El trabalenguas catalán: la ley Celaá no exime a ERC de obedecer al Supremo
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LA ENSEÑANZA EN CATALUÑA

El trabalenguas catalán: la ley Celaá no exime a ERC de obedecer al Supremo

Aunque la norma educativa no recoja de forma explícita que el castellano es lengua vehicular, esto "no cambia", según el TSJC, que la Generalitat deba reservar un 25% de la enseñanza a la lengua común

Foto: El 'conseller' de Educación, Josep González Cambray. (EFE/Quique García)
El 'conseller' de Educación, Josep González Cambray. (EFE/Quique García)

La ley Celaá es el clavo ardiendo al que ha decidido agarrarse la Generalitat para hacer caso omiso de la Justicia y no garantizar que el 25% de la enseñanza en Cataluña se imparta en castellano. Es una estrategia cuanto menos dudosa, porque aunque la norma no recoge que el español es lengua vehicular, motivo por el que ERC respaldó su aprobación, el Constitucional, independientemente de la ley educativa de turno, ya hace tiempo que blindó el idioma común. El escenario es de confusión, con un Govern que se ha declarado en rebeldía y se niega a acatar la sentencia, un Ejecutivo central que ha delegado en los tribunales la exigencia del cumplimiento de la misma y una oposición, liderada por el PP de Pablo Casado, que reclama aplicar un 155 educativo si la Administración catalana no recula.

El consejero de Educación, Josep González Cambray, ahondó este miércoles en la estrategia del incumplimiento con el envío de una carta a los responsables de los centros educativos animándoles a no modificar los planes de estudio. Y defendió su proceder, asegurando que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le había garantizado que el Ejecutivo central no iba a exigir la aplicación de la sentencia y que tan solo se iba a limitar a instar a que se cumpliese la Lomloe, la popularmente conocida como ley Celaá, “que no habla de porcentajes”.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Andreu Dalmau)

La octava reforma educativa de la democracia se aprobó el pasado mes de diciembre con el voto favorable de ERC. El Gobierno consiguió el apoyo de los republicanos cuando accedió a que desapareciera de una de las disposiciones de la ley la expresión 'lengua vehicular' referida al castellano y se sustituyese por un enunciado más genérico y el compromiso de que en las comunidades bilingües los alumnos deberán adquirir las competencias en ambos idiomas. Entonces, muchos interpretaron que la inmersión lingüística catalana, el modelo educativo que queda en entredicho por esa sentencia del TSJC que marca el umbral del 25%, quedaba blindada. Más ante el hecho de que varios padres —80 familias han recurrido a esta vía en los últimos 16 años— habían denunciado ante los tribunales que los colegios de sus hijos no garantizaban la educación en castellano.

Pero nada más lejos de la realidad para los cálculos de la Administración catalana. Daba igual que la nueva norma tuviera una redacción mucho más ambigua que su predecesora, la ley Wert. La clave del asunto pasaba por las muchas sentencias previas que ya había dictado el Constitucional sobre el ‘estatus’ del español.

El TSJC: "No cambia las cosas"

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha descartado a lo largo del último año que la ley Celaá afecte de forma alguna a la exigencia de que los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su enseñanza en castellano. Entre las sentencias emitidas al respecto, destaca una de septiembre en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que la reforma educativa "no cambia las cosas" respecto a esta obligación.

El Supremo tumba la inmersión lingüista en Cataluña

La sentencia responde a un recurso interpuesto en 2019 por un padre que insistía en el derecho de sus hijos "a ser escolarizados durante la enseñanza obligatoria en lengua castellana y catalana en proporción equivalente". Los magistrados atendieron parcialmente sus argumentos y determinaron que debía garantizarse "una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable". Según advertían, el español debía incluirse "en un 25% de las horas efectivamente lectivas".

Más allá del caso concreto, la resolución hace referencia a la ley Celaá a partir de la página 12, bajo un epígrafe que ya deja claro cuál es la postura al respecto: "El uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza deriva de la Constitución". En otras palabras: por mucho que la ley Celaá haya eliminado la expresión 'lengua vehicular' al reformar la ley educativa de 2006, la exigencia de garantizar un mínimo de educación en castellano se mantiene en Cataluña.

Foto: El presidente catalán, Pere Aragonès. (EFE/Pérez)

"Es cierto que, con posterioridad a la interposición del presente recurso se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), pero esa circunstancia no cambia las cosas", explican los magistrados. "La obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución, de ahí que la modificación operada (...) no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular".

De esta manera, el TSJC echa por tierra el razonamiento al que se agarra la Generalitat: "La supresión por la Ley Orgánica 3/2020 de la mención de que 'el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado' que se contenía expresamente en la Lomce no altera el régimen del castellano como lengua vehicular reconocido por el máximo intérprete de la Constitución —el Tribunal Constitucional—, por el Tribunal Supremo y por este Tribunal Superior", concluyen los magistrados.

El papel del Gobierno central

Dentro de la estrategia para eludir el fallo del TSJC, el consejero de Educación catalán también hacía referencia a que el Ministerio de Educación le había trasladado que no iba a exigir la ejecución de la sentencia. Un extremo que, de confirmarse, más allá de la bronca política con un oposición que ha planteado la posibilidad de aplicar un 155 para forzar a la Generalitat a acatar el fallo judicial, se podría sortear. La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña ya ha anunciado que ellos solicitarán la ejecución de la sentencia si el Gobierno central no da el paso de aquí a dos meses, el plazo que establece la ley. La entidad considera que están legitimados como padres de hijos en edad escolar.

Foto: El 'conseller' de Educación, Josep González Cambray. (EFE/Quique García)

Un enredo político que en la práctica, como explicó este miércoles el líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, se solucionaría impartiendo una asignatura más en castellano. Es decir, ese 25% que ha establecido la Justicia se alcanzaría con la asignatura de lengua española y con otra troncal.

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