La Junta echa el freno con la ley de regadíos de Doñana tras las advertencias de Bruselas

El Gobierno de Juanma Moreno quiere "bajar el diapasón" con la polémica alrededor de los regadíos del entorno de Doñana. El PP intenta rebajar ahora el tono que los mismos populares elevaron —de la mano de Ciudadanos y Vox— hace justo un año con la proposición de ley que planteaba regularizar unas 1.400 hectáreas de cultivo en el Condado de Huelva. El motivo hay que buscarlo en la sonora respuesta que Bruselas dio a esta iniciativa, que ha hecho que los populares pisen el freno, a pesar de que el programa electoral con el que Juanma Moreno ganó las elecciones incluía el desarrollo de esta norma.

El primer paso de este nuevo tiempo en la gestión del equilibrio entre los regadíos y la defensa del medio ambiente será la convocatoria del Consejo de Participación de Doñana, que se producirá antes de que acabe 2022. El organismo que preside Miguel Delibes de Castro está formado por los ayuntamientos donde se asienta el parque, los propietarios de las fincas que lo conforman, los ecologistas y también organizaciones de agricultores. La última vez que se reunió fue en septiembre de 2020 y la intención del Gobierno andaluz es volver a convocar este organismo para abordar en él la situación.

TE PUEDE INTERESAR

Los ecologistas señalan al Gobierno y la Junta por el "riesgo de colapso" de Doñana

C. Rocha. Sevilla

Hay que recordar que Delibes de Castro, que recibió la medalla de Andalucía el pasado 28-F de manos de Juanma Moreno, fue muy crítico con la proposición de ley que impulsaron PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento. La consideró "una sorpresa, un bofetón" y "muy desleal", en palabras que le trasladó al propio presidente de la Junta. Ahora tendrá un papel primordial en el nuevo abordaje que quiere plantear la Junta, según desveló recientemente el portavoz del Ejecutivo andaluz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, que en una entrevista en 7TV abogó por intentar "un gran pacto por Doñana".

La presión de Vox

Ahora el partido de Santiago Abascal ha vuelto a registrar la proposición de ley, pero todavía no ha llegado a Pleno. En el PP de Huelva han mantenido reuniones con la plataforma de regantes que presiona para su aprobación, que llegó a anunciar que había un compromiso de los populares para reactivar el texto. Esto no ha ocurrido, muestra de la incomodidad que genera la iniciativa en el Ejecutivo de Juanma Moreno. Ya en el anterior mandato, el Gobierno andaluz evitó pronunciarse sobre la norma y se limitó a recordar que era una iniciativa parlamentaria. En la nueva etapa, ya con el PP en solitario, el Consejo de Gobierno ha vuelto a dejar pasar el tiempo sin emitir el informe que suele salir de San Telmo con cada ley que llega desde los grupos parlamentarios.

El Gobierno andaluz evitó pronunciarse sobre la idoneidad del texto registrado por Vox, idéntico al que llevaron con PP y Cs en el pasado mandato

Fernández Pacheco criticó también la decisión de Vox de volver a llevar el texto al Parlamento. "Lo único que consiguen es poner al PSOE y al PP en una situación incómoda y presionar al Gobierno de España", lamentó el dirigente popular, que ha puesto el foco en la respuesta de Bruselas como explicación al viraje del PP andaluz. La propuesta provocó una pelea formidable en el seno del PSOE —el Ministerio de Transición Ecológica fue muy crítico con la abstención de los socialistas andaluces—, pero sobre todo generó una respuesta muy dura de Bruselas, que amenazó con una nueva denuncia a España por el incumplimiento de una sentencia del TJUE que ya condenó al país por la gestión de los recursos hídricos de Doñana.

El Gobierno andaluz, aunque evitó pronunciarse de forma pública, sí admitió a la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea que lo primordial es la protección del parque natural. La propuesta de los populares pasa por llevar agua en superficie para compaginar el desarrollo de los agricultores de la zona con el futuro del humedal y revisar el denominado como plan de la fresa de 2014, que establece dónde se puede cultivar y dónde no. El Condado de Huelva y los municipios de Bonares, Almonte, Rociana del Condado, Lucena del Puerto y Moguer son una zona de producción de frutos rojos que genera una importante actividad económica.

TE PUEDE INTERESAR

La amenaza de una batalla judicial estanca la ampliación de los regadíos de Doñana

Isabel Morillo. Sevilla

"Si intentamos arrojarnos Doñana a la cabeza, no hacemos ningún favor al parque", zanjó Fernández-Pacheco, que recordó que el problema del espacio protegido no está solo en los regadíos de su entorno. El titular de Sostenibilidad recordó que el núcleo costero de Matalascañas, en la localidad onubense de Almonte, se nutre también de los acuíferos que surten de agua al humedal más importante de Andalucía. El pasado verano el Gobierno central puso en marcha un estudio para alejar las captaciones de agua de la zona más cercana a Doñana para paliar, en parte, esta situación. "Todos queremos a Doñana, pero hay miles de familias que no podemos dejar en la cuneta", sentenció Fernández-Pacheco.

La Junta se encamina así la búsqueda de una "solución técnica" sin las prisas que llevaron al PP a acelerar la tramitación de la polémica ley en la pasada legislatura después de que Vox pusiera una pica en la zona con un acto de Macarena Olona que hizo sonar todas las alarmas entre los populares. En las locales de 2019, el PSOE se impuso en tres de los cinco municipios afectados por el texto (Moguer, Bonares y Rociana del Condado), mientras que en los otros dos (Almonte y Lucena del Puerto) ganaron partidos independientes. En las autonómicas del pasado junio, los populares se impusieron en las cinco localidades y Vox incluso superó a los socialistas en Lucena del Puerto.

La abstención del PSOE en la tramitación del polémico texto, en el último tramo de la pasada legislatura, no le sirvió electoralmente en el Condado de Huelva y le granjeó a Juan Espadas un encontronazo con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El líder de los socialistas andaluces decidió abstenerse en el Parlamento andaluz para mostrar, según explicó él mismo, que era necesario abordar el problema de una forma menos polarizadora. Esta postura, no tan alejada de la propuesta que ahora defiende el portavoz del Gobierno andaluz, provocó una brecha en el PSOE andaluz muy difícil de explicar en Bruselas.