'Superintendente' Garriga: el papel clave que jugó la consejera en la consulta ilegal del 1-O

Natalia Garriga jugó un papel clave en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Alto cargo de la vicepresidencia que entonces ostentaba Oriol Junqueras, fue la encargada, supuestamente, de organizar parte de la intendencia, como la contratación de las naves que debían servir para el recuento de votos. De hecho, fue la persona que llevó a la Guardia Civil a descubrir 10 millones de papeletas. La confianza que en ella tenían sus superiores explica su protagonismo, pero su futuro ahora se complica, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya asumido este jueves la investigación sobre su implicación en la consulta ilegal. El movimiento orquestado por la Generalitat para propiciar el aforamiento de algunos de los presuntos partícipes, entre ellos Garriga, no ha impedido que la Justicia se cierna sobre la actual consejera de Cultura.

Garriga fue imputada el propio 2017 por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por malversación de caudales públicos, pero desde el pasado mes de mayo tenía condición de aforada tras pasar a formar parte del Govern de Pere Aragonès. Con ese nombramiento, el ‘president’ blindaba a la cúpula de la entonces vicepresidencia de la Generalitat. El único que ya ha pagado con cárcel fue el consejero, Oriol Junqueras. Pero faltaba su equipo, con importantes papeles en la celebración de la consulta, según las investigaciones, y al que se obsequió con puestos aforados para dificultar y retrasar las investigaciones.

Su hombre de confianza, Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia, era el ‘director de orquesta’. Y Garriga, mano derecha a su vez de este último, la ‘superintendente’ como directora de Servicios. Ambos formaban el núcleo principal de la organización de la consulta. Y luego contaban con Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda. El único cargo que no fue imputado fue, precisamente, Aragonès, que era secretario de Economía. Salvadó y Jové son ahora diputados en el Parlament y, por tanto, aforados; y Garriga, reconvertida en consejera de Cultura, también cuenta con dicho estatus.

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La importancia de la actual consejera radica en que Jové confiaba ciegamente en ella, tanto para labores de organización como para la gestión de la intendencia necesaria con la que celebrar el referéndum. A ella le encargó controlar naves para almacenar material electoral y el acondicionamiento de una de ellas para convertirla en el ‘call center’ de la noche de la consulta. Gracias a los seguimientos que le hizo la Guardia Civil a la hoy consejera, se pudieron incautar casi 10 millones de papeletas de votación y se tuvo conocimiento de que el Govern había puesto escolta a los principales implicados en la consulta (entre ellos, la propia Garriga), a los que entrenaban en la toma de medidas de contraespionaje.

“Tal y como ha sido expuesto anteriormente, uno de los cometidos que estaría asumiendo Josep Maria Jové Lladó sería la de localizar locales, inmuebles en los cuales poder almacenar y después distribuir parte del material logístico que sería necesario para la celebración del referéndum por la independencia”. Así relata la Guardia Civil en uno de sus atestados los preparativos de la consulta ilegal. “En este asunto —continúa el escrito—, Jové contaría con la colaboración de Natalia Garriga Ibáñez, directora de Servicios de la Generalitat, quien depende directamente de la secretaría general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda que dirige Jové, y del director general de Patrimonio de la comunidad catalana, Francesc Sutrias Grau, también dependiente de la secretaría de Hacienda y de una mujer llamada Mercedes Martínez Martos, apoderada de la empresa de publicidad Fox Fox Publi Alternativa, de Barcelona, que sería el contacto de Jové y Natalia Garriga con el abogado”.

Este abogado al que se hace referencia era Pau Furriol, militante y expresidente de la comisión de garantías de ERC, “quien estaría cediendo una o varias naves industriales ubicadas en la localidad de Bigues i Riells (Barcelona), donde se han visto a varias personas, algunas de ellas identificadas y vinculadas al movimiento separatista catalán, introduciendo cajas de cartón y material diverso”. Entre esas personas identificadas se encontraban activistas que en aquel momento tenían poca relevancia, pero que acabarían ocupando puestos de responsabilidad en el organigrama independentista: Quim Torra (luego presidente de la Generalitat), Marta Vilalta (actual portavoz de ERC) o Chakir El Homrani (luego consejero de Trabajo).

