La Generalitat ignora a los tribunales en su decreto del catalán (y el PSC se descuelga)

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la obligatoriedad de dar el 25% de las asignaturas troncales en castellano en las escuelas de la comunidad ha entrado en vigor este lunes. Por ello, se celebró un Consejo de Gobierno extraordinario solo para aprobar el decreto lingüístico. Se ha preferido hacer cumplir al menos los tiempos legales para argumentar que se ha dado respuesta y que no se desacata al tribunal. Una alternativa hubiera sido esperar a que se pronunciase el Consell de Garanties, pero si al final hay que cambiar algo se hará antes de la ratificación parlamentaria del decreto en el Parlament.

El decreto no cambia nada. Inspección de la Generalitat ya controlaba los proyectos lingüísticos de las más de 4.500 escuelas de Cataluña. La principal novedad es que ahora se exonera a los directores de cualquier responsabilidad legal. Esta es asumida en última instancia por el 'conseller' de Educació, Josep González Cambray. Más allá de este matiz, todo sigue igual.

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Marcos Lamelas. Barcelona

Sí que se intenta evitar el porcentaje del 25% de castellano, alegando, según explicó la Generalitat en los acuerdos de gobierno, “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas”. El Govern ignora claramente el mandato de los tribunales, igual que pasó con la nueva ley que vio la luz la pasada semana, entonces sí apoyada por el PSC. La capacidad de ambas medidas legales para neutralizar la sentencia del TSJC resulta muy dudosa y la cuestionan incluso juristas independentistas.

Esta nueva norma ha sido uno de los ejes sobre los que ha pivotado la política catalana en los últimos dos meses. De hecho, este decreto ha sido una imposición de JxCAT. Y además de Educación, han colaborado otras consejerías, como es el caso de Cultura (Natalia Garriga) o Presidencia (Laura Vilagrà).

El decreto se ha de tramitar en los próximos 30 días en el Parlament. Será complicado, porque el PSC no lo apoya, precisamente por su origen como imposición por parte de JxCAT. Así lo ha dicho la portavoz socialista en el Parlament, Alicia Romero: “El decreto ley aprobado hoy por la Generalitat no da cumplimiento a la sentencia del TSJC, no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos, no menciona el uso curricular del castellano y desafía a los tribunales. Por estos motivos, no daremos apoyo”.

En manos de los comunes

Con esta situación, y con la CUP oponiéndose a todas estas maniobras desde hace dos meses, la validación del decreto queda en manos de los comunes. Los ocho diputados de Jéssica Albiach son la única salida para que la Generalitat saque el decreto adelante.

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Para llevar a cabo todo el proceso, el Departamento de Educación facilitará el asesoramiento necesario a los centros para la elaboración, aprobación o revisión de sus proyectos lingüísticos. Los centros elaborarán el proyecto lingüístico que enmarque el tratamiento de las lenguas mediante las estrategias curriculares y los recursos didácticos para alcanzar las competencias lingüísticas.

Según ha explicado la Generalitat tras el Consejo de Gobierno, el proyecto lingüístico se revisará y modificará, en su caso, en función del conocimiento oral y escrito y del uso de las lenguas que el alumnado acredite en las distintas etapas educativas. Esta revisión se realizará mediante pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en periodos no superiores a los dos años. El Departamento de Educación, en un máximo de 30 días, validará si el proyecto se adapta a normativa y, en caso contrario, instará a su modificación.