Ajuste de cuentas en catalán: historia de dos venganzas en la Generalitat

En el Gobierno catalán algunas cosas no son lo que parecen. El 25 de septiembre de 2019, Maite Aymerich era nombrada directora general de Curriculum y Personalización de la consejería de Educación. Dejaba la alcaldía de Sant Vicenç dels Horts, donde había sustituido a Oriol Junqueras, para dar el salto al Govern. El 29 de noviembre de 2021, era cesada por el nuevo consejero, Josep González Cambray (así consta en el Diario Oficial del 30 de noviembre). Aunque su cese coincidió con el inicio de la polémica de la sentencia del 25% del castellano en la escuela, Aymerich estaba sentenciada: no era del agrado del nuevo consejero, que fue nombrado a finales de mayo del año pasado. Y cuando llegó la sentencia, ya era un hecho que Cambray no contaría con ella en el futuro y se había diseñado su futuro en la policía municipal: volverá a competir por la alcaldía de Sant Vicenç en 2023.

La realidad de su relevo, no obstante, tiene detrás una truculenta historia de favoritismos y presiones que salpican a altos cargos de la Generalitat e incluso al propio consejero de Educación, quien está acusado de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Pero por su actual condición de 'conseller', González Cambray no puede ser investigado por el magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que deberá dejar su caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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Aymerich se había enfrentado reiteradamente a su compañero Josep González Cambray cuando este era director general de Centros Públicos. El motivo era el supuesto favoritismo que Cambray aplicaba con Xavier Vendrell, exsecretario de organización de ERC y exconsejero de Gobernación reconvertido en empresario. Vendrell era el presidente de la Fundació El Brot, que gestionaba una escuela de educación especial. Su intención, según un informe de la Guardia Civil, era que la consejería de Educación, mirase para otro lado y le permitiese abrir más aulas de las permitidas y con más alumnos por clase. Su contacto en la consejería era González Cambray, actualmente consejero de Educación.

"Habrá presión"

La fundación de Vendrell ya tenía una escuela en Sant Joan Despí, en el Baix Llobregat, pero quería abrir otra en un terreno que había comprado en Cabrera de Mar, en la zona del Maresme. Era un complejo con restaurante que ya se estaba utilizando para hacer fiestas (a las que incluso llegó a invitar a la cúpula del Govern) a pesar de que carecía de los permisos correspondientes. Además del negocio de hostelería, Vendrell quería abrir allí otra escuela de El Brot saltándose las normas y logrando ventajas frente a su competencia. "Tal es la seguridad que tiene Vendrell, que dejaba clara una cosa: se hará una reparcelación. Ello es así porque cuenta con trato de favor, como él mismo afirmó al decir que en relación a la tramitación urbanística, se comprometieron a darle una agilidad superior a la que marca la norma".

El informe de la Guardia Civil continúa resaltando la preocupación de Vendrell porque Aymerich quería que las cosas se hiciesen conforme a la ley. "Mierda, nos complicará las cosas", dijo el expolítico en una conversación. "Para evitarlo, negoció directamente con Josep Bargalló [en aquel momento, consejero de Educación] y Pilar Contreras, [directora general de Centros Concertados y Privados] teniendo la certeza de que los directores generales lo tienen claro, así que habrá presión sobre Maite".

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Los investigadores destacan que Vendrell contó con la ayuda de la jefa de gabinete de Bargalló, Neus Fornells. Según el sumario, hasta la incorporación de Maite Aymerich al Departamento, Vendrell lo tenía todo "muy encarrilado". En una conversación con Fornells, el expolítico se quejó de que con Cambray y con Pilar Contreras se entendía bien, porque exigía que si debía hacer algo, la orden le viniese del 'conseller'. "El 'conseller' me dice adelante y yo tiro millas, de repente aparece esta señora y todo son pegas. Y que no, y que no, que se ha hecho mal… que el 'conseller' le diga a esta chica: no hace falta que yo esté y le dé la orden de que esto tiene que tirar para adelante y espabila, y tira para adelante".

El 25 de abril de 2020, la Guardia Civil grabó una conversación entre Xavier Vendrell y el actual consejero de Educación, Josep González Cambray. La conversación es muy reveladora: Vendrell tiene autorizadas 8 aulas de 12 niños, pero él quiere 10 aulas de 12 niños porque "tener dos aulas más le hace ir más tranquilo y puede dedicar sus esfuerzos inversores a Cabrera", según recoge un informe judicial. González Cambray le dice que sí y se compromete a hablar con Maite Aymerich.

"Hacemos la vista gorda"

De hecho, según se recoge en otro documento judicial, Pilar Contreras le comunicó a Vendrell el 25 de junio de 2020 que las clases han de tener como máximo 8 alumnos pero que ella ya habló "con los servicios territoriales del Baix Llobregat y no le iban a poner impedimentos para aumentar y podrá tener 12 alumnos por aula". Y el 29 de junio, le comunicaba nuevamente que había hablado con el director del Baix Llobregat, Francesc Ballester, y que le dejarían tener dos aulas más y cuatro alumnos más por aula. "Como ahora esto no estaba hecho y no da tiempo de hacerlo, lo que hacemos es vista gorda y para adelante", afirmó la directora general.