Pánico a ser espiados

Los ojos de los investigadores se posaron en Natalia Garriga, a ella le correspondía ejecutar las órdenes para que todo estuviese a punto para el gran día del 1 de octubre. El 25 de agosto de 2017, la Guardia Civil capta una conversación entre Jové y Garriga, en la que comentan una reunión que se acababa de celebrar entre Sutrias y Pau Furriol. Ambos utilizaban un lenguaje en clave por temor a ser escuchados. Jové no dudaba en abroncar a sus interlocutores cuando se les escapaba un dato o un nombre en una llamada. Ese día, según consta en la transcripción de la cinta, el secretario general de Vicepresidencia le dice a su subordinada que espera recibir ayuda de un tercero y que “necesita la maquetación y una vez hecha la maquetación, a partir del martes siguiente, lo estudiarían”. “Empecemos a activar la tercera vía”, ordena Jové.

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Tres días más tarde, Jové habla con una persona que se llama Mercè y le pide que vaya a su oficina, pero que no entre y que le espere “dentro del coche”. Media hora más tarde, se produce otra llamada entre Jové y Garriga: “Durante la charla que mantienen —dice el atestado policial—, evitan a toda costa dar nombres de personas o lugares, empleando términos como ‘la persona’, ‘el otro’, ‘con esa persona’, ‘lo de la recogida del vino’… Tal es así que debido a tales construcciones léxicas, Jové duda de que Natalia le esté entendiendo todo y le llega a preguntar de manera explícita si lo entiende”. Pese a esas precauciones, los investigadores determinaron que estaban escondiendo algún tipo de material en cuatro lugares diferentes, donde debían recogerlo y había, además, un quinto cuya localización era desconocida para Garriga. Ese material formaría parte, asegura el atestado, “de la logística necesaria para poder llevar a cabo la realización del referéndum”.

El 28 de agosto, Lladó pone en contacto a Natalia Garriga con otra de las piezas del puzle: la tal Mercè (Mercedes Martínez). Esa llamada fue crucial: los investigadores decidieron no quitar el ojo de encima a la directora de Servicios, que tenía que verse con la desconocida al día siguiente. Así se monta un dispositivo de vigilancia: agentes perfectamente camuflados la siguen discretamente desde Vicepresidencia a la Generalitat y, luego, a la avenida de la Catedral, donde da el alto a un coche y se sube en el mismo. Allí conversa durante más de media hora con la conductora, que resultó ser Mercedes Martínez. “Se observa a Natalia mostrando algo en la pantalla del teléfono móvil y unos papeles a la conductora del vehículo”.

Confianza total de Jové

Desde ese momento, la Guardia Civil se engancha al coche, marca Mercedes, y lo sigue hasta el polígono industrial Can Barri, de Bigues i Riells, donde descubren las naves de Pau Furriol en las que se almacenaban casi 10 millones de papeletas de votación, incautadas en una redada el 20 de septiembre de 2017. De lo que se desprende de los seguimientos es que la confianza de Jové en Garriga es total: se fía más de ella que de nadie. Tanto es así que en una conversación con Josuè Sallent, el encargado de crear los programas informáticos y las bases de datos del referéndum y la gestión del proceso electoral, le dice a este que pase por Vicepresidencia y que, cuando llegue, “pregunte por Natalia, porque él no estará y ella le explicaría”. Esa orden demostraba el papel de dirigente de la propia Garriga en la organización de la consulta ilegal. Y el informe apunta otra anécdota: al acabar de hablar con Sallent, Jové habla con Garriga, la avisa de que Sallent está a punto de llegar “y le dice que cuando tenga el OK que le avise para quedarse tranquilo. Empiezan a hablar en clave hasta que finalmente Natalia deja de hablar y comenta que luego lo hablarán, porque él está utilizando el móvil y [Natalia] se ríe”.

