ACUSA AL GOBIERNO DE "ABUSO DE PODER"

Francesc Homs echa un capote a Mas y se autoproclama 'culpable jurídico' del 9-N

Tras la tercera sesión del juicio, hay otro señalado por la consulta del 9 de noviembre de 2014: Homs, que se reconoció como el responsable jurídico de la consulta

Foto: El 'exconseller' de la Presidencia Francesc Homs, llegando a la sede del TSJC. (EFE)
El 'exconseller' de la Presidencia Francesc Homs, llegando a la sede del TSJC. (EFE)

El 9-N ya tenía un autoproclamado autor intelectual: Artur Mas, que se arrogó esa responsabilidad el pasado lunes, en su declaración ante el tribunal que le juzga por desobediencia y prevaricación, al haber hecho caso omiso de la prohibición del TC sobre la consulta del 9 de noviembre de 2014. Pero tras la tercera sesión del juicio, hay otro señalado. El responsable jurídico de la consulta, algo así como el jefe organizativo o jefe de operaciones, Francesc Homs, que en aquel momento era consejero de Presidencia.

"Cuando llegó la resolución del Constitucional, estábamos en la reunión semanal de Gobierno. Pero yo ya estaba preparado: lo había estudiado y lo había previsto todo. Ya tenía un criterio formalizado y así lo expliqué al Gobierno en aquella reunión, detallando la estrategia que seguiríamos", recordó Homs. Porque él era también el responsable de los servicios jurídicos y estaba en permanente contacto con ellos no solo para la cuestión de las resoluciones del Constitucional, sino para todas las cuestiones, puesto que le daban traslado de todas las providencias judiciales. Era, conforme aseguró, "no solo un mero transmisor, sino el responsable final de las actuaciones. Asumía estas y luego informaba a los miembros del Gobierno". Y zanjó: "Yo era el máximo responsable, desde el punto de vista jurídico, de las decisiones que se tomaban".

De ahí que, aquel martes 4 de noviembre, con la resolución 'caliente' del TC encima de la mesa diciendo que no podían seguir con los preparativos del 9-N, Homs explicó dos cosas a los consejeros catalanes: "Primero, que no cometíamos ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. Y segundo, que interpondríamos una demanda ante el Tribunal Supremo para la defensa de los derechos fundamentales, que serían de la libertad de expresión, de la participación política y de la libertad ideológica". Incluso llegó a afirmar: "Tengo una mínima formación jurídica y por eso sé que no entrábamos en desobediencia".

Homs se aferró a dos cuestiones que a primera vista parecen irrelevantes: el 30 de octubre, el Gobierno español interpuso un recurso ante el TC contra el 'proceso participativo' catalán. "Había utilizado un vehículo procesal absolutamente discrecional. Si el Gobierno español no hubiese invocado el artículo 161.2 [de la Constitución], el TC no hubiese dictado ninguna suspensión". Eso por un lado. Y, por otro, en la demanda del abogado del Estado, este pedía al Constitucional que advirtiese de las consecuencias penales de no obedecer la resolución. "Pero en la resolución del TC no se había incluido ninguna advertencia. Lo primero que hice fue mirar eso y no estaba".

Abuso de poder

Ello le dio pie para señalar que el Consejo de Ministros "buscó un camino que estaba en el terreno del abuso de derecho o abuso de poder, al buscar un efecto a través de un mecanismo no adecuado". Y fue más allá, al asegurar que "el Constitucional se había adaptado a la agenda del Gobierno español, o sea, al interés de parte, ya que llegó a reunirse incluso fuera de sus horarios habituales".

La ausencia de advertencias de que podría haber responsabilidades penales y la generalidad de la resolución del TC, pues, le hicieron "mantener el proceso participativo". El exconsejero de Presidencia admitió también que tras conocer la resolución, se reunió con expertos juristas (Carles Viver i Pi-Sunyer y varios expertos en disciplinas de derecho) y decidieron interponer un recurso de súplica el 7 de noviembre ante el TC, preguntando qué era lo que prohibían, pero ya no hubo contestación del órgano judicial.

El propio Viver, que entonces era presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) y hoy es presidente del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), reconoció de allí a pocos minutos que mantuvo un encuentro "informal" con Homs sobre el tema, en el que también había otros juristas. "Nunca aconsejamos parar la convocatoria, porque eso podía comportar cierto peligro en función de los tipos penales que podía utilizar el Estado para frenar el proceso participativo. Y yo insistí mucho en que había que pedir aclaraciones sobre qué era lo que se suspendía".

"Tenía a 200 periodistas acreditados y no los podía meter en el Palau de la Generalitat. Ya no podíamos suspenderlo"

Ello dio pie a Homs a alegar que no sabía qué debía suspender porque no entendía el alcance de la resolución. Y puso como ejemplo la construcción de un centro de prensa para seguir la consulta. "Yo tenía a 200 periodistas acreditados y no los podía meter en el Palau de la Generalitat. ¿Qué íbamos a hacer con ellos? No podíamos suspender todo. Que el Gobierno español hubiese sido más preciso".

Homs recibió precisamente esta mañana la notificación de que el próximo 27 de febrero debe declarar por los mismos hechos ante el Tribunal Supremo (debido a su condición de aforado, al ser diputado), pero en esa ocasión como acusado. Homs no quiso entrar en detalles que le pueden inculpar y no respondió a las preguntas sobre las órdenes que dio por escrito para seguir con los preparativos de la consulta del 9-N pese a la resolución contraria del TC el 4 de noviembre.

En la sesión de este miércoles, se quedó con ganas de dar más estopa al Gobierno. De ahí que, cuando el fiscal y la acusación popular renunciaron a preguntarle, exclamase irónicamente alto y claro:"Quina llàstima!" (¡qué lástima!). Pero podrá desquitarse de esa decepción en su propio juicio en el Supremo a finales de este mismo mes.

Desfile de 'pesos pesados'

Pero Homs fue solo uno más de los testigos que pasaron por el Palacio de Justicia de Barcelona. Porque el independentismo sacó este martes un auténtico desfile de 'pesos pesados' durante la tercera jornada del juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Nombres ilustres —en casi todos los casos, con declaraciones irrelevantes— se sentaron en el banquillo de los testigos para arremeter contra el Estado español y justificar que se hiciese caso omiso de las resoluciones judiciales. Lo importante no era tanto lo que decían, sino su presencia.

Así, pasaron por allí el expresidente del CATN y actual presidente del IEA, Carles Viver i Pi-Sunyer; la expresidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el expresidente del Parlament y ahora presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol; el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, o los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Albertí y Joan Vintró, ambos miembros del CATN. Más allá de sus tesis de que lo que había era un 'proceso participativo' organizado por voluntarios, poco aportaron al juicio en sí. Pero lo importante era su presencia.

Cataluña

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