El Tribunal de Cuentas desactivará los avales de la Generalitat: "Roza la prevaricación"

El plan de la Generalitat para solventar las fianzas del 'procés' puede volverse en su contra. Fuentes cercanas al Tribunal de Cuentas aseguran a El Confidencial que el organismo no aceptará el subterfugio legal ideado para hacer frente a las fianzas que exige a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Artur Mas o Andreu Mas-Colell. "Roza la prevaricación", aseguran estas fuentes que indican que la anomalía representada por la postura del Gobierno autonómico en el procedimiento, en el que ha defendido que no se siente perjudicado, evolucionaría hasta tocar lo ilegal en caso de que el Govern continúe adelante con sus planes.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha anunciado este mismo martes que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas. En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, acompañada de la 'consellera' de Presidencia, Laura Vilagrà, y el 'conseller' de Economía, Jaume Giró, ha explicado que este fondo "tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo". Vilagrà ha asegurado que servirá para "cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos" de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.

"Inaceptable"

La solución barajada es, simplemente "inaceptable", aseguran sin embargo las fuentes consultadas que apuntan que no solo no se consideraría ajustada a la ley y válida para cubrir las fianzas, sino que algo así puede derivar en un procedimiento penal más allá del Tribunal de Cuentas. Sociedad Civil Catalana, que acusa en el procedimiento contable, ya asegura que dudará en cursar denuncia si el fraude llega a ejecutarse. Abogados Catalanes por la Constitución está también personada como acción pública.

Mientras transcurren los días de la quincena que el órgano concedió a los 41 excargos afectados, las soluciones se agotan. Además de barajar estos avales, la Generalitat ha estudiado llevar a cabo un nuevo llamamiento a la solidaridad ciudadana. La caja de solidaridad no da más de sí, sin embargo, y se descarta que pueda servir en este causo para cubrir las cantidades millonarias. Otra de las vías barajadas es la de recurrir a la solidaridad de empresarios afines que podrían facilitar donaciones privadas, aseguran fuentes del entorno independentista. Si los cinco millones no se reúnen, el Tribunal de Cuentas ejecutará embargos.