Puigdemont gastó 2,3 millones en diplomacia en sus últimos meses de 'president'

Carles Puigdemont se gastó 2,3 millones de euros en diplomacia exterior durante el año 2017, antes de fugarse a Bélgica, para lograr alianzas de cara al referéndum de independencia del 1-O. La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por Sociedad Civil Catalana (SCC), organismo que preside Fernando Sánchez, es inmisericorde con 11 ex altos cargos del Gobierno catalán: reclama que los acusados depositen 5.309.807,02 euros para responder de gastos realizados entre 2012 y 2017 con el objetivo de promocionar la consulta y la separación de España. Los acusados son los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Francesc Homs.

La querella recuerda que en el plan estratégico de acción exterior, aprobado el 12 de mayo de 2015, se explicaba que el Govern debía diseñar e implementar “estructuras de Estado que deben permitir, en caso de que la ciudadanía de Cataluña así lo decida, dotar a la Generalitat del caudal legislativo e institucional necesario para funcionar como un Estado propio”. En abril de 2016, se aprobó el plan de gobierno de la legislatura que comenzaba a caminar de la mano de Puigdemont, con 20 ámbitos de actuación, 79 objetivos y 750 medidas ejecutivas, legislativas y normativas, donde se manifiesta que “la acción exterior es un ámbito prioritario para el actual Gobierno”. Así, la prioridad era “dar a conocer de primera mano el proceso democrático que el país ha iniciado y legitimarlo a ojos de la comunidad internacional y de la UE”.

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El relato de los hechos recoge gastos vinculados a la acción exterior, cuyo presupuesto se disparó en 2017. El año del referéndum, el presupuesto del Diplocat (el organismo del que depende la diplomacia catalana) fue de 35 millones sobre un total de 64 millones de todo el Departamento de Exteriores, lo que representó un incremento del 107% respecto al año anterior. ¿Para qué sirvió ese incremento? Para abrir nuevas ‘embajadas’, que pasaron de cinco a 17 en 2017, con un gasto que se incrementó de tres a 6,5 millones. Su función era “preparar el proceso constituyente de la república catalana”. Los viajes de Puigdemont en ese año se dispararon. Los costes de personal de las ‘embajadas’ subieron a 23 millones, mientras que 12 millones eran para acciones concretas. En esa partida se incluían 2,3 millones de euros en gastos de Presidencia de la Generalitat.

“Se desplegaron acciones para facilitar el voto de catalanes en el extranjero y labores diplomáticas o de 'lobby' orientadas a generar una imagen internacional favorable al proceso, que siguieron realizándose incluso después de que el Tribunal Constitucional prohibiera en su sentencia del 5 de julio de 2017 destinar partida presupuestaria alguna a estos fines”, dice la denuncia. Puigdemont se saltó las órdenes. El 21 de septiembre organizó un acto en el comité de regiones de la UE “para denunciar la supuesta represión que sufre Cataluña”, según recoge la querella. Señala, asimismo, que el Diplocat “actuó como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal y como herramienta privilegiada de 'lobby', difundiendo el mensaje y objetivos independentistas en diversos países”.

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Contactos con la OTAN

Ese organismo contrató en 2017 a la consultora SGR Government Relations and Lobbying, a quien pagó 60.000 euros por tres meses para que facilitase contactos con medios de comunicación, cámaras de comercio, políticos y funcionarios. Puigdemont apareció en varios medios americanos y se logró introducir un artículo proindependentista en ‘The Washington Post’, así como una entrevista en ‘The New York Times’.

El Diplocat también contrató a un equipo “cuya misión sería analizar el contexto político de Cataluña entre el 4 de septiembre y el 8 de octubre desde la perspectiva del proyecto secesionista y la necesidad del referéndum”. Invitó a 30 diputados europeos para que estuviesen presentes en Cataluña el día de la votación y contrató “observadores internacionales, bajo la dirección de la neozelandesa Helena Catt”. Esta contratación costó a la Generalitat 114.592 euros. Las invitaciones para el 1 de octubre, canalizadas a través de la empresa británica MN2S Management Limited, costaron otros 54.030 euros… Solo en invitaciones, los responsables del Govern se dejaron un total de 280.000 euros.

Este 'lobby' se había comprometido a que responsables del Govern tuviesen encuentros "con oficiales de alto nivel de la OTAN"

En diplomacia, el gasto mayor fueron los contratos con el 'think tank' Independent Diplomat, a quien el Diplocat abonó 1.392.000 euros entre 2013 y 2015, y la ‘embajada’ de la Generalitat en los Estados Unidos por 92.843 euros. Este 'lobby' se había comprometido a que responsables del Govern tuviesen encuentros “con oficiales de alto nivel de la OTAN, así como con diversos organismos y entidades internacionales y dirigentes de diversos países”. Según la querella, “los objetivos materiales de la contratación realizada tenían como finalidad la actuación en materia de dirección de la acción exterior que excede las competencias estatutarias que tiene atribuidas el Diplocat”.

