Los informes de Puigdemont: cómo sacar réditos políticos del atentado del 17-A

El Gobierno catalán estudió cómo sacar réditos políticos de los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017, cometidos mes y medio antes de que se celebrase el referéndum ilegal de independencia hace hoy cinco años. “Hay que insistir en hablar de democracia, paz y libertad, de defensa de los derechos fundamentales, para conseguir que el relato político esté a favor del referéndum del 1-O”, dice un informe realizado por la Fundación Catmon y dirigido al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Esta fundación estaba controlada y dirigida por el ex responsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas y por el actual diputado y vicepresidente de Junts per Catalunya (JxCAT) y mano derecha de la defenestrada Laura Borràs, Francesc Dalmases, en el ojo del huracán por agresión a varios periodistas.

A pesar de la teoría de la conspiración que alimentan algunos dirigentes de Junts, que afirman que tras los atentados estaban los servicios secretos españoles, en el informe que la fundación de Dalmases confeccionó tras los atentados se desmonta esa versión. ¿Por qué? El propio informe destaca que “desde la Fundación Catmon establecimos ya a principios de julio de este año que había un riesgo muy elevado de un atentado terrorista por parte del ISIS”. Esa afirmación contradice la corriente que el independentismo abrazó para que Cataluña apareciese como una víctima de España ante los ojos de la opinión pública internacional.

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Aun así, el informe da argumentos para utilizar como munición gruesa contra España. “La coordinación, los medios económicos, los explosivos utilizados en Cambrils, el conocimiento del territorio y los efectivos utilizados muestran que este es un atentado muy bien preparado y cuesta creer que ninguna agencia (CNI y Guardia Civil) tuviese conocimiento”, dice. Ninguna mención a los Mossos d’Esquadra, que son los responsables del orden público en Cataluña y que habían sido advertidos tanto por la CIA como por el CNI y el Citco (Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) de la posibilidad de un atentado en las Ramblas.

El temor a la Ley de Seguridad Nacional

El informe impone como prioridad “proteger la convocatoria del referéndum de audodeterminación” y analiza las consecuencias que pueden tener los atentados. Entre otras cosas, los independentistas temen que el Gobierno central active la Ley de Seguridad Nacional “con todo lo que comporta”. Esto es, que controle de cerca lo que pasa en Cataluña y desbarate los preparativos del referéndum. “Es posible que el Govern de la Generalitat tenga dificultades para reunirse o mantener la privacidad que necesita en pleno proceso de independencia”, alerta el escrito. Y lo que es peor: “Es posible que los ciudadanos pongan por delante de todo la integridad física y que no salgan de casa para realizar muestras de afirmación política como la manifestación del 11-S [la Diada nacional de Cataluña]. El referéndum podría ser evaluado como inconveniente por la imposibilidad de garantizar la seguridad y, por tanto, el Estado no se presenta como autoritario, sino como garante de libertad y seguridad”.

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También señala que “el relato político puede cambiar de manera repentina y radical". "Por tanto, la alusión al proceso de independencia puede ser sobrepasada por el hecho violento en las calles de Barcelona. En este sentido, la manifestación del 11-S podría resultar un fiasco por el miedo en la calle si no somos capaces de girar el relato y crear un efecto bumerang (sic)”, indica. De ahí que deduzca que “si se mantiene una actitud de firmeza ante la opinión pública, habrá un aumento de adhesión de los ciudadanos hacia el Govern y hacia el Parlament”. Asegura a continuación que "el mantenimiento de este discurso con actitudes de firmeza y serenidad durante las próximas semanas puede favorecer una más alta participación en el referéndum y su legitimación como expresión de libertad".

"La manifestación del 11-S podría ser un fiasco por el miedo en la calle si no somos capaces de girar el relato y crear un efecto bumerang (sic)"

Otro de los puntos que era necesario potenciar es el de la propaganda. Así, el informe de Catmon pide que “los opinadores destaquen que los terroristas no coartaran la democracia ni la capacidad de la sociedad civil y el Govern para organizar el referéndum”. Y, para concluir, aboga por “pedir explicaciones a Colau y a la Guardia Urbana de Barcelona”. Esta estrategia de desviar las responsabilidades (la lucha antiterrorista no es una competencia local) es una constante del independentismo.

Entre las recomendaciones que se hacen a Puigdemont está, de nuevo, el discurso tergiversado. “En cuanto al discurso, es preciso utilizar el referéndum como herramienta de cariz democrático y liberal: ‘los terroristas no pararán la democracia, la paz ni la libertad”. También recomienda “contactar con empresas de formación en seguridad para formar a los Mossos d’Esquadra en los campos de la inteligencia y el terrorismo”. Y, por último, pide que el Govern evalúe “la conveniencia o no de seguir con la convocatoria de la manifestación por cuestiones de seguridad y hacer de la necesidad virtud. Que se ponga en marcha, como alternativa, una campaña de ‘esteladas’ [banderas independentistas] en los balcones y así ganar presencia en la calle”. Proponía las dos opciones de mantener o desconvocar la manifestación del 11-S. Al final, el Govern optó por mantenerla, puesto que también tendría que desconvocar el referéndum que se iba a celebrar poco después, el 1 de octubre.

