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Un informe constitucionalista rechaza la imposición lingüística del catalán
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La 'guerra de la lengua' en Cataluña

Un informe constitucionalista rechaza la imposición lingüística del catalán

"El catalán no es patrimonio de los nacionalistas catalanes", dice Impulso Ciudadano en un documento de 55 páginas enviado al Pacto Nacional por la Lengua

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Quique Garcia)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Quique Garcia)

La ‘guerra de la lengua’ vive otro de sus episodios con la ofensiva parlamentaria y el pacto entre ERC, JxCAT, PSC y los comunes. Pero, socialmente, la polémica está lejos de cerrarse. Impulso Ciudadano, una de las entidades cívicas constitucionalistas más activa en la sociedad catalana, ha aprovechado la iniciativa del Govern de abrir un debate sobre la lengua para dejar oír sus reivindicaciones. La Generalitat planteó, dentro del Pacto Nacional por la Lengua, un documento bajo el título ‘Un marco sociolingüístico igualitario para la lengua catalana’ y pidió aportaciones a instituciones, grupos políticos, organizaciones, entidades sociales y a la población en general “que reconocen la unidad de la lengua catalana, que comparten que la situación de la lengua es compleja y delicada ahora mismo en Cataluña y en el resto del dominio lingüístico y que ven la necesidad de actuar para revertir la situación”.

La asociación constitucionalista elaboró un documento de 55 páginas con sus aportaciones y su posicionamiento sobre el debate. En catalán, además, para que nadie le pueda imputar predominio del castellano. “Impulso Ciudadano defiende el diálogo y sostiene que en la sociedad catalana faltan espacios para el intercambio abierto de ideas y la confrontación de planteamientos diversos”, dice el documento.

Foto: Los diputados del PSC, Esther Niubó (2i); de JxCAT Francesc Ten (2d); de En Comú Podem, Jessica González (i), y de ERC, Mónica Palacín (d), posan para los medios tras llegar a un acuerdo el pasado 24 de marzo. (EFE/Quique García)

Y critica: “De hecho, el mismo Pacto Nacional por la Lengua se excluye de este espacio porque, tal y como se acaba de indicar, solo aquellos que comparten una determinada posición (unidad de la lengua catalana y consideración de que la situación de esta lengua es delicada) están invitados a participar en el debate que, pese a su reduccionismo, pretende llegar a lo que llaman ‘Pacto Nacional’. No se puede considerar pacto nacional el resultado de un proyecto que excluye a una parte no ya de las personas, sino de los planteamientos”.

En las conclusiones del informe, asegura que el documento aportado por el Govern “solo tiene sentido en el marco ideológico del nacionalismo, un marco que parte del principio de que la lengua catalana ha de tener una posición de preeminencia dentro de Cataluña. Nosotros proponemos un acercamiento diferente, un acercamiento alejado de las propuestas nacionalistas y que, en el fondo, no es más que el reflejo del pacto constitucional”.

Choca con las leyes y los derechos civiles

Impulso Ciudadano, que está presidida por el exdiputado de Cs José Domingo, rechaza que se quiera imponer un idioma sobre otro. “Para nosotros, tanto el castellano como el catalán o el aranés, con sus particularidades en el caso de esta última lengua, son lenguas oficiales y, por tanto, propias de los catalanes. La convivencia entre ellas ha de basarse en la utilización normal del castellano y del catalán por parte de las Administraciones y su presencia como lenguas vehiculares y de aprendizaje en el sistema educativo”. La tesis de los nacionalistas es que el catalán es una lengua en peligro de retroceso y que, por tanto, ha de protegerse en la Administración, en la enseñanza y en los medios públicos, estableciéndola como lengua vehicular. El castellano, afirman los nacionalistas, es la lengua que se aprende en la calle y, por tanto, no está en peligro.

Pero esa tesis choca con las leyes y con los derechos de los ciudadanos. “En las relaciones entre particulares, la libertad por escoger una lengua u otra, tanto si es oficial como no oficial, ha de ser total, con el límite del respeto a los derechos de información de los consumidores y usuarios que, en determinados supuestos, puede implicar la necesidad de hacer servir alguna de las lenguas oficiales, pero sin excluir a ninguna de ellas”.

"La libertad por escoger una lengua u otra, tanto si es oficial como no oficial, ha de ser total"

Lejos de las tesis nacionalistas, que preconizan la necesidad de que el Govern beneficie al catalán en detrimento del castellano, la entidad constitucionalista subraya que “el marco de convivencia entre lenguas que diseña la Constitución, y que nosotros compartimos, impide que en las comunidades con lengua cooficial haya espacios o territorios asignados a cada una de ellas. En el caso de Cataluña, eso implica que castellano y catalán han de convivir y que el sistema educativo ha de garantizar el dominio de ambas lenguas al final de los estudios obligatorios. En el Vall d’Aran también se ha de garantizar ella enseñanza del aranés”.

El informe rebate así las tesis nacionalistas, que se oponen a que se deba garantizar un 25% de las clases en castellano. “La utilización de las lenguas oficiales en la escuela no solo tiene como finalidad su dominio, sino también el ejercicio de un derecho que tienen los alumnos a recibir al menos una parte de su educación en la lengua oficial, que a menudo será también la lengua materna. Es por eso por lo que el castellano ha de tener una presencia significativa como lengua vehicular y de aprendizaje en la escuela. Tanto el castellano como el catalán han de ser lenguas escolares reconocidas, de prestigio y de convivencia”.

