La entidad que ha logrado el 25%: "Los directores tendrán que responder ante la Justicia"

Los directores de los centros educativos de Cataluña serán los responsables finales de que se ejecute el fallo judicial que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano. “Si la sentencia no se ejecuta, los directores, como responsables del proyecto educativo de sus respectivos centros, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. Y podrán ser multados e incluso inhabilitados para ejercer sus funciones, ya que son funcionarios y no pueden desobedecer un fallo judicial. Solo tienen que mirar lo que le pasó al ‘expresident’ Quim Torra, que fue inhabilitado por desobedecer”, explica a El Confidencial Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Mientras, el independentismo mueve ficha e intenta articular un frente 'antisentencia', con llamamientos a los propios educadores para la rebelión.

El propio consejero de Educación, Josep González Cambray, intentó articular un frente con los grupos parlamentarios, pero excluyó a Vox, Ciudadanos y PP. Ante esa discriminación, los socialistas declinaron la oferta, aunque desde el Govern se argumentó que la cita “era solo para grupos que apoyan la inmersión lingüística y el PSC es uno de ellos”.

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Esta iniciativa es una muestra de la teoría que apunta a que desde el Govern se trata de alimentar el frentismo para hacer de esta cuestión un ‘casus belli’. El conflicto, además, interesa a ERC, a quien desde los círculos más radicales del independentismo se ha masacrado los últimos días por pactar los presupuestos de la Generalitat de 2022 con los comunes y haber dado apoyo a las cuentas del Gobierno central. Con el frentismo, Esquerra recibe un balón de oxígeno al tiempo que reclama su cuota de independentismo en Cataluña. Además, Aragonès convocó una ‘cumbre’ de entidades en su consejería este martes, a la que asistieron casi una treintena de representantes de diferentes organismos. En esa cita, el ‘president’ “transmitió una clara conciencia de la gravedad del posicionamiento judicial y del reto que supone para nuestra sociedad, que ha de dar una respuesta unitaria a esta nueva injerencia”. El mandatario aseguró a los presentes que no se debe acatar el fallo del supremo porque “la LOMCE no habla de porcentajes y la sentencia se basa en una ley que ya no está vigente”.

González Cambray, 'conseller' republicano precisamente, envió este martes una carta a los directores de los centros educativos, señalando que la sentencia “es un grave ataque a los cimientos del modelo de escuela catalana, hecho desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos”. El titular de Educación arremetía contra el Supremo afirmando: “Que sea un juez quien determine de manera arbitraria el porcentaje de horas que hace falta para aprender una lengua es una anomalía y representa un desprecio a los profesionales de la educación”.

Señalaba luego: “Tenemos plena confianza en vosotros y queremos que sigáis trabajando exactamente como habéis hecho hasta ahora. No tenéis que hacer ningún cambio en vuestros proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia. El departamento de Educación está y estará siempre a vuestro lado, dando amparo a vuestra vocación de servidores públicos y a la implicación que habéis demostrado hasta ahora (…) Nuestro modelo de escuela es el de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), una ley que cuenta con un amplísimo consenso social y está apoyada por una amplia mayoría parlamentaria. Un modelo de escuela donde el catalán ha sido, es y será una herramienta fundamental de igualdad de oportunidades, de equidad y de cohesión social para todo el alumnado”.

Un aviso a navegantes

Losada, sin embargo, señala que “los abogados de la Generalitat no hablaron ante el tribunal de la inmersión lingüística. Ante el tribunal, subrayaron en varias ocasiones que el modelo catalán es el basado en la conjunción lingüística, pero que esa aplicación es modulable y, dado el déficit del catalán, solo se aplica la inmersión a una lengua. Es decir: que dicen una cosa en Cataluña y otra en Madrid”.

La AEB, que defiende un bilingüismo “auténtico”, espera tomar cartas en el conflicto lingüístico catalán. De momento, la Generalitat tiene dos meses para ejecutar la sentencia del Supremo. Si no lo hace, asegura Losada, su entidad apelará a los tribunales. “Posiblemente no podamos denunciar a 5.000 directores de centros, pero sí a cinco por provincia. Es un aviso a navegantes. Ya hemos llevado antes a directores a los tribunales por incumplir la ley. Y tras su comparecencia, una vez vueltos a sus centros, han cumplido con las normas. En el 9-N y el 1-O [fechas de las dos consultas ilegales que hubo en Cataluña], los directores descargaron sus responsabilidades, diciendo que los 'consellers' les habían pedido las llaves de los centros, pero esto no es el 9-N. Aquí no les liberan de sus responsabilidades, porque ellos son los únicos responsables de sus centros y de los proyectos lingüísticos”, explica Ana Losada.

