístico para mejorar el aprovechamiento del puerto y elevó también la concesión de cinco a 10 años para hacerla más rentable.

[Galería: quién es quién en el caso del 3%]

Entre las 19 nuevas obras presuntamente utilizadas por CDC para llenar su caja B, también destacan la adjudicación de un proyecto para ampliar la carretera de la Generalitat C-55, que une la comarca del Bajo Llobregat (Barcelona) con el municipio de Solsona (Lleida), y las obras de remodelación del Instituto de Educación Secundaria Lluís de Peguera de la ciudad de Manresa. Esta última obra fue concedida por Gisa en 2008 por un importe de 4,6 millones de euros a Constructora D´Aro.

Los investigadores también han logrado reconstruir el funcionamiento completo de la trama, según fuentes cercanas al caso preguntadas por El Confidencial. Ya se conocían los pagos de constructoras a los tesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osácar en momentos clave de las licitaciones que les interesaban. El dinero llegaba a las fundaciones CatDem y Fórum y luego se desviaba al partido mediante facturas falsas por servicios inexistentes. Lo que han descubierto ahora los agentes es que la red también contaba con personas de su confianza en puestos clave de la Administración para asegurarse de que los contratos recaían en las empresas que habían pagado para conseguirlos. Ese es el papel que habrían desarrollado Antoni Vives, Francesc Sánchez y Sixte Cambra.

También se habría logrado demostrar que existe una correlación casi milimétrica entre las donaciones a CDC y la adjudicación de obras públicas en organismos controlados por la formación. Viloca y Osácar se reunían con los empresarios antes de que se publicaran las licitaciones y, también, antes de que se resolvieran. Tras pactar una comisión, que oscilaba entre el 3% y el 7%, los tesoreros contactaban con los hombres fuertes del partido en la Administración para comunicarles quién tenía que imponerse en los concursos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la operación se está desarrollando en 12 poblaciones: Barcelona, Sant Boi Llobregat, Rubí, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat, Sant Feliú de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda.

El operativo llega solo cuatro días antes de que comience el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas por mantener la consulta independentista del 9-N pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional. Su interrogatorio está previsto para este mismo lunes. Está acusado de desobediencia y prevaricación. Mas admitió cuando estalló el caso Petrum que su partido recibió 10 millones de euros en donaciones de empresarios, pero aseguró que las aportaciones eran absolutamente legales y que sus autores las habían hecho simplemente porque eran "militantes" de CDC.

Para que la nueva fase de Petrum no sea interpretada en clave política, los agentes solo están notificando las detenciones. No está previsto el traslado a dependencias policiales de ninguno de los implicados para evitar que se difundan las imágenes. El operativo se ha diseñado con la intención de que tenga el perfil más bajo posible.

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