La operación Termyca vuelve a atrapar a la élite funcionarial alimentada por CDC

La gran operación contra el desvío de dinero público desde ayuntamientos, que ayer se saldó con la detención de 11 personas, estaba preparada desde el mes de febrero pasado, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes cercanas a las investigaciones. Por dos veces, el magistrado que lleva el tema, Josep Bosch, decidió suspender la operación para no interferir en la campaña electoral, puesto que “podría malinterpretarse” la actuación de la justicia si esta realizaba registros y detenciones antes de las elecciones. “Se decidió como fecha más idónea el 5 de julio, una vez pasadas las elecciones, para que nadie pudiese decir nada. Pero esta fecha fue fijada hace casi tres meses, por lo que si alguien dice que esto es fruto de una conspiración después de la divulgación de las conversaciones del ministro Fernández Díaz, miente descaradamente”, subrayan las fuentes.

La operación se saldó no solo con 11 detenidos, sino también con 48 registros (ocho en ayuntamientos, siete en entidades públicas, 12 en sociedades mercantiles, 14 en domicilios particulares y siete en despachos profesionales) ordenados por el juez a instancias de la Fiscalía. Estas fuentes explican que la mecánica era sencilla: para disimular, los cargos políticos creaban la “figura instrumental” de entidades públicas empresariales locales. De este modo, sorteaban la fiscalización del interventor o del secretario del Ayuntamiento en cuestión. A través de este organismo público, otorgaban contratos a las empresas ‘amigas’. En otras palabras, se desviaba dinero público municipal a la empresa pública creada exclusivamente para ese fin y de esta a Efial.

La sorpresa saltó cuando entre los detenidos figuraba Josep Manel Bassols, un viejo conocido de los investigadores, que ya le habían echado el guante el 21 de octubre de 2015, cuando era delegado en Cataluña de la empresa Oproler, cuyas actividades también se están investigando.

Bassols es mucho más: es marido de la magistrada Núria Bassols, que sacó las castañas del fuego varias veces a Convergència. De hecho, cerró en falso el caso Casinos a finales de la década de los noventa, que luego otro juez reabrió. Una condena hubiese puesto en un aprieto a Artur Mas, que premió a la magistrada con un puesto en la Administración que él presidía: la nombró directora del programa de Políticas de Transparencia en la Consejería de Presidencia. Y a los tres meses, la ascendió a comisionada para la Transparencia y el Acceso a la Información, un cargo aderezado con más de 108.000 euros de salario bruto al año.

Amigos poderosos

La familia Bassols Bassols tiene buenos anclajes dentro de Convergència. De hecho, son buenos puntales del partido. Josep Manel fue alcalde de la localidad de Anglès entre 1995 y 2003. En 2011, fue elegido por Carles Puigdemont para dirigir su campaña municipal de candidato a la alcaldía de Girona, que ganó.

Bassols presume de conexiones poderosas. Entre sus amigos en las redes sociales pueden encontrarse consejeros de la Generalitat como Jordi Baiget, responsable de Empresa del Gobierno, o Meritxell Borràs, consejera de Gobernación; o exconsejeros como Santi Vila, Germà Gordó o Antoni Subirà; o dirigentes como Pere Macias o Damià Calvet. Pero también presume de amigos como Albert Sánchez Piñol, el futbolista Marc Bartra, la actriz Assumpta Serna, el empresario Tatxo Benet o la actriz Núria Feliu. De hecho, es miembro de un grupo de fans de esta última, aunque sus preferencias musicales se decantan por los Beatles.

Pero en su carrera política marcó un hito su ascenso a director de campaña de Puigdemont en 2011. Y de esa época vienen estos lodos: durante su ascendencia sobre Puigdemont, se firmaron seis contratos con Efial, que supusieron más de 112.000 euros de las arcas públicas gerundenses. Habrá que ver si esos contratos fueron troceados para no convocar concurso y realizar las adjudicaciones a los amiguetes.

En 2014, el Ayuntamiento de Puigdemont otorgó un contrato de 31.233,13 euros a Efial Consultoría para el “control financiero y de eficacia de la empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA”. Fue el único contrato adjudicado por concurso. Otros se hicieron sin necesidad de él, porque su monto no sobrepasaba (por poco) los 18.000 euros, por lo que se pueden realizar adjudicaciones teniendo solo las ofertas de tres empresas. Así, Efial logró también contratos por una auditoría del servicio de contratación, otra del patrimonio, un estudio de la prórroga de la concesión del suministro de agua y un último de un estudio sobre el impacto de la Costa Brava. Falta por saber el tipo de adjudicación con el sexto.

El asesor de la Sindicatura de Cuentas

Curiosamente, Efial no había tenido contratos en Girona hasta la llegada de Puigdemont, que ganó el sillón municipal de la capital del Onyar con la consultora bajo el brazo. En la compañía de marras, además, estaba un hombre de Convergència acostumbrado a bregar en el terreno municipal: Antonio Martos Carrasco, que había tenido cargos en empresas municipales de l’Ametlla de Mar y de Ascó, dos de los ayuntamientos implicados en la trama.

El nombre de Martos es uno de los más importantes del escándalo. Entre otras cosas, fue gerente de La Cala Gestió, una empresa municipal de l’Ametlla. El presidente de La Cala Gestió es Andreu Martí, alcalde convergente de la localidad detenido ayer. En l’Ametlla, el despropósito es incluso mayor que en Girona: se investiga la adjudicación de dos contratos por valor de 465.000 y de 396.965 euros a Efial. Uno de ellos, concedido por la empresa pública Cala Gestió, la misma de la que era gerente el fundador de Efial. Todo quedaba en casa.

Otro tanto pasa con Ascó: la empresa pública Ascó Serveis tuvo como director general a Antonio Martos. Una vez este salió y montó Efial, su antigua compañía le adjudicó un contrato de 351.750 euros. En Tortosa, aunque no estuvo en empresas municipales, consiguió adjudicaciones a través del ente público Gumtsa, bajo sospecha ahora. Martos estuvo también en cargos de responsabilidad en la sociedad Barcelona Gestión Urbanística. En el consistorio de la capital catalana no hubo registros, pero sí petición de información. Por si fuera poco, Martos es asesor económico de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.

Tras comenzar las investigaciones, en febrero pasado, Martos dejó sus cargos en Efial y adquirió todo el control de la sociedad Xavier Termens, socio suyo y exsubdirector general de Participaciones Públicas de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. En el año 2010, junto a dos colegas, escribía un estudio titulado ‘Algunas reflexiones sobre el proceso de descentralización funcional en el sector público de la Generalitat de Cataluña’. En él, dejaba constancia de que “el proceso de descentralización horizontal de las funciones de la Administración de la Generalitat de Cataluña se ha caracterizado principalmente por la creación de entidades con personalidad diferenciada.

La elevada dimensión y complejidad organizativa que ha adquirido este sector público requieren, después de más de 30 años de autogobierno y con un nuevo estatuto de autonomía en vigor, de un análisis crítico del modelo organizativo existente que proporcione líneas orientativas para continuar el proceso de revisión y reforma iniciado por el Parlamento y el Gobierno dentro del plan de medidas contra la crisis económica y para la reducción del déficit público”. Eso era sobre el papel: en realidad, su abultada facturación a los entes públicos denotaba precisamente todo lo contrario.