La confrontación institucional

Otro informe, fechado el 17 de julio de 2017, y dirigido igualmente a Carles Puigdemont, analizaba la estrategia “de confrontación del Estado español para parar la convocatoria del referéndum”. Advierte, para empezar, de que “es importante tener presente que cualquier actuación del Govern ha de ser evaluada como si fuese siempre en nombre y con el aval del pueblo de Cataluña”. Establece que no se puede construir un pensamiento de acción política “en base a las abstracciones de la filosofía política, de si se tiene o no razón en términos de legalidad y de procedimiento”.

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Este documento advierte de que “es preciso evitar cualquier estrategia que pretenda movilizar el cuerpo social catalán en términos de acción directa en la calle (acampadas, acumulaciones populares, ocupaciones de edificios e instalaciones singulares, etc). La independencia de Cataluña, en su tramo final después de años de movilización en la calle, ha de ser un proceso eminentemente institucional, donde las instituciones catalanas (Govern y Parlament) emerjan en combate de legitimidades como ganadoras ante las instituciones españolas”. Este cambio de paradigma se debe a que los autores del informe consideran que, “en Occidente, el poder está demasiado consolidado en forma institucional como para que una independencia se pueda conseguir por la presión de la calle al margen de las instituciones”. Se imponía, pues, la confrontación institucional, que es lo que se acabó haciendo semanas más tarde.

Escenarios de futuro

Los argumentos a favor de esa estrategia eran tres. El primero, que si los políticos derivaban el protagonismo a la calle, el ‘procés’ estaba destinado al fracaso porque esa delegación de responsabilidades sería vista por el pueblo como “cobardía”. En segundo lugar, eso sería inoperativo en términos de ejercicio del poder legítimo en el territorio. Y, por último, “toda manifestación de insurrección popular —con infiltraciones de la Inteligencia española— sería presentada como caos revolucionario y desestabilizador”. Aunque se dejaba como as en la manga la movilización en las calles, el escrito trasladado a Puigdemont aseguraba que “esta es una guerra moral”: "El gesto del presidente de la Generalitat de no reconocer la autoridad del TC español en todo el marco del referéndum es el ejemplo paradigmático de este sistema moral”.

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El informe plantea varios escenarios de futuro, desde la celebración del referéndum con la consiguiente proclamación de la independencia hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. En este último caso, las posibilidades se multiplican y el soberanismo debería escoger entre repetir la coalición Junts pel Sí (ERC y CiU) por un lado y la CUP por otro, y elaborar una lista sin políticos que luego cediesen sus escaños, o presentarse cada partido por separado, “posibilidad que también es muy inestable y peligrosa para los intereses nacionales catalanes”. En esa tesitura, se plantean dos subescenarios. El primero es que “no se hace el referéndum pero se ganan las elecciones”. En ese caso, se prepara el terreno para otro referéndum; el segundo es que “la lista o las listas independentistas son declaradas ilegales”, lo que aboca el tema a un segundo escenario, que es el de que el Govern y el Parlament no reconocen al Estado español.

En ese segundo escenario aparecen otras tres posibilidades. Continuar con los preparativos del referéndum arriesgándose a que el ‘president’ sea destituido; cambiar la fecha del referéndum por sorpresa, o no aceptar las elecciones autonómicas y forzar una declaración unilateral de independencia antes del referéndum.

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Advierte también este informe del riesgo de fractura en el bando independentista por las fricciones entre los distintos sectores. Y aboga por la necesidad de que tanto el ‘president’ como su Gobierno no reconozcan su inhabilitación, si esta llega, manteniendo la convocatoria de referéndum y de ruptura aunque el Ejecutivo central les acuse de “golpe de Estado” y de “antidemocráticos”. Ante ello, el nacionalismo opone solo la estrategia de que tienen “legitimidad democrática en nombre del pueblo de Cataluña”.

Un tercer informe, con fecha 29 de septiembre de 2017, llevaba el timbre de 'secreto' y fue confeccionado por los Mossos d’Esquadra. En él, planteaban ocho posibles escenarios tras el referéndum, que iban desde las detenciones de cargos públicos de la Generalitat hasta los arrestos de alcaldes, la estrategia de ocupación permanente del espacio público, la declaración unilateral de independencia, la ilegalización de formaciones políticas, la convocatoria de huelga general, las dinámicas “de violencia provocada por colectivos antagónicos o por el Estado” y la posibilidad de “una manifestación multitudinaria en defensa de la Constitución durante el Día de la Hispanidad”. Este documento intentó ser destruido en el mes de octubre, pero la Policía Nacional lo requisó antes de que fuese llevado a la incineradora.