Actividades camufladas

Los gastos están perfectamente detallados en la querella. Recoge que fue necesario invertir en soportes informáticos porque, “para favorecer la ejecución de la consulta ilegal, se crearon distintas páginas web, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que fueron utilizados para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre”. Explica que se camuflaron las actividades del referéndum bajo otros nombres (cambiando la palabra referéndum por la de ‘crida’, por ejemplo) con el objetivo de esconder las actividades ante la posible fiscalización del Gobierno central. Se contrató para ello a varias compañías, como DxC y Enginytic, para realizar actividades de diseño e implementación de las páginas relacionadas con el referéndum. En ese campo, se gastaron 161.315 euros.

El uso de locales públicos —ocasionó otro quebranto de 900.000 euros— fue uno de los capítulos de gasto importantes. El entonces consejero de Salud, Toni Comín, destituyó a los representantes del Govern en 29 consorcios sanitarios “para asegurar que la cesión de estos centros de votación quedaba exclusivamente sujeta a su decisión personal (…) Las consejeras de Enseñanza, Clara Ponsatí [hoy también fugada], y de Trabajo, Dolors Bassa [una de las condenadas y luego indultada], procedieron de manera semejante, asumiendo la dirección y decisión sobre los centros escolares y los centros cívicos que dependían de sus respectivas consejerías durante los días comprendidos entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre”.

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Se habilitaron de esa manera 2.259 locales como puntos de votación. Abrirlos supuso un desembolso de 900.906 euros. Esta cantidad, resultado de una pericial, es el equivalente al teórico valor económico que habría tenido su arrendamiento en condiciones de mercado, aunque la Administración autonómica mantuvo en sus alegaciones que ese valor es discutible y que no se ocasionó ningún perjuicio directo a los fondos públicos con la utilización de los locales. Sin embargo, los denunciantes alegan que el uso de esos locales, al no ser una actividad oficial, debería haberse cobrado. Los organizadores, sin embargo, no pagaron ni un euro a las arcas públicas por la utilización de los colegios.

Campañas de publicidad

Las campañas de publicidad institucional fueron otro foco de gasto. La campaña internacional del referéndum, que fue adjudicada a Havas Media Group, costó 127.810 euros. Se colocaron anuncios en los diarios 'Frankfurter Allgemeine Zeltung', ‘Le Monde’, ‘Le Soir’, ‘De Stanndaard’, ‘Corriere della Sera’ y ‘Financial Times’ con una urna y una papeleta bajo la excusa de publicitar una conferencia sobre el referéndum catalán de Puigdemont, Junqueras y Romeva, que era el consejo de Exteriores. Focus Media también emitió una campaña de publicidad institucional que costó 158.344 euros en el verano de 2017, donde la población debía contestar con un sí o un no a la pregunta del referéndum. Otra campaña institucional fue la de una imagen con una vía de tren, con una bifurcación de la misma, que simbolizaba la separación de España. Bajo el lema ‘Civisme’, costó a las arcas públicas más de 236.000 euros y fue gestionada por las compañías Carat y Focus.

La Guardia Civil intervino días antes del referéndum 1.811 cartas certificadas con los nombramientos de las mesas electorales

El encargo y distribución de sobres, papeletas y nombramientos de miembros de mesa provocó, por su parte, un gasto de 1.185.390 euros, que se repartieron entre cinco consejerías: Presidencia, Vicepresidencia, Cultura, Salud y Trabajo. En este gasto se englobaba el trabajo de Unipost para repartir por toda Cataluña el material electoral. La Guardia Civil intervino días antes del referéndum 43.429 sobres y 1.811 cartas certificadas remitidas por la Generalitat con los nombramientos de miembros de las mesas electorales. Unipost, actualmente en concurso de acreedores, consignó como anuladas las facturas “a pesar de lo cual consta que después de la anulación se realizaron gestiones para el cobro de algunas de ellas”.

La campaña del registro de residentes en el exterior ocasionó diversas partidas de gastos, desde diseño a creatividad pasando por producción. De igual manera, la web cataloniavotes.eu, utilizada para la internacionalización del proceso catalán, costó a la Generalitat 128.575 euros. Fue sufragada por el Diplocat. Exteriores pagó a la Editorial Prensa Periódica Ara más de 111.000 euros por la traducción al inglés y la producción de dos vídeos. La empresa Batabat Grup Cultura 03 se llevó 17.217 euros por la realización de otros dos vídeos, con los títulos ‘Catalonia’s road map for Independence’ y ‘United we vote’. Solo en promoción en la red de las acciones independentistas, principalmente a través de este portal, el Govern se dejó 451.171 euros, desembolsados por el Diplocat como mantenimiento de cataloniavotes.eu. Toda una sangría para las arcas públicas.