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La entidad Hablamos Español celebró también la sentencia y aseguró este miércoles: “Estamos coordinando a familias con hijos escolarizados en Cataluña para que reclamen la ejecución de la sentencia. No cejamos en nuestro propósito de lograr líneas de enseñanza en cada idioma, un sistema homologable al de los países con cooficialidad lingüística, pero no vamos a dejar de reclamar el 25% de horas en español que nos garantiza esta sentencia”. Esta entidad prepara la instalación de carpas informativas por toda Cataluña “para informar sobre este derecho y recabar el apoyo de más familias”.

Apoyos para el Govern

Al Govern, no obstante, no le faltan los apoyos. La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, cerró filas en la nueva batalla contra el Supremo. “La obligación de la Generalitat es garantizar la inmersión lingüística”, afirmó rotunda. Apeló a que el catalán es una “lengua minorizada” y que es imposible hacer que, en las escuelas, sea “100% vehicular”, por lo que instó a protegerla por parte de todas las instituciones, incluida la Administración central, por lo que subrayó que lo que debe de hacer el Gobierno central “es ponerse del lado de una de las lenguas también españolas, que es el catalán”.

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Decenas de organizaciones se han posicionado en la trinchera independentista para pedir la desobediencia de la sentencia. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las más importantes entidades cívicas, llama a desobedecer en un comunicado bajo el lema ‘Salvemos el catalán. Independencia’. “Exigimos que se cumpla la inmersión por todo el territorio —dice el texto—. También reclamamos más iniciativas en otros ámbitos de la política lingüística que puede hacer la Generalitat y poner nuestra fuerza movilizadora a disposición de las entidades que luchan por nuestra lengua”. “Estamos ante una ofensiva judicial más por parte del Estado español” y la sentencia “solo responde a objetivos políticos”, asegura la entidad.

Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, indultado hace unos meses tras ser condenado a nueve años, unió sus fuerzas a la ANC. “Hacemos un llamamiento a desobedecer esta sentencia, a blindar este éxito de país que es ejemplo de cohesión social y motivo de autoestima. ¡La escuela catalana no se toca!”, lanzó por las redes. Òmnium emitió otro comunicado en esta línea.

La plataforma Somescola, una de las entidades más subvencionadas por la Generalitat, advirtió de que la sentencia es “un nuevo intento de agresión al modelo de escuela catalana y a su enfoque pedagógico”. Calificó de “intolerable la intrusión de los tribunales para regular el modelo y la política educativa del país”, denunció la “instrumentalización política de la educación y de la lengua” e hizo un llamamiento “al conjunto de la sociedad catalana a movilizarse para defender el modelo educativo catalán”. De momento, no obstante, no hay fecha para actos masivos en las calles.

Denunciar a los profesores

La Plataforma per la Llengua, por su parte, apeló a una encuesta interna en la que dice que “un 82% de los habitantes de Cataluña está de acuerdo con la inmersión lingüística” y que solo un 15,8% lo rechaza. “De entre los que se muestran contrarios al modelo, el 40% argumenta que tanto el catalán como el castellano deberían ser lenguas vehiculares en la educación”. Aseguró también que la sentencia que obliga a impartir un 25% de las horas lectivas en castellano “es contraria a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias”. Esta plataforma señaló que el Supremo “no solo vulnera los compromisos internacionales de España, sino que también es contrario al consenso social y político en Cataluña”. Disparó también con bala contra el alto tribunal asegurando que “las sentencias de los últimos años son un ejemplo de activismo judicial que busca enmendar la voluntad popular y reemplazarla por las preferencias de determinados sectores políticos”.

La plataforma puso en marcha el pasado 21 de octubre una web para universitarios donde deben denunciar a sus profesores si cambian el idioma catalán por el castellano en clase, aun cuando sea para explicar a un alumno que no entienda la primera lengua. En el primer mes, según la entidad, ha habido 120 casos de ‘discriminación del catalán’.

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EFE

El Consell per la República también se puso a las órdenes del Govern. “La sentencia contra el modelo de inmersión lingüística es un ataque directo al principal eje vertebrador de Cataluña como nación”, aseguró en un comunicado la entidad de Carles Puigdemont. En uno de sus puntos, afirmó que la Generalitat “no se puede resignar a hacer cumplir esta sentencia y ha de blindar a los profesionales de la educación y a las familias catalanas para que puedan proseguir con su ingente tarea de defensa y protección de nuestra lengua en el sistema educativo y en la vida social en general”. El Consell aseguró, por último, que “la única vía realista de supervivencia es convertirnos en un Estado independiente”.

Los sindicatos Ustec, Intersindical, Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (Segcat) o el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) también tomaron partido, pidiendo la desobediencia. Lo mismo hicieron plataformas como Bombers per la República o Catalans per la Independència, por poner algunos ejemplos. Y así una larga lista de entidades que se sumaron al frente encabezado por el Govern.