Moncloa asume que Puigdemont regresará a España antes de finales de 2023

El Gobierno se va de vacaciones con poco margen para el descanso. El próximo curso será crucial, porque tendrá que hacer frente a una crisis energética y económica en pleno año electoral. Pedro Sánchez se juega la permanencia en Moncloa en un momento en que las encuestas dan al PSOE a la baja y las opciones de repetir pasan por recomponer la mayoría de la moción de censura. En este escenario, el Ejecutivo incluye una variable más con la que cuenta desde hace meses: el regreso a España del fugado líder soberanista, Carles Puigdemont. Varios ministros consultados por El Confidencial asumen que les tocará lidiar con esta 'patata caliente' antes de que acabe la legislatura, a finales de 2023.

En el mundo independentista, tenían prevista la vuelta del "'president' en el exilio" para este verano, según confirman fuentes solventes a este medio. El varapalo que ha supuesto que el abogado general de la Unión Europea avalase la euroorden del magistrado Pablo Llarena ha hecho que se estén replanteando las fechas. Pese a que la decisión no es vinculante, los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) suelen tener en cuenta su criterio, que en este caso pasa porque Bélgica debió entregar al prófugo catalán sin cuestionar al Tribunal Supremo en virtud de la cooperación entre los países con euroorden.

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Puigdemont siempre ha confiado en que el TJUE apoyará su causa y ahora es consciente de que no lleva una mano ganadora. Perdida la inmunidad que le había otorgado el Parlamento Europeo en virtud de su condición de eurodiputado, el expresidente catalán está expuesto a que el juez Llarena tramite una nueva euroorden en cualquier momento y en esta ocasión tendría más posibilidades de ser entregado a España.

Más allá de lo judicial, en clave política, el padre de la independencia fallida es consciente de que con Sánchez en Moncloa "habrá más benevolencia" que si espera a después de las elecciones generales. Con el PP en el poder, si se cumplen los sondeos, no habrá forma de desjudicializar el 'procés'. Puigdemont cuenta con beneficiarse de la negociación del Gobierno con la Generalitat en la llamada mesa de diálogo. Cómo publicó este medio, sobre el tablero está la reforma del delito de sedición. ERC lo exige como contrapartida para aprobar los presupuestos del próximo año. Los republicanos tienen fugada a Marta Rovira, sobre la que pesa también una acusación de rebelión.

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Con una rebaja de la pena del delito de sedición a menos de cinco años, siguiendo la línea de la tipificación de Europa, la prisión preventiva para Puigdemont también se acortaría en el tiempo. En estos momentos, al entrar en nuestro país y presentarse en el Tribunal Supremo, en un juzgado o en una comisaría, sería detenido y puesto a disposición del juez Llarena, que convocaría una comparecencia con las partes (abogado defensor, Ministerio Fiscal y acusaciones particulares) para decidir si mantiene la medida de prisión o de alguna manera la modifica. Con los delitos y el riesgo de fuga, lo lógico es que el magistrado le enviara a la cárcel inmediatamente a la espera de ser juzgado. Pese a estar acusado de rebelión, sedición y malversación, el precedente de la sentencia del Supremo a los otros procesados 'anula' el primero de los delitos, ya que el tribunal determinó que hubo sedición, pero no rebelión.

Si Sánchez lleva al Congreso una reforma del delito de sedición y se tramita por la vía de urgencia, como ha ocurrido con la del Consejo General del Poder Judicial, este mismo año podrían estar rebajadas las penas a entre dos y cuatro años. En la actualidad, van de cuatro a ocho años. El Gobierno se ha comprometido a buscar una mayoría parlamentaria para sacar adelante este cambio en el Código Penal que ya tenía preparado hace un año, pero que finalmente echó atrás.

Opinión

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Al tratarse de un proyecto de ley orgánica, se debe convalidar con 176 votos, lo que, si atendemos a la mayoría que hizo posible la investidura de Sánchez, es muy probable. EH-Bildu y ERC cambiarían de la abstención al sí y deberían mantener el sentido del voto del resto de formaciones: PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG. En cuanto la Cámara diera la luz verde, Puigdemont se beneficiaría en su proceso judicial, ya que toda reforma a favor del reo le beneficia retroactivamente, de manera que si hay una modificación del tipo penal o de sus sanciones que le sea favorable, se le aplicará de manera inmediata en virtud del artículo 2 del Código Penal.

En Moncloa son conscientes de que el expresidente catalán está haciendo estas cábalas y por eso le esperan antes de que acabe 2023. Se da además la circunstancia de que se cumple el quinto aniversario del 1-O y el independentismo intentará ganar protagonismo. Electoralmente, es arriesgado aprobar esta reforma del delito de sedición, que se verá como una nueva concesión a los soberanistas, pero Sánchez les sigue necesitando. Ahora y en el futuro.