El PP intenta seducir al PSOE para desbloquear la ordenación de los regadíos de Doñana

La historia se repite con la polémica sobre los regadíos del entorno de Doñana. Cuando faltan pocos meses para las elecciones, el PP y Vox impulsan una proposición de ley para regular los cultivos del Condado de Huelva. El texto no es el mismo que el que se presentó en la pasada legislatura y provocó una sonora respuesta de Bruselas por la posible afección al espacio natural. Blinda el acuífero que nutre la zona, explican fuentes conocedoras del contenido, e incluye propuestas que el PSOE elaboró durante la tramitación de la anterior proposición, que decayó con el adelanto electoral.

Esta polémica propuesta vuelve al tablero político el mismo día que Juanma Moreno ha participado en la suelta de un lince en el espacio protegido, y ha defendido que Doñana es "emblema" del "firme" compromiso de su Gobierno con el medio ambiente. El objetivo del PP con estos guiños es granjearse los votos socialistas para esta polémica norma que busca regularizar unos centenares de hectáreas que ahora mismo no tienen permiso para regar según el plan de ordenación aprobado en 2015. Los populares remitieron el texto al PSOE la semana pasada, pero desde la dirección que encabeza Juan Espadas aseguran que no se ha producido una negociación para la inclusión de sus enmiendas del texto de la pasada legislatura.

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El PSOE es reacio a apoyar este texto, no tanto por el contenido como por el procedimiento elegido. Los socialistas han defendido desde el primer momento que debe ser el Gobierno andaluz, por medio de un proyecto de ley, quien impulse la reforma de los regadíos del entorno de Doñana. Finalmente, el Ejecutivo de Juanma Moreno descartó esta posibilidad y ha dejado la iniciativa al grupo parlamentario popular. El equipo Espadas se queja de que esto permite al Gobierno autonómico eludir varios informes preceptivos y dar voz de forma obligatoria al Consejo de Participación de Doñana.

En el PSOE hay cierta división, porque hay voces, sobre todo en Huelva, que abogan por buscar una solución a los agricultores. Para ello es necesario regularizar para el regadío unos terrenos que ahora son forestales. Y esto es algo que en el Ministerio para la Transición Ecológica no ven con buenos ojos. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunió hace unos días con el consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, y le trasladó esta idea. Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que hubo partes del texto que sí recibieron el visto bueno del Gobierno.

De fondo, los socialistas expresan un cierto temor por que el registro de este nuevo texto reactive la respuesta de Bruselas. En el PSOE recuerdan que la investigación sobre la situación de Doñana sigue abierta después de la dura carta de apercibimiento que envió la Comisión Europea tras el primer intento del PP por aprobar esta norma. La Junta envió sus alegaciones y garantizó que la protección del parque estaba por encima de cualquier otra prioridad. Con esa idea, aseguran desde el PP y desde el Gobierno andaluz, han modificado el texto. En el PSOE, creen que esto no será suficiente y, aseguran fuentes socialistas, así se lo trasladó Hugo Morán a Ramón Fernández Pacheco en una reunión que fue promocionada por el propio Juan Espadas.

Problema para el PSOE

La situación del PSOE andaluz no es sencilla. Sobre todo, después de la formidable pugna que mantuvo la dirección regional con la ministra Teresa Ribera tras la abstención de los socialistas en la primera toma en consideración. Ahora todo hace indicar que los socialistas rechazarán la toma en consideración del texto por la fórmula elegida por el PP para impulsar esta reforma.

En el PSOE, hay cierta división. Algunos sectores consideran que urge dar una solución a los agricultores que hoy no tienen derecho de riego

La cúpula que dirige Juan Espadas rechaza que el próximo 28 de mayo se vaya a repetir la situación de las elecciones autonómicas del pasado junio, en las que arrasó el PP en los cinco municipios afectados: Almonte, Bonares, Moguer, Lucena del Puerto y Rociana del Condado. Los socialistas consideran que están en condiciones de conservar los tres municipios que controlan (Bonares, Moguer y Rociana) y vaticinan que los independientes que gobiernan Almonte seguirán al frente de la localidad onubense. En Lucena, el más pequeño de los cinco municipios, sí opinan que puede ganar Vox.

El papel de la formación de Santiago Abascal en esta polémica ha sido muy relevante. La preocupación del PP por la situación en el Condado de Huelva se elevó cuando Macarena Olona, ya fuera de Vox, acudió a Lepe en busca del voto del campo. Entonces alcanzó el acuerdo con sus viejos socios de gobierno, Ciudadanos y la formación ultra, que decayó con el adelanto electoral. Al iniciarse la nueva legislatura, Vox registró de nuevo el texto para obligar a los populares a posicionarse. Y han logrado alcanzar una nueva entente también a pocos meses de unas elecciones que coloca al PSOE en una situación incómoda.

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La intención del Gobierno de Juanma Moreno es llevar el texto que se registra este viernes en el Parlamento al Consejo de Participación de Doñana, el organismo consultivo donde están todas las administraciones, así como los ecologistas y los agricultores. Desde San Telmo, explican que será Ramón Fernández Pacheco quien se encargue de esto antes de que se debata la toma en consideración de la norma, que tiene garantizada su tramitación gracias a la mayoría absoluta del PP andaluz.

A pesar de que Fernández Pacheco no impulsará el texto desde su departamento —esta labor se la queda el grupo popular en la Cámara—, sí apostó desde su llegada al Gobierno por una política de negociación con el Ejecutivo central. No ha habido una entente, como piden los socialistas, pero sí se han producido varias reuniones y se ha convocado al Consejo de Participación de Doñana. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó hace unos meses su plan de rehabilitación del acuífero que nutre el humedal andaluz, con el cierre de más pozos y la sustitución de las catas por más agua en superficie. Eso es justo lo que pide el Gobierno andaluz. Pero la diferencia es que el equipo de Teresa Ribera no contempla en ningún caso que la llegada de más agua permita ampliar los regadíos.