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Según recogen las conversaciones telefónicas grabadas a Xavier Vendrell, el exdirigente de ERC llamó a González Cambray "para pedirle presionar, por un lado, a Pere Masó, que es el que ha de emitir el informe que necesita para Villa Bugatti [el complejo de Cabrera de Mar] y, por otro, a Maite Aymerich, para que emita el informe favorable de las obras que necesita acometer en Sant Joan Despí", dice un informe de la Guardia Civil fechado en mayo del 2020. "Josep González Cambray se comprometió a hacerlo", subraya el informe. En otra conversación del mes de julio, durante una conversación de Vendrell con el empresario Jordi Sumarroca, este le pasó el teléfono a González Cambray, con el que comentó que Bargalló le aseguró que le daba "el concierto", es decir, el contrato de colaboración de la Administración para su escuela. Cambray se despidió diciendo que si necesitaba algo que se lo dijese… "con la influencia que pueda tener". Sumarroca, por su parte, fue uno de los empresarios detenidos por blanqueo de capitales en 2015, en el marco de las investigaciones del 3%.

En resumen, según otro informe judicial fechado el 22 de octubre de 2020, se señala: "Nada ni nadie parece poder interponerse en el camino de Xavier Vendrell salvo Maite Aymerich, directora general de Curriculum y Personalización del Departamento de Educación, quien es definida por Vendrell como una mala puta, porque le dijo que lo tienen que hacer bien, son las normas. Ante esos impedimentos, Vendrell se reuniría con el 'conseller' para que apretase a Maite Aymerich". Esa intransigencia le supuso al final su salida de la 'conselleria' capitaneada por Josep González Cambray, el amigo de Xavier Vendrell.

Purga en los Mossos

En el relevo de los mandos dentro del organigrama de los Mossos d’Esquadra también resuenan acusaciones de venganza, de purgas y de ajustes de cuentas. En este clima se ha producido la caída del 'major' Josep Lluís Trapero y el nombramiento de una nueva cúpula bajo la batuta de Josep Maria Estela y con el comisario Eduard Sallent como hombre fuerte la cúpula.

La cascada de cambios, aunque en cierto sentido lógicos para dar entrada a un equipo de confianza de la nueva cúpula, son vistos con desconfianza por toda la oposición no independentista, que ha pedido unánimemente la comparecencia del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, en el Parlament. Especialmente importante consideran la destitución del responsable de la Comisaría General de Investigación Criminal, el intendente Antoni Rodríguez. Este veterano agente pasará a ser el jefe del Área Básica Policial de Rubí, un destino menos estresante pero de mucho menor peso que el anterior. En algunos sectores tanto políticos como del interior de los Mossos ese destino no es más que un castigo por no haber sido sensible a las consignas políticas emanadas desde la consejería de Interior y haber blindado las investigaciones, no facilitando información a los políticos sobre la marcha de las pesquisas.

Fuentes de la oposición, tanto de Ciudadanos como del PP no dudan en hablar de "purgas". El mismo Salvador Illa, jefe de la oposición, también reclamó que se aclare si hubo o no hubo "purgas" en los cambios. Lo cierto es que el relevo de Rodríguez se presta a interpretaciones: fue el mando policial que propició que se investigase la contratación del sargento Lluís Escolà como asesor del entonces consejero, Miquel Buch. En realidad, Escolà estaba destinado a prestar subrepticiamente servicio de seguridad de Carles Puigdemont. El escándalo provocó su cese y la apertura de diligencias judiciales y tanto Escolà como el exconsejero Buch están pendientes de juicio. No hay que olvidar que Pere Ferrer, director general de la Policía, es un hombre de JxCAT (aunque ERC asumió la consejería, no cambió a este alto cargo) y los círculos más extremistas de Junts no están dispuestos a perdonar lo que consideraron una monumental afrenta a Puigdemont, al que no solo 'despojaban' de la presidencia de la Generalitat, sino incluso de la escolta personal.

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También fue quien inició las investigaciones que acabaron con la imputación de la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, aunque en 2018, cuando esta quiso interferir en las investigaciones llamando a Buch, el juzgado quitó el caso a los Mossos y encargó las futuras investigaciones a la Guardia Civil para evitar componendas políticas en la Generalitat. El mismo intendente investigó una serie de contratos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) a la productora Triacom, que acabó con la imputación del presidente de ese organismo (que es el que controla TV3 y Catalunya Ràdio), Brauli Duart (que, curiosamente, poco después aterrizó como número dos de Interior), así como de las esposas de dos ex altos cargos de Convergencia: Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol, y Sandra Buenvaron, esposa de David Madí.

En 2018, Rodríguez llevó a cabo otra investigación importante, que terminó con la detención de Joan Renyé, presidente de la Diputación de Lleida, supuestamente implicado en un escándalo similar al del 3%, que consistía en cobrar un porcentaje a las constructoras por adjudicaciones. Renyé era, asimismo, uno de los supervivientes posconvergentes. Fueron todas ellas investigaciones 'sensibles' que fueron seguidas con lupa por los sectores más exaltados del independentismo. Desde dentro de los Mossos, algunos sectores hablan de revancha contra Toni Rodríguez "pero no porque se le haya relevado, que eso sería normal, sino por su nuevo destino". Purga o no, las sospechas de otra posible venganza en el seno del Govern están muy presentes en este caso.