La Fiscalía señala a las 'embajadas' de la Generalitat por apoyar el intento de secesión

La Fiscalía identifica las delegaciones en el Exterior de la Generalitat como parte fundamental del intento independentista de hace un año, según consta en las Conclusiones Provisionales del Ministerio Fiscal entregadas al Tribunal Supremo. Pagos controvertidos, contrataciones polémicas o actuaciones a favor de la secesión que son consideradas delito por la Fiscalía. Algunas se ejercieron de manera directa y otras a través del Diplocat, un consorcio semipúblico que fue suprimido por el 155 y que ahora la Generalitat quiere recuperar.

Así, por ejemplo, la delegación de la Generalitat en Bruselas contrató a The Hague Centre for Strategic Studies como observadores internacionales de la consulta del 1 de octubre “mediante dos transferencias bancarias desde la cuenta del mencionado organismo en la oficina del BBVA de Bruselas, realizadas en fechas 21-9-2017 y 9-10-2017, por importe respectivo de 58.250 euros y 61.450 euros, habiéndose comprometido el pago de otros 47.365 euros, que debían haber sido satisfechos el mes de Noviembre de 2017” (pag. 71 de la Conclusiones). En total, 167.065 euros que apuntalan el cargo de malversación con el que se acusa al 'exconseller' de Exteriores Raül Romeva, ahora en prisión provisional.

No es el único caso que reporta la Fiscalía. Y lo hace en un momento especialmente polémico. Esta semana el ministro de Exteriores, Josep Borrell ha puesto a estas delegaciones internacionales de la administración catalana bajo vigilancia por si vuelven a saltarse la ley. La semana que viene se reabre la de Washington. Y está previsto que en breve vuelvan a operar las de Viena, Lisboa y Beirut. El Gobierno de Pedro Sánchez solo podrá recurrir la apertura de estas delegaciones si actúan de manera contraria a la Ley, tal y como ya pasó en octubre del año pasado, según la consideración de la Fiscalía.

“Es una actitud casi enfermiza, se quiere negar que Cataluña existe como sujeto”, ha criticado el actual 'conseller' de Exteriores, Ernest Maragall este viernes en el Parlament. Sin embargo el informe de la Fiscalía apunta a sobrados precedentes en este sentido.

Fue justo la delegación de Washington que abre la semana que viene la que “firmó el 15 de agosto de 2017 un contrato con la consultora “S.G.R. Government Relations and Lobbying”, registrado en el registro FARA del Departamento de Justicia de EEUU por el que, previo pago de 60.000 euros, durante tres meses prorrogables” (pag. 66). SGR ya había trabajado para intereses prorusos en Washington. En abril, el 'expresident' Carles Puigdemont ya se había reunido con Dana Rohrabacher, congresista estadounidense relacionado con Vladimir Putin y que ahora ha perdido su escaño en el Congreso.

Contacto con altos cargos

La Fiscalía explica en su escrito que “el 'lobby' trabajaba para la Generalitat y ofrecía la posibilidad de poner en contacto a altos cargos catalanes con las personas interesadas. El entonces 'president' de la Generalitat y hoy procesado rebelde apareció en varios medios de comunicación norteamericanos, y publicó el 22 de septiembre de 2017 en 'The Washington Post' un artículo titulado “Disculpa, España. Cataluña votará sobre la independencia, te guste o no”, siendo entrevistado el 28 de septiembre por el 'New York Times'” (pag.66).

Las partidas reflejadas en el escrito de la Fiscalía suman más de 447.000 euros gastados en el intento de separar Cataluña del resto de España

La Fiscalía también pone su énfasis en la actividad del Diplocat, que “ bajo la dirección del acusado Raül Romeva, en su condición de consejero del Departamento de Relaciones Institucionales y Exteriores, contrató a una serie de supuestos ‘expertos’, cuya misión sería analizar el contexto político de Cataluña entre el 4 de septiembre y el 8 de octubre, desde la perspectiva del proyecto secesionista y la necesidad del referéndum” (pag. 69).

Partidas en cuestión

“Así, se invitó a 30 diputados y eurodiputados de Eslovenia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Mónaco, Suecia y Reino Unido, entre los que figuraba uno de EH-Bildu y otro de Alternativa Galega de Esquerdas” señala el Ministerio Fiscal para añadir que “los gastos por el desplazamiento, alojamiento y estancia de estos observadores han ascendido a 40.591,22 euros, cantidad que fue abonada por la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea con cargo a una tarjeta Dinners Club, titularidad de Patronat Cataluña Mon de Diplocat, quedando pendientes de pago otros 2.750 euros más (sin IVA). En este caso la delegación de Bruselas hizo el pago pero lo cargó a la tarjeta del Diplocat.

No es el único gasto de Diplocat que cuestiona la Fiscalía. El Diplocat pagó “con cargo a partida presupuestaria” total de 114.592,50 euros, y en concepto de gastos de alojamiento, viajes y otros a un total de 62.712 euros, que cubrieron los costes de otra docena de observadores internacionales dirigido por la neozelandesa Helena Catt que viajaron a Cataluña para dejar constancia de toda la consulta.

Gasto inútil

Todo este esfuerzo sirvió para poco. Cuando el 27-O Carme Forcadell declaró la independencia en el Parlament bajo la atenta mirada de Carles Puigdemont ningún país reconoció a la nueva república. Raül Romeva quien “defendió en el Parlament el incremento de la asignación presupuestaria de Exteriors de 3 a 6,5 millones de euros en 2017 porque era necesario ‘preparar el proceso constituyente de la República catalana’”, según recuerda la Fiscalía en su escrito de Conclusiones, nunca ha dado explicaciones sobre este fracaso.

El reconocimiento internacional era una de las piezas claves de la declaración unilateral de independencia pero al final nadie reconoció nada

Cuando Puigdemont y su Govern optaron por irse de fin de semana, ya eran conscientes de la ausencia de cualquier reconocimiento internacional ni inmediato ni previsible en un futuro próximo. En septiembre de 2016 Puigdemont había asegurado en una entrevista en 8TV “si la gente quiere la independencia, Cataluña será independiente y los países la reconocerán, como en otros precedentes”. El 26 de octubre del 2017, un día antes de la declaración de independencia, Puigdemont reunió en el auditorio del Palau a sus 'consellers' y a los diputados de Junts pel Sí y les espetó: “Para que se entienda: no tenemos nada. No tenemos estructuras de Estado, no tenemos a los Mossos, no tenemos ningún fondo económico, no tenemos ningún mediador internacional". Lo cuenta el periodista Oriol March en su libro sobre esos días titulado 'Los entresijos del procés'. La partida había acabado.