dentro de la operación Petrum

La Guardia Civil detiene al tesorero de CDC, Andreu Viloca, y registra de nuevo la sede

Viloca ha sido detenido por el presunto cobro de comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones. También ha sido detenido el director de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell

Foto: Imagen de los registros practicados hoy por la Guardia Civil en la sede central de CDC. (EFE)
Imagen de los registros practicados hoy por la Guardia Civil en la sede central de CDC. (EFE)

La Guardia Civil ha irrumpido este miércoles a primera hora en la sede de Convergència Democràtica de Catalunya y ha detenido en su domicilio a su tesorero, Andreu Viloca, por el presunto cobro de comisiones dentro de la operación Petrum, en la que se acusa a Convergència de cobrar comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones de obra pública. También ha sido detenido el director de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, y varios empresarios hasta elevar a 10 el número de detenidos, entre ellos Sergi Lerma Verde y Xavier Tauler, directivos de dos de las varias constructoras registradas, y dos administrativos de CDC. [Lea aquí el perfil de Andreu Viloca, el discreto tesorero de Convergència, 'invisible' para la prensa]

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al tesorero de CDC un total de seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

Siete empresarios implicados

La detención de Viloca, que también es administrador de la Fundación CatDem, se ha producido minutos después de que la Guardia Civil entrara en la sede para realizar un nuevo registro a dos meses vista del primero, que tuvo lugar el 28 de agosto, a solo un mes de las elecciones catalanas. En aquel momento, se incautó una ingente cantidad de documentación -entre las que había facturas de 20.000 euros que acreditaban pagos de empresarios a la Fundación CatDem- que ha servido para detener este miércoles no solo al tesorero de CDC y a un alto cargo del Govern de Artur Mas, sino a, al menos, siete empresarios vinculados a empresas como Grupo Soler, Rogasa, Copisa, Urbaser y Oproler.

Daniel (EFE)
Daniel (EFE)

Alrededor de las 9:30, la Guardia Civil entraba en el despacho del extesorero de CDC Daniel Osácar -que afronta una petición fiscal de siete años y medio de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales y está imputado en el caso Palau- y que ahora ocupa Andreu Viloca.

Según fuentes de la investigación, se prevén una decena de detenciones más en Madrid y Barcelona a lo largo del día así como una veintena de registros en domicilios particulares y empresas que podrían haber colaborado en el pago de comisiones a Convergència cambio de la adjudicación de obras públicas.

Posteriormente, sobre las 11:00, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo han acudido a la sede para dirigir el registro que los agentes están practicando desde esta mañana.

Convèrgencia y el 3%

El caso 3% va mucho más allá de una cuestión puntual circunscrita a la empresa Teyco, como parecía vislumbrarse al principio de las investigaciones. El juez de El Vendrell ha abierto la caja de Pandora de las comisiones ilegales. Cuando a finales del mes de agosto hizo registrar la sede de la Fundación CatDem, organismo de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), encontró en un despacho de la sede del partido documentos comprometedores que contenían cálculos del 3%.

Según ha podido conocer El Confidencial, algunos de esos documentos detallaban adjudicaciones a algunas empresas y su equivalente 3%, lo que ha llevado a los investigadores a suponer que un buen número de empresarios con obra pública pagaban mordidas al partido de Artur Mas.

Detenido el tesorero de CDC, Andreu Viloca

Uno de los sospechosos que está en el punto de mira es Xavier Tauler, director general de Copisa, una de las constructoras más mimadas por los gobiernos de Convergència. El domicilio de Tauler, a quien apodan El Seco, está siendo registrado esta mañana, aunque a él todavía no se le ha tomado declaración. Tauler es íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, a quien pagó importantes comisiones durante años por servicios de asesoramiento que la policía sospecha que nunca se llevaron a cabo. De ahí que esté ya imputado en el sumario que investiga al hijo mayor del expresidente Jordi Pujol.

Otra de las compañías bajo sospecha es Grupo Soler, otro de los cotizantes asiduos de Convergència. En este grupo empresarial trabajó un alto cargo de Convergència, y de la confianza de Artur Mas, manifestaron a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. También está en el ajo el grupo Rogasa, uno de cuyos representantes, Juan Luis Moreno, se encuentra detenido para tomarle declaración. En la misma situación se halla la empresa Urbaser, compañía que aglutina en Cataluña la actividad de ACS, la empresa de Florentino Pérez.

Andreu Viloca.
Andreu Viloca.

El nombre de más relumbrón, sin embargo, es el de Joan Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat. Hombre de confianza del ‘president’, Rosell era quien gestionaba personalmente la adjudicación de obra pública, aunque esta gestión es supervisada por su superior, Joan Lluís Quer, el hombre que más poder económico ha alcanzado en el Gobierno catalán en los últimos años al haber reunido en su persona todo el control de los grandes entes que manejan la obra pública, desde Gisa hasta los canales en construcción, así como todas las obras de infraestructuras ferroviarias.

El primer registro, el 28 de agosto

El pasado 28 de agosto, la Guardia Civil, junto a la Fiscalía Anticorrupción, irrumpió en la sede de Convergència para registrar el despacho del administrador de la fundación del mismo partido, CatDem, en el marco de una operación para destapar un posible caso de corrupción por el cobro de comisiones ilegales. Este registro, que enmarcó en la operación Petrum, se saldó el pasado mes de julio con la detención e ingreso en prisión incondicional del empresario catalán Jordi Sumarroca Claverol, hijo de uno de los fundadores de CDC.

Ese mismo día, el titular del Juzgado número 1 de El Vendrell -el mismo que dirige la operación de este miércoles- también ordenó la entrada en cuatro ayuntamientos que, además del de Toderrembarra, ya registrado en julio, podrían haber amañado contratos a cambio de ese 3% de comisión ilegal. Se trataba de Figueres, Sant Celoni, Lloret de Mar y San Cugat del Vallés.

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