Sallent, director de Estrategia e Innovación del CTTI (el organismo que vela por la ciberseguridad del Govern), según los informes, participaba “en las denominadas estructuras de estado que el Gobierno catalán estaba organizando y actualizando, entre las que se encuentra el Cesicat, cuyo futuro pasa por la reconversión del Departamento de Ciberseguridad de la Generalitat”. El Cesicat era el núcleo de ciberseguridad que la Generalitat quería establecer como el embrión de unos hipotéticos servicios de inteligencia, más conocidos como el ‘CNI catalán’.

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Jové le encargó también a Garriga el acondicionamiento de una nave anexa a las instalaciones del CTTI. La ahora consejera de Cultura adjudicó cuatro contratos de 17.640, 17.900, 17.900 y 16.950 euros (un total de 70.390 euros) para realizar las obras necesarias con el fin de utilizar ese espacio “como ‘call center’ o centro de recogida de información de diversos procesos electorales”, aunque los documentos judiciales señalan que los trabajos fueron “encaminados a poder ser usada [la nave] en el proceso electoral del referéndum del 1 de octubre”. En esta operación, se pudo haber cometido otra irregularidad, la de troceo de contrato. Para poder adjudicar directamente las obras, los contratos no podían superar los 18.000 euros, ya que, si sobrepasaban dicha cifra, sería obligado convocar un concurso público. En ese local, se llegaron a enterrar más de 1,2 millones de euros en acondicionamientos (con el IVA, la cantidad asciende a más de 1,45 millones), lo que podría llevar a una condena por malversación de caudales públicos.

El control de la 'superintendente' del referéndum no se quedó en el control de naves y en el acondicionamiento del ‘call center’. Según la acusación judicial, Garriga “solicitó a otra persona el ‘password’ de acceso al dominio de internet referendum.cat e hizo gestiones para la eliminación en dicho portal del nombre de usuario y contraseña como requisitos de acceso, para que pudiera acceder todo el mundo”.

Con escolta las 24 horas

En uno de los informes, fechado en noviembre de 2017, la Guardia Civil destaca que, a finales de septiembre, días antes del referéndum, se intervinieron conversaciones de Jové con Natalia Garriga y con Francesc Sutrias “en las que se observan cómo algunos de los investigados estaban reclamando la protección y el apoyo de los miembros de la Policía catalana para garantizar de alguna forma la seguridad en sus comunicaciones y en sus personas”. La petición se hizo llegar al entonces ‘major’ Josep Lluís Trapero a través de un tal César.

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En ese mismo informe, se da cuenta de una intervención telefónica a la hoy consejera realizada el 29 de septiembre de 2017 con “un individuo que claramente se observa es policía autonómico, en la que este último le indicaba que ya había recibido órdenes de su prefectura para darle seguridad durante los tres turnos de servicio [es decir, las 24 horas], así como que quería hablar con ella para darle cuatro consejos para temas de medios técnicos. Del contenido de esta conversación se desprendía que por parte de la Jefatura de los Mossos d’Esquadra se estaba dando protección a algunos de los investigados para detectar e impedir que pudieran ser objeto de nuevas investigaciones policiales, así como para asesorarles en medidas de seguridad que debían adoptar en el uso de medios técnicos de comunicación. Queda claro que Natalia sigue siendo una pieza importante en el mecanismo orquestado por el Gobierno catalán para llevar a cabo el referéndum de autodeterminación”. Hoy, Garriga sigue llevando escolta, pero ya debido a su cargo de consejera de la Generalitat.

Su importancia se vio ratificada al día siguiente: la Guardia Civil se presentó en las dependencias del CTTI, el órgano que debía controlar el recuento de votos. Y la primera persona a la que llamó el gerente de este centro, Joan Angulo, fue a Natalia Garriga, quien le ordenó que “mire si lleva o no una orden judicial y que si es necesario, se personará en el lugar”. En esa operación fueron intervenidos más de un centenar de equipos informáticos y teléfonos que estaban conectados y en disposición de ser utilizados.