El PP se plantea una nueva ofensiva europea para defender al Tribunal de Cuentas

El PP hará de la defensa del Tribunal de Cuentas su nueva cruzada. E igual que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales pendientes de renovación, lo mantendrá bloqueado si no hay un compromiso firme y público para avanzar en la independencia de todos ellos. La sensación que cunde en las filas de la formación es de una “erosión continua” de las instituciones por parte del Gobierno, que “intenta quitarse de encima las que le estorban”, explican en Génova, y que ha provocado que Pablo Casado asuma como prioridad la defensa del organismo fiscalizador.

No solo porque entiende que el Ejecutivo “minusvalora” sus funciones intentando reducirlo a “una instancia administrativa”, sino porque considera que su menoscabo forma parte de un plan para contentar a los independentistas después de confirmar la fianza de más de cinco millones de euros. Por eso, Casado ha decidido incluir al Tribunal de Cuentas en el paquete del CGPJ y los grandes acuerdos entre las dos principales fuerzas que no tienen visos de prosperar. En este caso, el mandato caduca el 17 de julio, y algunos diputados recuerdan que las veces anteriores tampoco se ha producido una renovación momentánea.

Las dudas que tenían algunos dirigentes del PP (tanto en Madrid como en Bruselas) sobre una ofensiva en la Unión Europea en defensa de la independencia del Tribunal de Cuentas (Casado está decidido a acudir primero al Constitucional y después a la Comisión Europea si el Gobierno amaga con rebajar las mayorías para renovarlo, como intentó con el CGPJ) tienen que ver con la inminente llegada de los fondos europeos. Los populares son conscientes de que si se pone en duda el funcionamiento del Estado de derecho o la independencia de órganos constitucionales en España, el dinero para la recuperación podría correr riesgo.

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De ahí que cunda un cierto desánimo entre algunos cuadros, que ven limitada la capacidad del primer partido de la oposición de dar la batalla. En Génova, sin embargo, ven con más convencimiento la necesidad de permanecer en la lucha. Es más, algunos dirigentes de la cúpula rechazan por completo el titubeo, considerando que el PP no puede pisar el freno ahora. “No podemos consentir que el Gobierno siga por estos derroteros. Y será mejor ponernos colorados una vez más que aparecer 100 descoloridos”, asumen en la cúpula del partido, dando por hecho que si hay que denunciar la situación en Europa, lo harán.

El contexto ahora es más complejo, sobre todo porque la causa que centra todas las miradas en el Tribunal de Cuentas tiene que ver con ex altos cargos de la Generalitat en plena concesión de los indultos. De ahí que se repitan los lamentos entre dirigentes populares, también eurodiputados, al ver que cualquier acción de denuncia contra los independentistas desde su formación se verá con otra óptica ante el perdón de Pedro Sánchez. “¿Cómo vamos a seguir defendiendo lo que llevamos explicando sobre la realidad de Cataluña desde 2017 si el Gobierno de España les indulta y dice que ahora todo es concordia y normalización?”, se preguntan fuentes del PP en la UE.

A pesar de la preocupación que implica poner en riesgo la recepción de los fondos europeos, diputados con varias legislaturas a las espaldas insisten en que se trata de una contienda a la que el partido no puede renunciar, especialmente ahora que el Gobierno intenta denostar la función y el origen mismo del tribunal fiscalizador que pone cifras a la malversación del 'procés'. “Si hace falta, debemos ir a Europa a defender la independencia del Tribunal de Cuentas e insistir en que el Gobierno no la garantiza a día de hoy”, se reafirman, recordando las palabras del ministro José Luis Ábalos sobre un órgano reconocido en la Constitución en su artículo 136 —"pone piedras en el camino"— que hace unos días encendieron todas las alarmas.

La posibilidad de que el Gobierno se esté reservando un cambio legislativo para modificar el sistema de elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas (como en el CGPJ, se eligen por mayoría de tres quintos en el Congreso y Senado) si no llega pronto la renovación es lo que hizo mover la primera ficha al PP. Casado dejó muy claro que si el presidente “trata de subvertir mayorías”, como ocurrió hace meses con una iniciativa de PSOE y Unidas Podemos sobre el CGPJ, su formación no se quedará quieta. El primer paso sería pedir amparo al Tribunal Constitucional, después acudir a la Comisión de Venecia y más tarde al Parlamento Europeo.

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La carta que se guardan los populares es precisamente el tirón de orejas que Bruselas dio al Gobierno el pasado mes de abril para que retirara la polémica reforma sobre la renovación del CGPJ (la propuesta establecía que bastaría una mayoría absoluta en segunda vuelta, y no el respaldo de tres quintas partes del Congreso). El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reconoció que había pedido a los grupos de PSOE y Unidas Podemos retirarla después de la llamada que recibió de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova.

Y realmente fue el PP el que dio la voz de alarma en una visita de Casado a la capital comunitaria, donde se reunió con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders, a quien pudo explicar directamente la situación. Los populares no están especialmente cómodos con la idea de tener que volver a reclamar la vigilancia y control de la UE en plena cocción de los fondos europeos, pero al mismo tiempo reconocen no tener opción.