Foto: Manifestación contra la inclusión del castellano como lengua vehicular en Cataluña. (EFE/Quique García)

El documento recuerda, en este sentido, que “la normativa legal catalana no excluye el castellano como lengua vehicular y de aprendizaje. Si hubiese hecho tal cosa, sería inconstitucional (…), establece el carácter vehicular del catalán, pero sin mencionar el castellano, de tal manera que este silencio puede ser interpretado como aceptación de la obligación constitucional de que el castellano sea también lengua vehicular”. No obstante, denuncia que “la práctica de los centros docentes de Cataluña es la exclusión casi total del castellano como lengua de aprendizaje fuera de las horas dedicadas a la materia de lengua castellana. Esta exclusión fue probada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) mediante el análisis de más de 2.000 proyectos lingüísticos de centros y calificada de residual por el TSJC”.

Una presencia menor al inglés

Tras reiterar que la exclusión es inconstitucional tanto en la legislación española como en la catalana, el informe se queja de que, pese a ello, y a las denuncias en contra (las familias que han llevado el tema a los tribunales siempre han ganado los pleitos), “la Generalitat no ha modificado las instrucciones a los centros ni la práctica de estos, de manera que cada familia ha de pedir judicialmente el cumplimiento de la ley con relación a sus hijos”.

Así, Impulso Ciudadano remarca que es necesario establecer unos límites (como los del 25% de las clases en castellano) “porque, tal y como hemos visto, la práctica en el sistema educativo catalán es la exclusión del español como lengua de aprendizaje, con una presencia que puede ser inferior a la que tiene, por ejemplo, el inglés. Es más: esta exclusión del castellano es coherente con el planteamiento nacionalista. Eso explica que el establecimiento de una presencia mínima del castellano sea percibida como un ataque al sistema que se aplica actualmente y que implica una exclusión de esta lengua fuera de la materia de la lengua castellana”.

Foto: Manifestación convocada por la plataforma Somescola contra el 25% de español en las escuelas catalanas. (EFE/Enric Fontcuberta)

El informe también echa mano de datos y establece la comparación de las notas medias por asignaturas que sacan los alumnos de las distintas comunidades autónomas. Así, en algunas de las asignaturas, Cataluña se encuentra por debajo de otras zonas a pesar de tener una renta per cápita sensiblemente más alta. En esos gráficos, con datos extraídos del informe PISA, revela que los alumnos castellanohablantes sacan una media de nota mucho peor que sus homólogos catalanohablantes.

Impulso Ciudadano examina también la situación de la lengua en la universidad y en los medios de comunicación públicos. Respecto a estos últimos, destaca que “han de utilizar ambas lenguas oficiales (así como el aranés), sin que ninguna de ellas sea excluida en la práctica. El mundo de la cultura y su promoción ha de incluir todas las lenguas oficiales. Es inadmisible, como sucede ahora, que, por ejemplo, las administraciones excluyan de los premios literarios obras escritas en castellano”.

"El catalán no es patrimonio de los nacionalistas catalanes (...), sino que, como cualquier lengua, es patrimonio de todas las personas que la hablan"

Y finaliza afirmando que “se ha de renunciar a utilizar el catalán como herramienta política que justifica la injerencia de las instituciones catalanas en las decisiones políticas de otras comunidades autónomas. El catalán no es patrimonio de los nacionalistas catalanes ni de las instituciones catalanas, sino que, como cualquier lengua, es patrimonio de todas las personas que la hablan, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña, en sus vertientes de herramienta de comunicación de un objeto de estudio o de difusión”.

Por eso, la asociación rechaza “todo intento de hacer servir la lengua como una herramienta de un proyecto nacionalista que pretende modificar los hábitos lingüísticos de los ciudadanos, en contra, además, de aquello que establece el marco constitucional de convivencia”. Termina reclamando “libertad y respeto. Reconocimiento de que Cataluña es una sociedad bilingüe en la que se ha de promover el conocimiento de todas las lenguas oficiales, pero sin que las políticas de promoción del conocimiento sean políticas de promoción del uso, porque la promoción del uso de una lengua es, en realidad, una política orientada a la disminución del uso de las otras lenguas”.

La ‘guerra de la lengua’ vive otro de sus episodios con la ofensiva parlamentaria y el pacto entre ERC, JxCAT, PSC y los comunes. Pero, socialmente, la polémica está lejos de cerrarse. Impulso Ciudadano, una de las entidades cívicas constitucionalistas más activa en la sociedad catalana, ha aprovechado la iniciativa del Govern de abrir un debate sobre la lengua para dejar oír sus reivindicaciones. La Generalitat planteó, dentro del Pacto Nacional por la Lengua, un documento bajo el título ‘Un marco sociolingüístico igualitario para la lengua catalana’ y pidió aportaciones a instituciones, grupos políticos, organizaciones, entidades sociales y a la población en general “que reconocen la unidad de la lengua catalana, que comparten que la situación de la lengua es compleja y delicada ahora mismo en Cataluña y en el resto del dominio lingüístico y que ven la necesidad de actuar para revertir la situación”.

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