El Govern aprobará el decreto de urgencia sobre el catalán para sortear al TSJC

La Generalitat ultima un decreto sobre el catalán en la educación que aprobará de urgencia. Para ello, este lunes habrá un Consell Executiu extraordinario, ante la presión del calendario que supone la ejecución de la sentencia sobre el 25% del castellano del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en las asignaturas troncales. Este nuevo decreto fue una imposición de JxCAT para volver a un acuerdo del que llevaba dos meses descolgado y que no ha sufrido cambios de fondo que justifiquen el tiempo perdido.

El nuevo decreto no recogerá cuotas, como marca el fallo del TSJC. Y su principal objetivo es complementar la ley que se ha aprobado en el Parlament con más del 70% del apoyo parlamentario y en que ha resultado clave el respaldo del PSC. Los socialistas no garantizan su apoyo. "Queremos ver la literalidad y, si se habla o se hace alguna referencia o afirmación que pueda suscitar un incumplimiento de las resoluciones, no daremos nuestro apoyo", avisó el jueves el secretario general del PSC, Salvador Illa. Supuestamente, el que ambas normas constituyan un corpus jurídico complementario las refuerza ante la exigencia del tribunal.

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EFE

En el Govern, prefieren esperar para dejar margen por si llega el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la nueva ley, que fue solicitado por Vox, PP y Ciudadanos y que puede aprobar el decreto ya en plena armonía jurídica con lo que marque este organismo regulador. Por eso, lo más probable es que la aprobación sea el lunes, según las fuentes del Ejecutivo catalán consultadas.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, adelantó este viernes que han propuesto al Partido Popular recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del catalán en las escuelas pactada por PSC, ERC, JxCAT y los comunes cuando esta comience a aplicarse. "Nos han dicho que sí, que vamos a ir juntos", afirmó Arrimadas.

El ultimátum

La Generalitat pretende con ese decreto asumir la instrucción clara del TSJC, que exigió al 'conseller' de Educación, Josep González-Cambray, que la hiciese llegar a todas las escuelas, como muy tarde, el 31 de mayo —mañana—, para ejecutar la sentencia de manera firme. De esta manera, se pretende proteger a los directores de colegio e instituto de posibles desobediencias derivadas de no hacer un seguimiento estricto del fallo.

A grandes trazos, el nuevo decreto ha de establecer los criterios sobre el modo y forma en que se elaboren los proyectos lingüísticos de cada centro, certificará la manera en que debe validarlos el Departamento de Educación y rechazará la aplicación de cuotas, el 25% para el castellano que exige el TSJC en las asignaturas troncales.

Los impulsores de esta solución legal confían en que el TSJC lo acepte como ejecución de sentencia, si bien la última palabra la tiene el tribunal, y no es seguro. De hecho, juristas tan cercanos a la Generalitat como Joan Ridao ya han advertido de que, pese a todo el ruido político de estos días, la sentencia tendrá que aplicarse de todos modos.

Simbolismo y realidad

Como siempre, la política catalana se mueve entre el simbolismo y la realidad. En la práctica, la medida solo supone que habrá que dar Matemáticas en castellano, algo que no amenaza el modelo de inmersión lingüística. Muchos colegios aprovecharán la sentencia del 25% para dar más inglés, algo que muchos padres ya estaban pidiendo. El nivel de conflicto social por el tema del catalán es muy bajo. Y las manifestaciones en el sector de la educación han tenido más que ver con el descontento de los docentes con la gestión de González-Cambray.

En este marco, el acuerdo de esta semana como propuesta de ley tiene sobre todo valor simbólico. Ni blinda el catalán ni desafía a la Justicia, como reconocen sus propios promotores con la boca pequeña, en privado. Es solo la manera de visualizar que hay más de un 70% de la clase política catalana que no quiere convertir el catalán en un 'casus belli'.