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SCC reclama 5,3 millones de euros a los máximos dirigentes del 'procés' catalán
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Demanda ante el Tribunal de Cuentas

SCC reclama 5,3 millones de euros a los máximos dirigentes del 'procés' catalán

La entidad constitucionalista presentó este jueves una demanda ante el Tribunal de cuentas en la que acusa a 11 dirigentes soberanistas

Foto: El presidente de SCC, Fernando Sánchez. (EFE/Alejandro García)
El presidente de SCC, Fernando Sánchez. (EFE/Alejandro García)

La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC), que preside Fernando Sánchez, presentó este jueves una demanda ante el Tribunal de Cuentas en el que exige más de 5,3 millones de euros a 11 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña por gastos indebidos entre los años 2012 y 2017. Los demandados son los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont así como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Francesc Homs. Contra este último, la Audiencia de Barcelona había ordenado esta misma semana reabrir una investigación por presunto desvío de fondos en acción exterior. Esta iniciativa se debe a un recurso que presentó la fiscalía después de que el juzgado de instrucción número 18 hubiese archivado el caso en lo que a Homs se refería.

En la demanda de SCC ante el Tribunal de Cuentas se enumeran las acciones concretas en las que participaron los citados y por las que se les piden los 5,3 millones. Entre esas acciones, se encuentran los gastos ocasionados con el uso de locales públicos para actos relacionados con el ‘proces’ y el fomento de la independencia, que ascienden a más de 900.000 euros, a los pagos efectuados a la compañía Unipost para la distribución de material diverso (entre otras cosas, papeletas y sobres de votación del 1 de octubre de 2017, así como citaciones a los integrantes de las mesas electorales), que ascienden a casi 1,2 millones de euros o a actividades de promoción del proceso soberanista y sensibilización internacional, en lo que se invirtieron más de 451.000 euros. El gasto de Unipost, especifica la demanda, fue repartido entre cinco consejerías y cada una de ellas se hizo cargo der cantidades que oscilaban entre 233.000 y 240.000 euros.

Foto: Decenas de personas a las puertas de la sede de Unipost en Terrasa. (Twitter @Putxot)

El capítulo más oneroso es un contrato con el 'think tank' Independent Diplomat, en el que se ‘enterraron’ casi 1,4 millones de euros. Esta entidad firmó contrato en el año 2012, con Artur Mas como ‘president’, para buscar complicidades internacionales y abrir puertas al independentismo en otros Gobiernos. Además de esa partida, la organización firmó también contratos por más de 92.000 euros con la ‘embajada’ de la Generalitat en Estrados Unidos. El Govern trató de mantener en secreto del contrato y escamoteó los informes mensuales que Independent Diplomat realizaba para la Generalitat, donde detallaba todas las teclas internacionales que estaba moviendo. Esta entidad llegó a escribir artículos de opinión que luego publicaría Artur Mas como si hubieran sido escritos por él.

Partidas detalladas

En los capítulos de gastos relacionados por SCC se incluyen también partidas de 167.065 euros pagadas para sufragar los gastos de “observadores internacionales y otros 178.112 euros para pagar el trabajo y los gastos de desplazamiento de un equipo de expertos que trabajaron en favor del referéndum. Las invitaciones a grupos de parlamentarios extranjeros para que siguiesen de cerca el desarrollo del referéndum y lograr su apoyo ascendieron a más de 83.000 euros. Los únicos responsables de estas partidas, según se recoge en la demanda, son Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, que entonces era consejero de Exteriores. En esta consejería se encuadraba el Diplocat, el organismo que llevaba la acción exterior de la Generalitat y que fue profusamente utilizado como herramienta de búsqueda de complicidades en el exterior.

Foto: Helena Catt, la mujer que lideró a 13 observadores internacionales en el referéndum del 1-O testifica en el juicio del 'procés'.(EFE)

Para promocionar el ‘procés’ en las redes, el Govern se dejó más de 451.000 euros. El referéndum fue un punto de inflexión: en 2017, el presupuesto de la consejería de Exteriores se incrementó en un 107%, “elevándose a un total de 35 millones de euros los fondos destinados a la competencia de Exteriores, dentro de los 64 millones de euros del total del Departamento”, relata la demanda. Además, las delegaciones o ‘embajadas’ de Cataluña en el mundo pasaron de 5 a 17. El escrito recoge unas declaraciones de Romeva justificando el aumento de 3 a 6,5 millones de euros para estas ‘embajadas’ por el hecho de que en 2017 se debía “preparar el proceso constituyente de la república catalana”.

Otras cantidades importantes reclamadas a los acusados con las de los más de 336.000 euros que costó la campaña de publicidad bajo el lema de ‘Civisme’, destinada a incentivar la participación. El registro de residentes en el exterior, una de las bazas esenciales para promover el referéndum, costó también a las arcas públicas más de 158.000 euros, mientras que la consejería de Trabajo (en manos de la republicana Dolors Bassa) corrió con más de 161.000 euros de gastos de soportes informáticos. La web cataloniavotes.cat fue otra fuente de gastos: costó al erario más de 128.000 euros. La demanda recoge otras partidas de gastos menores, como 60.000 euros de una campaña internacional de imagen de la Generalitat, los casi 11.000 euros del diseño del registro de residentes en el exterior o 2.700 euros del diseño de este registro.

Foto: Royo declara en el Supremo, durante el juicio al 'procés'. (EFE)

La demanda explica que los acusados “actuaron con pleno conocimiento de que la finalidad de los gastos que se ordenaba o autorizaba con la convocatoria era contraria al orden jurídico, constituyendo, por tanto, una actuación dolosa generadora de responsabilidad contable”. También se acusa a los mencionados de infringir las normas presupuestarias y contables y que con su conducta “han causado un menoscabo en los bienes o derechos de titularidad pública de la Generalitat de Cataluña”.

Los acusados que salen peor parados son Carles Puigdemont, que ha de hacer frente a una demanda de 3,3 millones de euros, Oriol Junqueras, a quien se le reclaman 2,5 millones de euros, y Artur Mas, a quien se le adjudican 1,8 millones de euros de esos gastos.

La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC), que preside Fernando Sánchez, presentó este jueves una demanda ante el Tribunal de Cuentas en el que exige más de 5,3 millones de euros a 11 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña por gastos indebidos entre los años 2012 y 2017. Los demandados son los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont así como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Francesc Homs. Contra este último, la Audiencia de Barcelona había ordenado esta misma semana reabrir una investigación por presunto desvío de fondos en acción exterior. Esta iniciativa se debe a un recurso que presentó la fiscalía después de que el juzgado de instrucción número 18 hubiese archivado el caso en lo que a Homs se refería.

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