Ni autorizaciones ni vigilancia en las obras que dañaron Doñana: “Para eso hay técnicos”

En el Ayuntamiento de Almonte y en la empresa que llevó a cabo las obras en el Acantilado del Asperillo, un sistema de dunas fósiles, declarado Monumento Natural, que se extiende a lo largo de kilómetros en las playas de Doñana, nadie sabe de dónde partió la orden para ejecutar los movimientos de tierra que en 2019 causaron daños “irreversibles” en el entorno del espacio protegido y derivó en una investigación judicial. Aquel verano, se excavó en las dunas fósiles para construir una nueva rampa de acceso, a demanda de una empresa de ecoturismo que realiza paseos a caballo en la zona, la sociedad Marismas de Doñana 2003 SL, después de que los temporales del invierno y el azote del mar dejaran inutilizable el camino que atravesaba su ruta.

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Tres años y medio después, el Espacio Natural de Doñana, a través de su director, Juan Pedro Castellano, ha confirmado en el juicio abierto en la Audiencia Provincial de Huelva, que en el acantilado se hizo “un boquete” del que se llegaron a extraer 800 m3 de tierra para hacer una rampa de tres metros de ancho, con un recorrido de 52 metros para superar un desnivel de 12. “Se ha tocado el perfil que da la razón de ser al monumento natural y el daño es irreparable ya que no puede reconstruirse su configuración”, ha afirmado Castellano ante el tribunal que ahora tiene que dictar sentencia del conocido como caso Asperillo, con el concejal de Urbanismo y Patrimonio de Almonte, José Miguel Espina (PSOE), y los dos responsables de la empresa de turismo como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente, y un segundo delito de presunta prevaricación del que se acusa además al también primer teniente de alcalde de la localidad.

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En su declaración, Espina dijo que emitió autorizaciones —fueron tres sucesivas— para que se llevaran a cabo “labores de mantenimiento en un camino que ya existía" —el que usaba la empresa— y afirmó en sala no haber autorizado una nueva rampa, al tiempo que aseguró desconocer por qué se ejecutó en otro lugar —a unos 500 metros de distancia— ni quien es el promotor. El concejal de Urbanismo no se acercó a vigilar ni a ver cómo se estaban desarrollando las obras en el preparque de Doñana y “nadie me informó”, dijo, para derivar responsabilidades hacia el personal del Ayuntamiento. “Como concejal sería imposible visitar todas las obras, para eso están los técnicos y encargados”.

En cuanto a la ausencia de informes y de expediente en el Consistorio, Espina sostuvo que “no hace falta ningún informe ni proyecto por escrito". "Cuando tienes tantas bajadas que tienes que arreglar a diario, no se hacen”. El también primer teniente de alcalde, imputado en la causa desde 2019 y con acusación en firme de la Fiscalía de Huelva desde hace más de un año, se ha sentado en el banquillo manteniendo sus cargos en el Ayuntamiento. Bajo su responsabilidad se sitúan cerca de una decena de áreas municipales. Solo cuatro días después de sentarse junto a la alcaldesa del municipio, Rocío del Mar Castellano, en la mesa presidencial en el último pleno del Ayuntamiento, compareció en los tribunales.

Espina no ha dimitido y las direcciones provincial, andaluza y federal del PSOE han evitado pronunciarse hasta el mismo día del juicio sobre la suspensión del concejal al estar incurso en una causa judicial como acusado, según marca el código ético de la formación. Solo después de la vista, desde la agrupación local socialista en Almonte se ha afirmado que está suspendido de militancia “hasta que concluya el procedimiento”. Sin embargo, el concejal sigue ejerciendo como miembro del equipo de Gobierno (la colación Mesa de Convergencia y PSOE), como parte del grupo del PSOE.

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En sus declaraciones en sala, los dos socios de la empresa turística admitieron, a preguntas de la acusación pública, que no leyeron las autorizaciones —en las que se determinaba la actuación— y en uno de los casos, el acusado guardó las espaldas al concejal. "Seguramente él no sabía lo que estábamos haciendo", dijo, para añadir que “no era consciente de que retocar una bajada (en el Monumento Natural del Asperillo, dentro del Parque Natural de Doñana) podría tener consecuencias medioambientales y que tendríamos que estar aquí sentados".

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Guardia Civil, que llevó a cabo la investigación cuando el departamento de Costas dio la alerta, enfrentó el argumento de los acusados de que se había actuado en un camino ya existente. Dos agentes, uno de ellos el que dirigió la inspección ocular —se hicieron tres entre julio y octubre de aquel 2019—, ratificaron sus informes ante el tribunal y sostuvieron que no existía un camino en el lugar con anterioridad. "Allí hay pequeñas erosiones por la bajada de animales y escorrentías del agua de lluvia, pero se encontró un boquete que no existía previamente", afirmando además que "detectamos un importante movimiento de tierra, se estaba erosionando el acantilado, para adecuar la zona como camino de acceso y tenía incluso una plataforma en mitad del acantilado".

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Los agentes confirmaron en sus respectivas declaraciones que en el Ayuntamiento no existía expediente alguno del caso, que no se había solicitado licencia ni autorización y que solo se presentaron las autorizaciones que había dado el concejal Espina. La ausencia de procedimiento, denominador común también en los testimonio aportados desde el departamento de Costas a través de dos representantes, que sostuvieron que no consta solicitud alguna de autorización, al tiempo que se afirma que, tras comprobar que se estaban realizando movimientos de tierra, se vio que "podría tratarse de la apertura de un nuevo camino".

Por parte de la Junta, el jefe de servicio de Bienes Culturales, añadió que, al tratarse de una zona de servidumbre arqueológica, se tenía que haber comunicado la intervención con 15 días de antelación para su valoración y respuesta, lo que no se hizo en ningún momento. Para la Fiscalía de Huelva, Espina autorizó la intervención “a sabiendas de su completa ilegalidad" y del daño que suponían las obras tanto para el Monumento como para Doñana, una actuación "burda y tosca, carente de cualquier procedimiento mínimamente respetable", manifestó la fiscal tras anunciar, al final del juicio, que elevaba a definitiva sus conclusiones, mientras las defensas solicitaron la absolución de los acusados.

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La rampa no contó con proyecto de obras, ni licencia de Urbanismo, ni con las autorizaciones preceptivas del Espacio Natural de Doñana, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y del Servicio Provincial de Costas de Huelva. En su construcción, se saltaron todos los procedimientos bajo “el amparo” de las autorizaciones que fue dando Espina, según el fiscal. En un escenario como el entorno del espacio protegido de Doñana "las cautelas tenían que ser máximas pero la costumbre lleva a hacer esta barbaridad", dijo, para incidir en que el camino en el que se comenzó a actuar para hacer una nueva rampa dejó de existir hace años por la erosión. "La prevaricación es notoria y provoca un daño cierto", concluyó.